El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha prorrogado dos años más la prisión preventiva del excomisario José Villarejo, encarcelado desde el 5 de noviembre de 2017, al considerar que sigue existiendo "alto riesgo" de fuga, de destrucción de pruebas y de reiteración delictiva.

El juez de la Audiencia Nacional ha adoptado esta decisión en un auto de 19 páginas, después de que la Fiscalía Anticorrupción y la acusación que ejerce Podemos reclamaran la prórroga de la prisión por riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y de reiteración delictiva, los tres aspectos que ha tenido el juez en cuenta para acordarla. 

Sobre el riesgo de fuga, el juez destaca "su capacidad económica", "el alto nivel económico descubierto", a través de un patrimonio que en algunos casos está a nombre de terceras personas. Se estima que cuenta con un patrimonio de más de 16 millones de euros en España y en el extranjero, lo que, según el juez, demostraría "una estructura financiera capaz de generar estructuras para sustraerse" de la acción de la justicia. 

A todo esto se une "la posesión de dos DNI con identidades que no le corresponden y que no devolvió en el momento de su pase a la jubilación" y de "un pasaporte español con hojas en blanco que le fue incautado". 

Todos estos elementos, además de la estructura societaria que Villarejo desplegó "por todo el mundo" y que ha llevado a librar las correspondientes comisiones rogatorias, "evidencian" para el magistrado, que la "estructura del investigado podría ser utilizada para sustraerse de la presente causa". 

Junto al riesgo de fuga, también aprecia un "alto riesgo" de destrucción de pruebas y explica que la investigación ha permitido conocer "el destino del dinero ilícitamente obtenidos" a través de su entramado societario, "dinero que a su vez procede de transacciones bancarias que permiten conocer el origen nacional e internacional de las cantidades que le fueron abonadas", lo que ha llevado a la apertura de las correspondientes piezas de la causa y que el juez eleva ya a 16. 

Actualmente, indica el auto, "dado el estado de desencriptación" y que se está a la espera "de analizar los audios de más encargos", "la modificación de su situación actual (la de Villarejo) podría favorecer la destrucción de prueba tanto a nivel nacional como internacional". 

El juez también cree "evidente" el riesgo de reiteración delictiva, recordando que cuando se le detuvo mantenía su estructura en funcionamiento, "destacando como en reiteradas conversaciones grabados por el mismo hace alusión a que lleva más de 30 años realizando las actividades" por las que se le investiga. 

Además, "él mismo afirmó disponer de varias copias del material incautado", por lo que de quedar en libertad, "podría ser utilizado directamente por el investigado para continuar con la actividad delictiva.  

En el auto, el magistrado hace un repaso de la causa que se inició a raíz de que un abogado, de origen ecuatoguineano, denunciara ante la Fiscalía Anticorrupción la concesión irregular y arbitraria de visados a ciudadanos guineanos que implicaban a Villarejo y al excomisario del aeropuerto de Madrid-Barajas, Carlos Salamanca, el germen de la operación Tándem. 

A partir de su detención y con la incautación de las numerosas grabaciones que fue acumulando, la investigación ha dado pie a lo largo de estos dos años a la apertura de un total de 16 piezas de contenido dispar y que recogen los encargos que recibió por parte de particulares o empresas como el BBVA. 

Villarejo montó una "estructura paraestatal"

El excomisario José Villarejo montó una "estructura paraestatal" mientras estuvo en activo en la Policía Nacional que comprometió "gravemente el servicio público" y puso "en tela de juicio la autoridad del Estado", según afirma el juez que le investiga en el auto por el que prorroga su ingreso en prisión. 

El magistrado le acusa de haber "instrumentalizado de forma sistemática los recursos públicos en beneficio propio y de sus clientes" gracias al "grado de infiltración" que tenía en la Policía y que le permitía acceder a información "legalmente clasificada" para proyectos de espionaje privados por los que cobró millones de euros. 

En ocasiones, indica el juez García Castellón, intervino "por medio poco ortodoxos en la vida personal" de sus investigados y llegó incluso a utilizar "la más alta tecnología" para acceder a correos electrónicos y mensajes de Whatsapp, como cámaras con potentes zooms y micrófonos para coaccionar a sus víctimas. 

Eso si no conseguía la información directamente a través de sus colaboradores en la Policía, como el excomisario Enrique García Castaño, alias EL Gordo, quien, según el juez, colaboraba con Villarejo de forma "periódica y constante".