Andalucía reclama su parte en los ingresos por la amnistía fiscal

La Junta de Andalucía va a encargar un informe jurídico para poder reclamar el tramo autonómico de los impuestos por el dinero que ha aflorado tras el cierre del proceso de regularización fiscal extraordinaria. Así lo ha anunciado hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que ha explicado que pedirán los datos sobre las personas que han regularizado su situación "para que paguen el tramo autonómico de la renta", ya que ha recordado que en Andalucía "no hemos amnistiado".

Griñán,  tras leer una declaración institucional con motivo del 35 aniversario de las masivas manifestaciones en las que los andaluces reclamaron la autonomía plena, ha explicado que en todo caso el Estado tendría que dar a las comunidades autónomas el 50% que les corresponde por el tramo autonómico del IRPF.

"En primer lugar habría que determinar cuáles son las personas que en todo caso han regularizado su situación. Si eso es posible, que es lo que hay que analizar jurídicamente, diríamos que no hemos hecho amnistía del tramo autonómico de la renta y por lo tanto tendrían que pagarlo", ha detallado el presidente de la Junta, que ha insistido en que "en todo caso lo que si parece claro que lo que hayan de pagar de IRPF el 50% vaya a las comunidades autónomas".

Según han informado fuentes del Ejecutivo andaluz, el informe jurídico solicitado por la Junta quiere determinar si el dinero aflorado con la amnistía fiscal del Gobierno corresponde al cien por ciento del IRPF, incluido el tramo autonómico y, en ese caso, reclamar su 50%. En caso de que Hacienda sólo haya recaudado el 50% que corresponde al Estado, la Junta solicitará el porcentaje restante.

"Reparto equitativo" de la salida de la crisis

Con carácter general, Griñán ha reivindicado un "reparto equitativo de los costes de salida de la crisis" y ha considerado "radicalmente injusto" que el Gobierno de Rajoy "suba el IVA, el IRPF, los impuestos especiales, la tarifa eléctrica, las tasas universitarias y judiciales y que se haya quitado el único impuesto que tenía la banca". "Tampoco entendemos que las deudas que tienen las familias tienen que pagarlas incluso perdiendo parte de su patrimonio y las deudas del sector financiero las paguemos entre todos. Hay un elemento clarísimo de injusticia en la salida de la crisis", ha concluido.

El PP dice ahora que van a "ir a saco" contra los defraudadores

El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha asegurado este martes que el Gobierno no dará más "oportunidades" para regularizar el dinero opaco y ha sido tajante al advertir a los defraudadores: "Vamos a ir a saco". En rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces de la Cámara Baja, Alonso ha reiterado el compromiso del Ejecutivo en la lucha contra el fraude fiscal y ha restado importancia al hecho de que la regularización de activos ocultos haya finalizado con menos de la mitad de lo previsto. Alonso ha señalado que el Gobierno tenía una previsión de recaudación más elevada y al final han aflorado 1.200 millones en vez de los 2.500 millones estimados inicialmente, una cantidad superior, sin embargo, al "fracaso" que "algunos" esperaban.

Ha citado expresamente al PSOE para reprochar a los socialistas que fíen todo a que el Ejecutivo fracase en sus previsiones y en sus objetivos, confiando en que "la crisis venza al Gobierno", mientras que el PP -ha asegurado- quiere trabajar con todos para podemos derrotar juntos a la crisis. También se ha quejado de que al llegar a Moncloa el PP se encontrara "muchas bolsas ocultas", por ejemplo "un déficit oculto, agujeros aquí y allá, facturas sin pagar apiladas en cajones en entidades locales y comunidades y dinero opaco oculto que no tributaba". Desde entonces, el Gobierno ha endurecido las normas contra el fraude, lo que ha permitido recaudar 1.700 millones más que en 2011, y no va dar más oportunidades de regularización. "Vamos a ir a saco contra los defraudadores", ha sentenciado.