TikTokLa batalla del régimen de Al Sisi para redefinir los límites de la moralidad en Egipto se juega ahora en TikTok

A principios del pasado abril, una joven influencer egipcia difundió en la aplicación móvil TikTok un vídeo en el que explicaba a sus centenares de miles de seguidores que estaba buscando a mujeres de más de 18 años para trabajar en la red social Likee haciendo vídeos en directo para captar a nuevos clientes.

El vídeo, en el que detalla el modelo de negocio clásico de influencer, atrajo rápidamente la atención de muchos usuarios, que acusaron a la chica de fomentar la prostitución, hasta que presentadores de televisión y hasta el presidente de la Universidad de El Cairo se sumaron a los reproches. La polémica escaló entonces de forma fulgurante, y el día 21 la joven fue arrestada y acusada de "tráfico de personas" y "libertinaje". El pasado 23 de julio fue finalmente condenada a dos años de cárcel por "violar los valores familiares".

El caso de Haneen Hossam fue solo el primero de una larga lista que estaba por venir. Desde su detención en abril, las recelosas autoridades egipcias han arrestado a otras nueve mujeres populares en las redes sociales, sobre todo en TikTok, a partir de vagas acusaciones como incitar a la inmoralidad, socavar los valores familiares y violar la moral pública en vídeos que consideran indecentes. Cuatro han sido ya condenadas a penas de prisión de entre dos y tres años y a pagar elevadas multas. El resto sigue esperando juicio.

La campaña del régimen de Abdel Fatah Al Sisi contra las jóvenes influencers supone la primera vez en la que las autoridades egipcias recurren a los cargos relacionados con la moralidad recogidos en una draconiana ley de delitos cibernéticos de 2018. Su abierta ofensiva, además, expone el empleo de nuevos mecanismos de represión y control sobre los cuerpos de las mujeres y su conducta. Y en última instancia, exhibe el empeño del régimen en seguir definiendo los límites de la moralidad en el ultraconservador país árabe.

"Esto sucede como parte de la mano dura general contra los medios de comunicación, y en particular las redes sociales, ya que el Estado cree que se puede volver algo político", anota Hind Ahmed Zaki, profesora de ciencias políticas en la Universidad de Connecticut especializada en cuestiones de género. "A la vez, los temas relativos a las mujeres se han politizado mucho en Egipto en los últimos años, sobre todo desde la Revolución de 2011", continúa. "Estamos en una situación en la que el régimen vincula cuestiones de género con cuestiones de moralidad", añade la profesora, antes de advertir: "En muchos de estos casos hay una frase que sigue apareciendo y que se traduce por 'los valores de la familia egipcia'".

Legalidad polémica

Tras la detención de Hossam, el resto de arrestos se fueron sucediendo metódicamente. Desde finales de abril y hasta principios de junio, las autoridades arrestaron a otras cuatro mujeres (Sama El Masry, de unos 40 años, Mawadda Al Adham, de 22, Sherifa Refaat, de 46, y Noura Hisham, de 24) por difundir vídeos que la Fiscalía consideró "sexualmente sugerentes". La campaña vivió entonces su mayor escalada en los primeros diez días de julio, durante los que otras cuatro jóvenes más (Manar Samy, de 30 años, Renad Emad, de 20, Hadeer Al Hady, de 23, y Basant Mohamed, de 20) fueron arrestadas bajo cargos parecidos.

La detención que más atención e indignación ha generado, sin embargo, ha sido la de una menor de 17 años conocida en las redes sociales como Menna Abdelaziz.

En su caso, la joven fue arrestada a finales de mayo después de difundir un vídeo en el que denunció haber sido violada por un chico y golpeada, filmada y chantajeada por un grupo de jóvenes. La Fiscalía emitió poco después de su detención un comunicado en el que corroboró su relato, pero señaló que la menor había sido incluida a pesar de ello en dos casos, en uno de los cuales la joven figuraba como sospechosa de haber cometido un delito moral.

Otros abusos por parte de las autoridades contra algunas de las demás jóvenes incluyen la petición de la Fiscalía de realizar un test de virginidad a Al Adham, algo a lo que ella se habría negado, según comunicó su abogado a la prensa egipcia. No está claro si Abdelaziz, la menor, fue sujeta a esta prueba. Asimismo, los tribunales también habrían utilizado fotografías privadas de Al Adham y El Masry filtradas con el fin de chantajearlas como pruebas en su contra durante los juicios, de acuerdo con Human Rights Watch.

Tanto los cargos presentados contra las jóvenes como las sentencias que ya se han emitido contra algunas de ellas derivan de una ley de delitos cibernéticos aprobada en 2018 que fue duramente criticada por restringir severamente la libertad de expresión, la privacidad y el acceso a la información. Al mismo tiempo, dos imprecisos artículos de la norma criminalizan contenido online que sea contrario a la "moral pública" o a los "valores familiares", aunque no detalla qué tipo de contenido constituye dicho delito. Las consecuencias previstas incluyen penas de prisión de entre seis meses y cinco años.

Algunos de los arrestos, además, se han producido después de que individuos o abogados hubieran presentado quejas a la Fiscalía, según ha reconocido el Ministerio Público. Ello es posible debido a que la ley egipcia contempla la opción, derivada de la ley islámica, de que los ciudadanos presenten quejas por hechos que consideran inmorales.

Paradójicamente, la campaña de detenciones coincide en Egipto con una gran oleada de denuncias que, sobre todo a través de las redes sociales y desde junio, han vuelto a poner en el punto de mira la extendida cultura de la violación en el país. En este caso, las denuncias han suscitado una amplia atención por parte tanto de la sociedad como de las autoridades, que se han posicionado generalmente del lado de las supervivientes. Pero una de las principales diferencias entre ambos casos parece ser que las chicas arrestadas por sus vídeos en las redes proceden principalmente de entornos de clases populares.

"Estas mujeres están en prisión obviamente porque son mujeres, pero también por sus entornos socioeconómicos", observa Salma El Hosseiny, directora del programa de derechos humanos del International Service For Human Rights (ISHR). "El problema es que, al ser mujeres de estos entornos, a ojos del Estado y de aquellos que las denuncian, se tiene que discutir qué les está permitido hacer", añade.

Batalla por la moralidad

Desde que el ex mariscal Al Sisi tomó el poder en Egipto tras un golpe de Estado en 2013, la feroz represión contra cualquier atisbo de oposición se ha convertido en una de sus insignias más representativas. Paralelamente, su régimen también ha invertido grandes esfuerzos para perseguir a quienes desafían o no se ajustan a las estrictas normas sociales, profundamente conservadoras y patriarcales. Defensores de derechos humanos insisten en que estos últimos casos no son solo una forma más de la brutalidad del régimen, sino parte de su batalla por redefinir la moralidad y fijar sus límites, como por ejemplo frente a un hecho reciente como es el auge de la juventud influencer en redes.

"Desde el golpe de Estado de 2013 y cada vez más, el régimen intenta redefinir la moralidad de la sociedad, y las mujeres son un blanco fácil para ello al ser titulares de los valores familiares y de la respetabilidad", explica Zaki, de la Universidad de Connecticut. "Y la represión contra las mujeres de Tiktok es parte de ello. Es parte de una campaña de moralidad general que se ha ido produciendo lentamente en Egipto", alerta.

En esta línea, la Fiscalía se ha mostrado muy sincera en todo momento con sus objetivos. Ya a finales de abril, el órgano reafirmó en un comunicado su "compromiso para seguir combatiendo vergonzosos delitos que violen los principios y los valores de la sociedad egipcia". Días después, la oficina emitió otro inquietante escrito en el que señaló que "fuerzas del mal" están abusando "del nuevo espacio virtual" para "destruir nuestra sociedad, demoler sus valores y principios y robar su inocencia y pureza". A finales de julio la Fiscalía se erigió en otro comunicado en "guardián de las normas sociales".

El discurso adoptado por la Fiscalía es similar al que ha abrazado a lo largo de los años Al Sisi, que se ha mostrado igualmente preocupado por reforzar sus credenciales religiosas, definir la moralidad y proteger a la sociedad ante agentes que considera malignos, como la literatura, los medios de comunicación y la industria cinematográfica.

"Una de las cuestiones que puede haber contribuido a ello es el hecho de que el movimiento islamista está severamente perseguido, y desde los años noventa este tipo de cuestiones sobre la moralidad y el control social eran su campo", concluye Zaki. "Con la desaparición de los islamistas de la escena, el Estado está asumiendo ese rol".

El Hosseiny, de ISHR, apunta que la raíz de la campaña actual trasciende a Al Sisi. "Al Sisi está tratando de definirlo todo, y la moralidad es una parte más, pero va más allá de él, le precede", nota. "Que el Estado defina y controle qué es la moralidad ocurre desde hace años", observa la investigadora, que alerta: "En concreto, lo que es relevante en el contexto de Al Sisi es la idea de cerrar cualquier forma de espacio público".