El 15 de enero se cumplen dos años del mayor desastre ambiental en Perú, causado por el derrame en el mar de casi 12.000 barriles de petróleo de Repsol, período en el que decenas de miles de pescadores y comerciantes que trabajaban en playas y balnearios continúan sin medios de vida y hasta han sido víctimas de violencia policial durante marchas y plantones para exigir sus derechos a la empresa. El Ministerio de Salud informó en noviembre que de 30 playas afectadas inicialmente en las regiones Lima y Callao, 25 aún siguen contaminadas, aunque en sus comunicados Repsol se niega a reconocerlo. La crisis ambiental y laboral que ocasionó el derrame ha ocurrido en un período de grave inestabilidad política en el país andino: dos presidentes y seis jefes de gabinete de ministros no han dado prioridad a las consecuencias del ecocidio.

El vertido ocurrió durante la descarga que realizaba el buque de bandera italiana Mare Doricum a la refinería La Pampilla, de propiedad del Grupo Repsol del Perú. Según las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente, la infraestructura submarina de la refinería estaba dañada y se rompió durante las maniobras. Un peritaje reveló que la tubería de recepción de la descarga de crudo no correspondía con los planos que mostró Repsol al Ministerio Público, es decir, tenía una falla de fábrica, reportó en 2023 el diario La República.

El 10 de enero el bufete de abogados británico Pogus Goodhead ha presentado ante un tribunal de los Países Bajos una demanda por 1.200 millones de dólares contra dos filiales de Repsol y la matriz, en representación de más de 34.000 damnificados por el vertido de crudo en el mar peruano. Según un comunicado de la firma británica, en la demanda incorpora a Repsol Perú B.V., la accionista mayoritaria de la Refinería La Pampilla bajo las normas de Holanda; a la refinería La Pampilla, de acuerdo a la legislación peruana; y a Repsol S.A. bajo las leyes españolas.

Pogus Goodhead ha actuado por encargo de la ONG holandesa Stitching Environment and Fundamental Rights, que ha pactado con los demandantes peruanos quedarse con el 25% de la indemnización en caso ganen el litigio. El mismo bufete conduce una acción legal en el Reino Unido por el desastre de Mariana, en el que representa a más de 200.000 víctimas del colapso de una represa de desechos tóxicos de minería, unos 50 millones de toneladas de lodo. Las compañías demandadas en esa catástrofe son Samarco Mineraçao, Vale do Rio Doce, y la británico-australiana BHP Billiton.

Al día siguiente de que Pogus Goodhead demandó a Repsol y sus subsidiarias, la empresa hizo llegar a la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú un comunicado -fechado el 11 de enero- en el que estima que "la demanda judicial no tiene fundamento".

"Nos encontramos revisando los alcances de la demanda, sin embargo, de acuerdo con experiencias similares, consideramos que este caso debe ser abordado en Perú", añade Repsol.

Según el mismo comunicado, la empresa ha destinado más de 270 millones de dólares a las tareas de limpieza, remediación y compensaciones relacionadas con los vertidos de enero de 2022.
En julio la ministra de Ambiente, Albina Ruiz dijo a la agencia Bloomberg que Repsol solo había pagado el 3% de las multas impuestas por la autoridad ambiental referidas al derrame de la refinería La Pampilla, es decir, abonó 811.600 dólares, cuando el total de sanciones suman 26.2 millones de dólares. Poco después, la empresa respondió que había pagado el 10% de las multas y esperaba los resultados de la judicialización de las sanciones que había apelado.

Consultado por Público, el abogado de la ONG Cooperacción Alejandro Chirinos sostuvo que es posible que personas no afectadas por el derrame se hayan "aprovechado" de la demanda de Pogus Goodhead, porque recogieron firmas en algunas localidades adonde no llegó la contaminación. "El bufete británico tiene experiencia en estos casos, pero no sabemos quiénes han sido sus intermediarios: algunos han estado cobrando a quienes querían firmar la demanda", explicó el coordinador del programa de Gobernanza Marina Costera de Cooperacción.

Padrón incompleto de afectados

Durante 2022 y 2023, los perjudicados por el ecocidio han realizado decenas de movilizaciones a la refinería La Pampilla de Repsol, en la región Callao; a la sede de la compañía en el centro empresarial de San Isidro, en un distrito acomodada de la capital; a la embajada de España; y a las dos oficinas de la presidencia del Consejo de Ministros, en Miraflores, y en el centro de Lima.

En ciertos casos pedían el pago de los adelantos de compensación, para mantener a sus familias, pero también para que añadan los nombres de miles de afectados no incluidos en el padrón oficial -que registra a solo unas 10.200 personas-.De acuerdo a los requisitos planteados por la empresa, para ser incluidos en el padrón, las personas debían demostrar que eran parte de una organización o gremio, pese a que miles de pescadores y comerciantes de las playas afectadas desarrollaban su trabajo de manera independiente o, también informal. Cerca del 80% de la fuerza laboral en Perú trabaja de manera no formalizada: sin contrato, sin sueldo, seguros o beneficios laborales.

Chirinos precisó que las organizaciones de pescadores y comerciantes además, solicitaban en esas movilizaciones y marchas que la presidencia del Consejo de Ministros instale la mesa de diálogo no solo para incluir a trabajadores independientes -no agremiados- en el padrón de afectados, sino para que intermedie ante Repsol, dado que la empresa quería pagar en 2023 un monto menor de compensaciones al que abonó en 2022.

De acuerdo a un informe de IDL-Reporteros, Repsol pagó, por todo 2022, una compensación de 17.500 a 18.900 dólares a pescadores con embarcación, y de 16.200 dólares a pescadores buzos, de cordel o de orilla. Sin embargo, refiere Chirinos, para 2023 Repsol solo ofreció pagar la mitad o la tercera parte de esos montos.

"La empresa dice que en 2023 ya ha pagado al 98% de los incluidos en el padrón, muchos han aceptado (esos montos menores) porque creen que van a ganar una indemnización en el proceso en la justicia británica, pero, por ejemplo Luis Díaz, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales del distrito de Aucallama, no ha recibido nada por el año 2023 y exige que la cantidad sea por lo menos igual a la de 2022", comenta el abogado de la ONG Cooperacción.

La mesa de diálogo fue instalada a fines de octubre y aún no se conoce que el padrón haya aumentado en número de inscritos.

Un informe elaborado por las ONG Cooperacción y Oxfam indica que cada familia de pescadores que aún no puede volver a sus tareas en el mar pierde mensualmente unos 3.200 dólares, una cifra muy por debajo de los montos que la empresa ha pagado a algunos de los 10.000 empadronados por la filial de Repsol y la presidencia del Consejo de Ministros.

Chirinos refiere que los heladeros y otros comerciantes no dedicados a la pesca en los balnearios afectados lograron acuerdos con Repsol por solo unos 6.700 dólares de compensación por todo 2022.

Daños no reparados

Según el comunicado de Repsol del 11 de enero, ha destinado más de 270 millones de dólares a las tareas de limpieza, remediación y compensaciones relacionadas con los vertidos de enero de 2022. Sin embargo, está pendiente la decisión de un juzgado constitucional sobre una demanda de amparo para evitar que la empresa deduzca parte de ese dinero de su pago de impuestos.

Las ONG Instituto de Defensa Legal y Cooperación intentan evitar que se repita una decisión del Tribunal Fiscal que ya ha favorecido a otras empresas de hidrocarburos con la deducción de esos gastos de remediación.

Las organizaciones temen que Repsol, "causante del peor desastre ambiental en la costa peruana, se vea beneficiada con una interpretación indebida que han venido aplicando las autoridades tributarias y que permite a las empresas irresponsables deducir del pago de impuestos los gastos de la descontaminación relacionada con sus propias actividades", explicó el Instituto de Defensa Legal el 10 de enero, cuando se realizaba la audiencia en un juzgado de Lima. La demanda de amparo es contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, el Ministerio de Economía y Finanzas y la empresa Repsol S.A.

En julio la ministra de Ambiente, Albina Ruiz dijo a la agencia Bloomberg que Repsol solo había pagado el 3% de las multas impuestas por la autoridad ambiental referidas al derrame de la refinería La Pampilla, es decir, abonó 811.600 dólares, cuando el total de sanciones suman 26,2 millones de dólares. Poco después, la empresa respondió que había pagado el 10% de las multas y esperaba los resultados de la apelación que presentó a las sanciones.

Una mesa de trabajo en la que participan organismos técnicos del Ministerio de Ambiente y Ministerio de Salud reportó en diciembre que estudios ambientales de calidad realizados de marzo a octubre de 2022, determinaron que "no fueron eficientes" las acciones de primera respuesta ejecutadas por la refinería La Pampilla, subsidiaria de Repsol, en las playas afectadas por el derrame. Por ello, el Ministerio de Energía y Minas pidió a la empresa sus planes de remediación de la contaminación en el mar y en la superficie costera. Según informan esta semana Oxfam y Cooperacción, dicho Ministerio ha rechazado 18 planes de remediación de Repsol por deficiencias y nueve son subsanables.

Investigación en el Congreso

Mientras tanto, en el Congreso, una comisión investigadora citó hasta la semana pasada a los involucrados, responsables y perjudicados del ecocidio para emitir un informe final. En 2023, la bancada fujimorista frustró la aprobación en el pleno del primer reporte de la Comisión de Pueblos Andinos, Ambiente y Ecología constituida en comisión investigadora para este caso.

En la sesión más reciente, del 5 de enero el pescador Luis Díaz lamentó que no se han aprobado los planes de remediación de daños que ha presentado la empresa porque no cumplían los requisitos. "Eso es muy preocupante porque queda en incertidumbre cuándo vamos a volver a pescar. Nuestra vida es una incertidumbre, nuestro interés es la rehabilitación completa (del entorno contaminado). Queremos volver a estar donde estábamos: nuestra cultura ancestral ha sido vulnerada", denunció el presidente del gremio de Aucallama (del norte de la región Lima).

El vocero de Repsol en el Perú, Luis Vásquez, respondió en la misma sesión que el Ministerio de Energía y Minas evalúa sus 16 planes de rehabilitación.

Díaz además dijo que seguirá pendiente de un acuerdo en mejores condiciones con Repsol. "Ha habido partes de compensaciones pero nos hemos sometido a aceptar lo que ellos han querido y nuestra vida es una incertidumbre. Estas transacciones lesivas han sido justas para la empresa pero no para el pescador ni la cadena que ha sufrido este daño", aseguró.