Madrid
El Partido Popular ha acusado al Gobierno de España de "sectarismo" por incluir una crítica política en el preámbulo de la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, que castigaba con hasta tres años de cárcel a los piquetes informativos que coaccionen en una huelga.
La modificación del Código Penal se publica este viernes en el Boletín Oficial del Estado y, en el preámbulo, el texto acusa al Partido Popular de aprovechar la crisis económica para desmantelar las libertades.
"Con la crisis como oportunidad, desde la llegada al Gobierno del Partido Popular en diciembre de 2011, se inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades y especialmente de aquellas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno", reza el texto.
El presidente del PP, Pablo Casado, ha calificado de "gravísimo" que se traslade al rey, para su ratificación, una reforma legislativa que se usa para "atacar" al principal partido de la oposición. "Ya el colmo que también desde el BOE nos insulten".
El líder del PP ha anunciado, en declaraciones a los periodistas, que su partido reclamará la comparecencia de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y ha acusado al PSOE de convertir el BOE en un "panfleto electoral".
El consejero madrileño de Justicia y vicesecretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, ha denunciado la existencia de esta crítica política en el BOE a través de Twitter.
"No tienen límites", ha dicho López, que considera que la crítica política en la ley es "lo nunca visto". "Despenalizan la violencia de los piquetes e institucionalizan el sectarismo. ¿Gobernar en serio?", se ha preguntado.
Además, en declaraciones a los periodistas, López ha dicho que utilizar el BOE y aprovechar la reforma del Código Penal para hacer "una crítica política al PP" es el acto "más antidemocrático, más sectario y más partidista" de la actividad legislativa en España en todo el periodo democrático.
Ha censurado al PSOE por esta publicación en coincidencia con la celebración de las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid en "un uso torticero, abusivo e impropio de una democracia moderna" como la española.
El PP no puede acudir al Tribunal Constitucional porque éste ya ha dicho que una exposición de motivos no tiene carácter normativo, pero estudiará todos los instrumentos adecuados y necesarios para combatir este tipo de actos, ha asegurado.
La despenalización de los piquetes informativos fue aprobada el pasado mes de marzo en el pleno del Congreso, con el rechazo de PP, Vox y Cs, partidarios de la existencia un tipo penal específico para la coacción en el contexto de una huelga.
Los partidos de la coalición de Gobierno, PSOE y Podemos, y los socios del Ejecutivo apoyaron la derogación de un delito que viene de 1928, se recuperó en 1976 y se mantuvo en el Código Penal de 1995.
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