Pérez-HickmanEl sucesor de Santamaría en el Congreso, un caso flagrante de privilegios de un aforado

Dicen los juristas que no hay nada más injusto que una Justicia lenta. Pero, en el caso de Mariano Pérez-Hickman, diputado por azar, justo una semana antes de que tuviera que comparecer ante un juzgado de Pozuelo por su presunta responsabilidad en un supuesto delictivo contra el medio ambiente durante su etapa como concejal -el único escalafón político al que el ordenamiento jurídico español deja sin aforamiento- de la localidad más rica de España, la Judicatura se anda con prisas. Ha llegado a tiempo.

Pérez-Hickman llevará, casi con toda probabilidad ante la jueza del Juzgado número uno de Pozuelo el plácet que acredita que es diputado y, por tanto, su causa individual pasará a ser instruida por el Tribunal Supremo. Es decir, que el heredero del acta de la ex vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que dejó la política y, por tanto, su escaño el pasado 11 de septiembre, eludirá así el principio constitucional que establece que todo ciudadano estará amparado por el derecho a ser juzgado por un juez ordinario predeterminado por la ley. Siempre, claro está, que no sea aforado. 

Un privilegio del que gozan 2.000 políticos en España, si tenemos en cuenta que, de las 17.603 personas que se encuentran bajo su umbrela protectora -y que no pertenecen a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, algo más de 232.000-, unos 5.400 corresponden a jueces y otros 2.550 a fiscales y, el resto, a cargos de altas instituciones del Estado. Incluidos cinco miembros de la Familia Real. En uno país, aseguran algunos estudios, con más de 450.000 políticos en ejercicio, más de cuatro veces los que ejercen en Alemania, con casi el doble de población. Si bien otros cálculos rebajan esa cifra al entorno de los 300.000 políticos. Un censo, en cualquier caso, nada desdeñable.

Portavoz de Somos Pozuelo: “Pedimos al PP que cambie de actitud, que deje de obstaculizar la investigación y colaboren activamente con la Justicia”

Hickman es uno de ellos. O, para ser más exacto, vuelve a ser uno de ellos. Porque ya tuvo escaño en el Congreso en la última legislatura de José María Aznar y en la primera de Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo español. El problema es que el aforamiento sobrevenido de Hickman ha dado alas a los abogados defensores del resto de la decena de concejales populares que, como él, están siendo investigados por el juzgado del municipio más rico de España, que han solicitado la suspensión de los interrogatorios. Privilegios para todos, debieron pensar. Que todos estamos investigados o encausados, que así se denominan ahora, después de que se erradicara de la nomenclatura judicial, tras las reformas de Alberto Ruiz Gallardón al frente de Justicia, el ya muy castigado socialmente término de imputado. Dos de ellos, además, primeros ediles: la actual, Susana Pérez Quislant, y el sucesor de Jesús Sepúlveda -con él empezó todo- al frente de la Alcaldía, Gonzalo Aguado. Por los vertidos contaminantes de la depuradora de Húmera a las aguas del Arroyo Antequina, cuyo cauce, tras atravesar la Casa de Campo, se integra en las aguas del Manzanares. “Pedimos al PP que cambie de actitud, que deje de obstaculizar la investigación y colaboren activamente con la Justicia”, enfatizó Pablo Perpinyà, portavoz de Somos Pozuelo. La marca electoral de Podemos en esta localidad está personada como acusación popular en la causa.

Dicen desde su círculo más cercano que Pérez Hickman nunca tuvo responsabilidad alguna en la gestión de este asunto. Que sus competencias eran meramente administrativas. A pesar de que fue el teniente de alcalde que urdió el urbanismo de la localidad en todas sus múltiples variantes. Desde Obras hasta Medio Ambiente, pasando por Movilidad o Vivienda. Bajo el mandato de Aguado, del que heredó -otro nuevo legado, como el de Soraya, porque su capacidad para adquirir donaciones o sucesiones es inaudita e inagotable- el diseño, ejecución y, por tanto, la responsabilidad de los asuntos urbanísticos de Pozuelo. Incluidos, por supuesto, la de la EDAR -acrónimo de Estación de Depuración de Aguas Residuales-, de Húmera, que lleva desde finales del siglo pasado vertiendo residuos fecales -y contaminantes- sin control y sin los pertinentes y obligatorios informes medioambientales. Aunque con el beneplácito -o, cuanto menos, de la total despreocupación- de las autoridades locales. 

Algo que critica abiertamente Perpinyà, quien dice “esperar” que los investigados “no caigan en la tentación de hacer creer que no saben nada de la depuradora, porque gobiernan Pozuelo desde 1982 y tienen decenas de asesores, áreas de Gobierno y concejalías”. A su juicio, “deberían ser honestos y asumir sus responsabilidades”. A juzgar por la estrategia de defensa de los encausados, un brindis al sol.

Pero Hickman no es sólo uno de ellos. Representa, también, un caso flagrante del privilegio del que gozan los políticos por el derecho al aforamiento. Porque la personación ante la Justicia de Pérez-Hickman se justifica, desde el punto de vista de la instrucción de la causa y del origen de su encausamiento, por su etapa como concejal. Precisamente el escalafón de cargos electos que quedan fuera del escudo protector del aforo. No parece, pues, de recibo, ni responde a la lógica que sea precisamente una encomienda jurídica instaurada en la Constitución para diputados y senadores, por la ley Orgánica del Poder Judicial para miembros de la Judicatura y el Ministerio Público y por los Estatutos de Autonomía para representantes de las asambleas regionales, la que permita a Hickman salir de rositas de la primera instancia judicial por su labor como concejal.

Hickman representa, también, un caso flagrante del privilegio del que gozan los políticos por el derecho al aforamiento

Hay quien sostiene, como su líder nacional, Pablo Casado, sobre el que penden “dudas más que razonables” -que nunca diría Albert Rivera- no sólo sobre su máster en la Universidad Rey Juan Carlos I, sino también sobre su celeridad final para finalizar su licenciatura en Derecho, que los aforados pierden con el traslado de sus causas al Tribunal Supremo el derecho a recurso porque son juzgados ya por un estamento judicial superior. Pero esas mismas voces ocultan que el Alto Tribunal es el principal destino solicitado por los jueces. Y que los nombramientos, que proceden del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en época de alta contaminación política como la de su actual presidente, Carlos Lesmes, tienen una más que elevada carga de parcialidad. Dicho de otro modo. Un marcado cariz conservador que suele inclinar la balanza a favor de causas con trasfondo político, como la del máster de Casado. Investigado en primera instancia con altos indicios razonables de delito. Pero sobre el que los jerarcas de Génova 13 se atreven a augurar buenos vientos en el Supremo.

Hickman es, por tanto, uno de ellos. Diputado reciente, viejo concejal. Al que los aforamientos le concederán una alternativa judicial por su trayectoria política como edil. No como diputado de la Cámara Baja.

De ahí que la propuesta del Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez de acometer una reforma exprés de la Carta Magna para eliminar los aforamientos debería ser general. Sobre el conjunto de la actividad política. Sin límites a la labor política asociada al cargo. Porque, en caso contrario, supuestos como el de Pérez-Hickman se puede volver a repetir. Aforado por hechos investigados durante su etapa como concejal, única figura exenta de aforo en la actividad de la res pública. De igual manera que podría eludir la acción normal de la Justicia, la del principio fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley, cualquier diputado o senador sometido a investigación judicial por casos de corrupción. Si, por ejemplo, se excluye de la reforma constitucional aquéllos que no tengan responsabilidades ejecutivas. Aunque se salten a la torera, desde el Hemiciclo, las normas de incompatibilidad que imperan entre un cargo público y los negocios privados. Una frontera tenue que han traspasado sin pudor algunos representantes del Congreso y del Senado en época reciente. En un país cuya Justicia ingresó más de 5,8 millones de asuntos en 2017, más del doble que antes de la crisis -todo un repunte de litigiosidad en época de vacas flacas-, y que se obceca en preservar el aforamiento. Pese a que las naciones de su entorno o lo han eliminado -Alemania, Reino Unido o EEUU- o lo han reducido a la mínima expresión: Portugal e Italia lo han supeditado sólo al presidente de sus repúblicas y Francia, al jefe del Estado, al de Gobierno y a los ministros del gabinete.