Un juez cita a Cospedal por acusar al Gobierno de espiar al PP

Ni la Fiscalía, ni el Gobierno, ni el PSOE. Han sido seis internautas murcianos, promotores de un grupo en la red social Facebook, los que han terminado metiendo en un atolladero a la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, por asegurar que el Ejecutivo espía a la oposición. A instancias de esos seisinternautas, afines al PSOE, un juez ha citado a Cospedal el próximo 17 de febrero para que, en el denominado acto de conciliación, se retracte o ratifique en sus declaraciones del 6 de agosto, cuando afirmó que el Gobierno ha instaurado un "Estado policial" valiéndose de "escuchas ilegales". Tras aquella andanada, la cúpula del PP cerró filas en torno a Cospedal y prometió aportar "pruebas" sobre el supuesto espionaje. Cinco meses después, la promesa sigue en el aire, pero la acusación de espionaje se renueva periódicamente desde las filas del PP.

Cospedal, que, según el PP, aún no ha recibido la citación ni ha decidido qué hará, tiene dos alternativas: acudir al juzgado o plantar al juez, sin que ello le acarree más problema que un eventual pago de costas. Y los demandantes tienen la opción de interrumpir sus acciones o la de proseguirlas, bien con una querella o con una demanda civil. En cualquier caso, consideran ya cumplido su objetivo.

Carlos Rodríguez, uno de los demandantes y concejal del PSOE en Cehegín (Murcia), lo explica así: "Si no va el día 17, que es lo que creemos que hará, quedará como una irresponsable porque o demuestra lo que dijo o se demuestra que lo que dijo es mentira". Anoche, el grupo creado en Facebook por Rodríguez y los otros cinco demandantes sumaba ya 4.850 miembros y registraba un goteo constante de adhesiones. El nombre elegido por sus artífices no deja lugar a dudas sobre la meta del grupo: Cospedal debe ser demandada por injurias.

Los demandantes creen que, tanto si la secretaria general del PP se presenta a la cita ante el juez de primera instancia número 3 de Madrid como si se escabulle de la cita, les será difícil proseguir las acciones legales. Su abogado no descarta sin embargo encontrar una vía legal que le permita interponer una querella por injurias y calumnias.

Otras fuentes jurídicas consultadas por Público entienden, sin embargo, que la ley capacita a los seis internautas para ejercer la acción popular contra Cospedal. "Basta con que los querellantes obtengan la representación legal, mediante poder notarial, de un mínimo de 101 ciudadanos para que puedan ejercer la acción popular", explica un notable penalista. "Cospedal afirma otro experto en derecho penal atribuyó un delito a las instituciones públicas, con lo que cualquier ciudadano puede actuar en defensa de sus representantes", Y, en última instancia, añade el mismo letrado, "podrían acudir a la Fiscalía para que fuera esta la que emprendiera acciones".

Efectivamente, Cospedal atribuyó un delito al Gobierno: el de interceptación ilegal de las comunicaciones. O sea, el que, según el PP, estaría cometiendo la Policía al realizar escuchas telefónicas sin orden judicial.

Cinco días después del ataque de Cospedal, el ex ministro y portavoz de justicia del PP, Federico Trillo, introdujo un elemento nuevo y supuestamente clave. El PP, dijo Trillo , posee la grabación de una charla telefónica entre el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y un policía. Y aquello no lo había grabado Camps "porque es un manazas", fue el argumento decisivo de Trillo. Pese a que el ex ministro presentó ese dato como prueba culmen de que el PSOE estaba espiando a sus rivales, los conservadores no han acudido a los tribunales. El PP tampoco ha difundido la supuesta grabación aludida por Trillo. Pese a ello, el vicesecretario de Comunicación del partido, Esteban González Pons, aseguró en septiembre que los militantes del PP hablan ahora por teléfono "en clave" por miedo a ser espiados.

Algunas fuentes jurídicas apuntan a que el PP se ha abstenido de presentar denuncia porque corre el riesgo de pasar de denunciante a denunciado. En España, es delito mantener en los tribunales una acusación falsa, mientras que resulta difícil procesar a un parlamentario por sus declaraciones.

Carlos Rodríguez. Concejal socialista y demandante

Carlos Rodríguez, concejal socialista de la oposición en el municipio murciano de Cehegín, es el promotor del grupo de Facebook, creado a título personal junto con otros cinco internautas. El grupo, bautizado como Cospedal debe ser demandada por injurias, surgió como una iniciativa de seis murcianos pero ya agrupa a casi cinco mil seguidores. Tras una demanda presentada contra la número dos de Mariano Rajoy, la senadora y diputada autonómica en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, que acusaba al Gobierno de espionaje a políticos del PP, el próximo 17 de febrero la líder conservadora debería comparecer en el acto de conciliación que se celebrará en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Madrid.

¿Tienen confianza en que María Dolores de Cospedal acuda al acto de conciliación?
Creo que no, que buscará algún tipo de excusa para no presentarse en el juzgado, pero si no va, quedará muy mal ante la opinión pública. Tiene la obligación de dar explicaciones, demostrar lo que ha dicho o retractase. No me gustaría estar en su lugar.

¿Y qué pasará después del acto de conciliación?
Si no acude, y cree que tiene razón, pues que con pruebas y hechos denuncie al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a los jueces y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, según ella, han llevado a cabo esta película de espías que no existe nada más que en su imaginación.

¿Y si el día próximo día 17 ni comparece ante el juez ni aporta pruebas?
Pues procede la dimisión inmediata. Todo lo que ha intentado Cospedal es manipular a los ciudadanos con falsas acusaciones para desviar la atención de la corrupción que salpica al Partido Popular en Murcia, la Comunidad Valenciana, Madrid, Illes Balears y muchos otros sitios. Esto demuestra además su baja catadura moral, ajena a la democracia que necesitamos los españoles.