Fue tan escandalosa la sucesión de noticias falsas y ataques a la imagen y al honor de los candidatos originada hace dos años en la precampaña electoral para las elecciones presidenciales brasileñas de 2018, que el Congreso Nacional abrió una Comisión Parlamentaria de Investigación y el Tribunal Supremo tiene en marcha un proceso paralelo por amenazas al Poder Judicial. Ambos sumarios apuntan al denominado "Gabinete del odio", el entramado de webs y perfiles de redes sociales que sirvieron como herramienta clave al actual presidente, Jair Bolsonaro, para abrirse paso entre sus adversarios políticos. Las artimañas siguen vigentes a fecha de hoy.

En la Comisión Parlamentaria de Investigación de las Fake News, en el Congreso Nacional, han sido citados a declarar durante los últimos meses antiguos aliados políticos del clan Bolsonaro, que ya no lo son, como Joice Hasselmann y Alexandre Frota, amplios conocedores de las dos caras de esta "milicia digital", como la denominaron. En cuanto se cambiaron de bando el fuego se dirigió a ellos, como antes se había dirigido al candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, en la campaña electoral de 2018, o a João Doria, gobernador de São Paulo, en la actual crisis sanitaria. Ofensivas fraudulentas orquestadas al mismo tiempo desde diferentes regiones de un país inmenso, insultos automatizados, mentiras virales, juego sucio posmoderno de los estilos más diversos.

Días antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2018 se propagó la información ficticia de que Haddad, en uno de sus libros publicados, hacía apología del incesto. En medio de la polémica de Bolsonaro y los gobernadores de los estados sobre la necesidad o no de cuarentenas y confinamientos como medida de aislamientos social frente a la Covid-19, a todos los rincones del país llegó la noticia inventada de que el gobernador de São Paulo, firme defensor del confinamiento, se había saltado su propia norma y participaba en una parrillada de fin de semana en Araçatuba. Doria, como Haddad, se perfila como rival de Bolsonaro en las elecciones de 2022.

El presidente Bolsonaro confía la misión de las nuevas tecnologías a su hijo Carlos, concejal en el ayuntamiento de Río de Janeiro, y volcado en la asesoría de comunicación de su padre. Paulo Eduardo Lopes (Paulo Chuchu), asesor del diputado federal Eduardo Bolsonaro y miembro del partido Aliança Pelo Brasil, nueva agrupación del presidente, y Tercio Arnaud Tomaz, asesor de Jair Bolsonaro, son dos de los consultores en los que se apoya Carlos Bolsonaro para propagar buena parte de las noticias falsas. Precisamente será este último, Tercio Arnaud Tomaz, el próximo en declarar ante la Comisión Parlamentaria, cuando se puedan retomar las actividades de forma presencial. El hijo del presidente, por mucho que lo quiera retrasar el propio mandatario, está en la lista de futuros testimonios.

La investigación en el Tribunal Supremo tiene como relator al juez Alexandre de Moraes. "Las pruebas recopiladas y los informes periciales presentados en estos autos apuntan a la posibilidad real de la existencia de una asociación delictiva, denominada en las declaraciones de los parlamentarios como Gabinete del Odio", indica uno de los documentos firmados por el magistrado, "dedicada a la diseminación de noticias falsas, ataques ofensivos a diversas personas, a autoridades y a instituciones, entre ellas el Tribunal Supremo, con flagrante contenido de odio, alteración del orden e incentivo a la ruptura de la normalidad institucional y democrática".

Entre las piezas del Gabinete del Odio que ya han sido y que serán investigados hay también blogueros, fundamentales en la generación de contenido para el clan Bolsonaro, y empresarios prestos y dispuestos a financiar cada movimiento. Alexandre de Moraes acaba de prorrogar el proceso 180 días más, para tomar declaración a todos los sospechosos, y analizar el contenido de los equipamientos electrónicos que están siendo confiscados.

Intentando salir del foco del Tribunal Supremo en este proceso de fake news y ataques contra la Corte, el exministro de educación, Abraham Weintraub, abandonó el país cuatro días después de su destitución al frente del ministerio, con las restricciones propias de la pandemia, rumbo a Miami. Famosas son ya sus declaraciones –vertidas en una reunión ministerial– en las que, según él, todos los jueces del Supremo deberían ser presos.

Facebook entra en acción 

Ambos procesos investigativos han pasado a otra fase en los últimos días tras entrar en acción la compañía estadounidense Facebook. 35 cuentas fueron canceladas la semana pasada en esta red social, así como 14 páginas, un grupo y 38 perfiles de Instagram –red social perteneciente a Facebook, junto con la aplicación de mensajería instantánea Whastapp–. La empresa referencia en servicios de redes sociales señaló como motivo de la suspensión los discursos de odio propagados a través de una combinación de cuentas duplicadas y cuentas falsas, creación de perfiles personales falsos, fingiendo ser de periodistas, y gerenciamiento de páginas, haciéndose pasar por medios de comunicación.

Todas las cuentas y perfiles cancelados tienen relación con funcionarios de los gabinetes de Jair Bolsonaro, el senador Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Anderson Moraes y Alana Passos (los dos últimos diputados estatales en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro). Tanto la Comisión Parlamentaria de Investigación del Congreso Nacional como el Tribunal Supremo sacarán el máximo de partido posible a los dosieres elaborados por Facebook sobre este caso.

La última investigación en curso envuelve todo lo anterior, y se desarrolla en el Tribunal Superior Electoral, debido a que los supuestos delitos se iniciaron –como ya se ha mencionado– en la propia candidatura presidencial de Bolsonaro en 2018. La abogada del presidente frente a la Justicia electoral, Karina Kufa, comentaba hace unas semanas que el término “Gabinete del odio” era tomado a broma por el entorno del presidente y también por los seguidores más acérrimos. Ahora intenta diseñar a toda prisa una estrategia para conseguir medidas cautelares que faciliten la reactivación de los perfiles suspendidos en Facebook y en Instagram, y de este modo preservar el apoyo digital al presidente en este momento tan complicado de la legislatura.