Entran en vigor las 'supertasas' judiciales de Gallardón

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles la ley que prevé una subida generalizada de las tasas judiciales, de entre 50 y 750 euros, para poder recurrir una resolución en los tribunales. Ello supone que pleitear podrá costar entre 100 y 1.200 euros, además de una cantidad variable dependiendo de la cuantía del proceso. Se trata de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que entrará en vigor mañana jueves.

Esta norma pone todo el cuidado en que la regulación de tasas judiciales en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social no afecte al derecho a acceder a la justicia, se señala en el preámbulo.

Con la asunción por los ciudadanos que recurren a los tribunales de parte del coste que ello implica se pretende paliar la saturación de los juzgados, además de contar con unos mayores recursos para mejorar la financiación del sistema judicial y, en particular, de la asistencia jurídica gratuita.

Para las asociaciones de consumidores, la ley de tasas judiciales supone la "implantación efectiva de una justicia para ricos y otra para pobres, al limitar el acceso a un derecho fundamental en función de los recursos económicos que tengan los ciudadanos". En un comunicado, la asociación de consumidores FACUA ha advertido de que la aplicación de estas tasas es contraria al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y considera que "abre la puerta a que las empresas se nieguen a acatar las decisiones del sistema de arbitraje, al obligar a los consumidores a pagar un mínimo de 200 euros para exigir su cumplimiento".

Además, en caso de que un consumidor pierda en primera instancia y opte por apelar, tendrá que asumir una tasa de 800 euros por recurso, a lo que se le sumaría el depósito judicial que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial. Con estas tasas van a darse situaciones como tener que pagar 200 euros para reclamar en los tribunales una multa de 150 euros o para exigir la devolución de una factura telefónica de 80 euros, según esta organización de consumidores. Otros ejemplos "escandalosos" son el pago de 312,50 euros para reclamar daños y perjuicios en los juzgados por la cancelación de un vuelo por cuantía de 2.500 euros, o abonar 715 euros de tasas para exigir 3.000 euros de intereses cobrados de forma abusiva en un crédito o hipoteca.

Para esta organización, es "indignante" que los afectados por fraudes masivos como el de las participaciones preferentes vayan a tener una "barrera más que superar para poder recuperar su dinero", ya que ir a juicio para pedir la devolución de 20.000 euros en una primera instancia requerirá del pago previo de 400 euros. De igual manera, una aseguradora que se niegue a cubrir un siniestro por valor de 2.300 euros podrá quedar impune para los ciudadanos que no puedan pagar los 311,50 que cuesta ahora llevarles ante los tribunales por esa cantidad, ha denunciado.

Asimismo, ha alertado de que a estas tasas se le une la tramitación de una reforma del arbitraje de consumo que pretende revisar este sistema con la intención de excluir las reclamaciones de menor cuantía (de menos de 50 euros) o las que no versen sobre reclamaciones de cantidad, decisiones que quedarían en manos del presidente de la junta arbitral.