El agente de la Guardia Civil A. M. necesita estar cerca de un cuarto de baño durante la mayor parte del día: sufre el llamado síndrome de colon irritable, que le causa episodios frecuentes de diarreas. Pese a demostrar su diagnóstico, sus superiores se niegan a atender su petición de “realizar servicios no operativos y tener cerca un baño”, algo que su propio médico militar especialista en aparato digestivo recomienda y ordena en su informe. Su abogado recurrirá esta decisión por atentado "no sólo contra su salud laboral, sino contra su propia dignidad”.

El agente aportó, junto con su petición, un informe facultativo en el que se le diagnostica “síndrome de colon irritable”. De hecho, estuvo de baja desde mediados de 2015 hasta finales de 2016, momento en el que recibió un alta “con limitaciones”. En abril de este año, el servicio médico le dio el alta ya sin limitaciones para el servicio. Pero, en su caso, la diarrea no parece dar tregua.

A principios de este mes, el agente sufría un jarro de agua fría por parte del capitán jefe de su compañía, quien desestimaba su petición alegando que ésta “supondría un perjuicio grave y una merma de la eficacia” en la planificación del servicio de su puesto, situado en un pueblo de Granada, “no obteniéndose un empleo eficiente del potencial del servicio disponible en la Unidad”.

En conversación con Público, su abogado, Antonio Suárez-Valdés, confirma que su cliente “lo único que está pidiendo es trabajar con normalidad, como guardia civil, pero en un sitio en el que no tenga que estar todo el día de patrulla”.

Contra la resolución, que no agota la vía Administrativa, cabe recurso de alzada y este letrado ha anunciado que lo interpondrá. “Nos parece un atropello y entendemos que atenta no sólo contra el derecho a la vigilancia de la salud de los trabajadores sino, directamente, contra la dignidad del trabajador”.

“Un trabajador que está en esas condiciones, y con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en la mano, no le puedes tener en un puesto que no esté adaptado a sus circunstancias médicas”, comenta Suárez, que añade: “En este caso, además, resulta particularmente denigrante”.

Asimismo, este letrado manifiesta estar "dispuesto incluso a denunciar al Estado español ante las instituciones europeas si el Ministerio del Interior sigue negándose a proporcionar un puesto adaptado a sus limitaciones físicas a este agente de la Guardia Civil".

Según la resolución, a la que ha tenido acceso este diario, la Guardia Civil se ampara en la Orden general 11, de diciembre de 2014, sobre la prestación de servicio de la Guardia Civil, que indica que “la planificación, organización y distribución de los servicios se realizará con equidad y con el empleo más eficiente posible del potencial del servicio disponible en la unidad o centro”.