El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, en prisión por el uso de tarjetas opacas al fisco de Caja Madrid, tendrá que declarar el próximo 30 de noviembre ante el juzgado de Instrucción número 31 de Madrid por la presunta comisión de un delito fiscal correspondiente a los años 2014 y 2015.

Además de Rato, que ingresó en la cárcel de Soto del Real (Madrid) el pasado 25 de octubre, ese mismo día está citado ante el juez su excuñado Santiago Alarcó por la presunta comisión de un delito de blanqueo de capitales que le atribuye la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Esa semana comienza en la sede que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares (Madrid) el juicio por la salida a bolsa de Bankia, con sesiones previstas los días 26, 27, 28 y 29 de noviembre, a las que acudirá desde el centro penitenciario en un furgón policial; ante el juez Antonio Serrano-Arnal, Rato declarará previsiblemente por videoconferencia.

El pasado 10 de octubre, la Audiencia Provincial de Madrid acordó mantener abiertas las pesquisas —iniciadas en julio— sobre presunto fraude fiscal en 2014 y 2015 a Rato, aunque abrió la puerta a que se tramitaran separadamente, para agilizar la causa principal sobre su patrimonio.

En su auto, la sección 23 de la Audiencia Provincial desestimaba el recurso interpuesto por el exministro y ex director gerente del FMI contra la decisión del juez instructor de ampliar las pesquisas, inicialmente circunscritas a 2012 y 2013, al entender que, a pesar de basarse en documentos incautados "más allá de los límites del auto de entrada y registro", no supone exceso alguno por parte de los investigadores.

La Audiencia rechazaba así el principal argumento alegado por el exministro, que afeaba a la Fiscalía Anticorrupción por iniciar una causa prospectiva contra él, si bien dejaba a voluntad del juez la apertura de una pieza separada para la investigación de estos hechos "por la deseable conclusión en un plazo razonable de la causa principal".

En su denuncia inicial, interpuesta el 16 de abril de 2015, la ONIF, Oficina Antifraude dependiente de Hacienda, atribuía a Rato un presunto fraude en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 2012 y 2013.

Ello hizo considerar a la Fiscalía que "los movimientos de dinero y la facturación de servicios personales a través de sociedades pantalla, hacían presumir la comisión de delitos fiscales, insolvencia punible y blanqueo".

Al margen de los supuestos ilícitos por los que ya ha prestado declaración, el análisis de los documentos incautados llevó al juez a acordar su imputación formal el pasado 11 de julio en un auto contra el que carga la defensa de Rato por ser "nulo de pleno derecho" y referirse a archivos ajenos a la "denuncia temprana y falsa".