¿Por qué es necesario que España tenga una Dirección General de Derechos Animales?

Era necesario que hubiera una Dirección General que se dedicara a proteger a los animales y a supervisar cualquier medida política del Gobierno desde el punto de vista de los derechos de los animales. Por poner un ejemplo, durante el primer estado de alarma de la pandemia, nosotros, en coordinación con el Ministerio de Sanidad, establecimos una serie de normas para que se garantizara la protección de los animales, de forma que se pudiera salir a pasear al perro en el confinamiento o a alimentar a las colonias felinas, entre otras cosas. Ahora, en este segundo estado de alarma, las comunidades autónomas son las que deben regular esos mecanismos y estamos viendo que hay bastantes problemas, con casos en los que ni siquiera se ha planteado que los animales puedan salir a hacer sus necesidades en horarios de los toques de queda. 

¿Cree que España es un país especialmente cruel con los animales?

Creo que España no está a la cabeza de los países referentes en protección animal. Todavía nos queda mucho que avanzar. Pero también creo que hay que hacer una diferencia entre las leyes de nuestro país, que son muy mejorables –y en eso estamos trabajado–, y la conciencia social, que está a la par de los países de nuestro entorno. Ahora tenemos que adecuar esa concienciación social a nuestras leyes.

Este martes se aprobaron en el Consejo de Ministros las ayudas al sector cultural, entre las que se incluyen los subsidios a los trabajadores taurinos, ¿qué opina de esto? ¿Es compatible con los derechos de los animales?

Hay que decir que eran ayudas obligadas por ley. Se trata de trabajadores por cuenta ajena, personas que dependían de un salario, a las que la situación de la pandemia les ha impedido seguir trabajando. Por mucho que a mí personalmente me parezca que es un trabajo poco ético, es necesario que tengan una cobertura vital porque son personas que no trabajan en otros sectores. Mirando los datos, de las 36.000 personas que se beneficiarán de este Real Decreto, tan sólo 350 son del sector taurino. Además son todo trabajadores de segunda línea, no se trata de toreros, que en su mayoría son autónomos y millonarios. Es gente a la que tampoco podemos dejar atrás porque son trabajadores y trabajadoras.

¿Echa en falta tener más competencias en tauromaquia?

Creo que el Real Decreto de ayer, además de abrir la posibilidad de que esos trabajadores cobren un subsidio durante un máximo de seis meses, debería de servir para abrir un debate sobre la necesidad de que este tipo de espectáculos sigan dependiendo del Ministerio de Cultura. Hay que recordar que han estado siempre gestionados por Interior y que 2011 pasó a ser competencia de Cultura. Es hora de abrir el debate para que la tauromaquia deje de estar integrada en Cultura, creo que así lo entiende la mayoría de la población.

La crisis de la tauromaquia es anterior a la pandemia. Desde 2007, el número de espectáculos anuales se ha reducido un 61%, ¿cree que ésta sería una buena oportunidad para dejar de apoyar al sector?

Sin lugar a dudas es un sector que está en claro declive. Y lo está porque no tiene aficionados, porque la gente lo rechaza y porque la inmensa mayoría de la sociedad lo considera como algo del pasado folclórico del país. Ahora nos toca avanzar en el sentido de dejar de subvencionar y dejar de mantener un sector que está en declive. Tenemos que trabajar en su reconversión, para que esos trabajadores tengan una salida que no sea precaria y dejen de depender de ayudas públicas. 

Si en su momento hubo medio millón de personas que, con una ILP (Iniciativa Legislativa Popular), consiguieron blindar la tauromaquia y que fuera considerada como bien de interés cultural, ahora puede ser un buen momento para que la sociedad y las organizaciones de protección animal se organicen e inicien un trámite similar para exigir al Congreso que deje de ser considerado un bien cultural. A partir de ahí, se podrá avanzar más rápido y según el sentir mayoritario de la ciudadanía.

Hace unas semanas, Unidas Podemos pidió la prohibición de la entrada de menores en espectáculos taurinos, ¿por qué?

Básicamente es porque así nos los exigen las Naciones Unidas y su Comité de Derechos del Niño, que instó a España en 2018 a prohibir la entrada y participación de menores en espectáculos taurinos. Consideramos que una Ley de Infancia como la que se está planteando actualmente necesita recoger todas esas exigencias que nos planteó la ONU. Es objetivo que en la tauromaquia hay ejercicio de violencia, no es debatible, con lo cual los menores deben estar protegidos de ello.

¿Qué hay de la retransmisión en televisión de espectáculos y fiestas taurinas?

Voy en la misma línea que antes. Creo que es necesario que, al menos en los horarios de protección de la infancia, no se pueda transmitir espectáculos en los que haya actividades violentas. Sería descabellado pensar que la televisión retransmitiera sacrificio de animales en un matadero porque sería algo violento. Pues con la tauromaquia pasa lo mismo, es un ejercicio objetivo de violencia y creo que no se debería poder emitir en los horarios de protección al menor.

¿Considera normal que en plena pandemia, con comercios cerrados, restricciones al aforo de eventos deportivos, se sigan permitiendo espectáculos taurinos?

Sinceramente no. Ni lo entiendo ni lo comparto. Al margen de si estamos a favor o no de este tipo de espectáculos, creo que hay que tener cierta lógica. Esto muestra en cierta medida el peso que a veces tienen en ámbitos locales ciertos espectáculos. Me cuesta mucho entender que se estén cerrando negocios por obligación sanitaria y que haya espectáculos como estos.

¿Hay muchas diferencias entre PSOE y Unidas Podemos en materia de derechos de los animales?

Creo que en líneas generales no. Quizá nosotros no tenemos tanto problema en tener debates a la interna y salir con una resolución de propuestas más claras, para lo bueno y para lo malo. Hay cosas como el tema de la tauromaquia, que quizá las organizaciones políticas se deben plantear a nivel interno.

Creo que tengo muchos compañeros y aliados dentro del Partido Socialista para trabajar en torno a estos problemas, pero es cierto que, quizá, nosotros tenemos menos problemas a la hora de afrontar ciertos debates y salir hacia fuera sin tanta duda.

Más allá del problema de la tauromaquia, están trabajando en aprobar un DNI animal, ¿en qué consiste esta medida?

Es uno de los ejes principales de la próxima Ley de Protección Animal. Es un mecanismo para que el control de los animales de compañía sea mucho más exhaustivo de lo que es ahora. Tenemos una situación en la que se abandonan animales, entre los 150.000 y millón de animales al año, y entendemos que se debe crear un registro estatal de animales de compañía para tener cifras oficiales. Esto nos sirve también para saber dónde nacieron los animales, a quién han pertenecido, las vacunas que tienen y para potenciar los mecanismos de control y vigilancia sobre el abandono. Lo hemos llamado DNI porque va a ser un documento personalizado sobre cada uno de los animales que incluirá hasta el ADN de los animales. Esto nos permitirá controlar que en la cría no se den cruces entre animales con más de un 35% de consanguineidad, que es algo que deriva en enfermedades. Son cuestiones muy técnicas, pero van a facilitar el control y la vigilancia sobre los animales de compañía.

Han conseguido que en los próximos presupuestos se incluyan ayudas directas a protectoras de animales, ¿cree que hay que delegar o se debe crear una entidad protectora estatal?

Llevamos mucho tiempo en el que las comunidades autónomas y las administraciones que tenían las competencias, han delegado mucho en las entidades de protección. Sabemos que entre un 70 y 80% de los animales abandonados son gestionados por entidades de protección que llevan años haciendo la labor que debería hacer la Administración Pública. Ahora mismo necesitamos que estas organizaciones se coordinen mejor con las instituciones. Vamos a tratar de dotarles de mecanismos para que se profesionalicen, para que tengan formación y trabajen en establecimientos regulados.

Es importante recalcar que, durante el estado de alarma, las entidades de protección han seguido haciendo la misma tarea que hacían antes de la pandemia, pero con unos ingresos muy mermados, ya que dependen sobre todo de donaciones. Todo esto, en un contexto en el que el abandono de los animales ha aumentado. Por eso entendemos que ahora es necesario dotar de ayudas directas a las entidades de protección. 

Uno de los temas de los que Unidas Podemos habló durante la campaña fue la reducción del IVA a los servicios veterinarios. Sin embargo, esta cuestión se ha quedado fuera de los próximos Presupuestos Generales del Estado.

La bajada del IVA veterinario es un acuerdo de este Gobierno de coalición y será una realidad. No lo ha sido durante estos presupuestos porque se ha acordado que deben ser expansivos y de gasto, sin bajadas de impuestos. Queda pendiente una reforma fiscal y la haremos en los próximos meses, dependiendo del desarrollo de la pandemia. Este compromiso es de legislatura y garantizamos que se hará dentro del marco de la próxima reforma fiscal. Esta reforma no solo repercute en los profesionales, sino en los usuarios de este servicio.

El fotoperiodista Aitor Garmendia ha publicado un informe demoledor sobre la industria porcina española. En él, se pone de manifiesto el incumplimiento sistemático de las normativas de bienestar animal. ¿Cree que las granjas españolas respetan los derechos de los animales?

Es un tema que no se puede tratar a brochazo gordo. Conozco el trabajo de Aitor y del colectivo Tras los muros y creo que es algo que nos pone delante de un espejo. El bienestar de los animales en los espacios de producción es muy mejorable y, de hecho, lo podemos ver en las propias empresas del sector, que cada vez intentan potenciar su imagen en ese sentido, porque saben que la sociedad lo reclama.

Ahora mismo estamos trabajando con Consumo y con Ganadería en diferentes mejoras, pero la competencia es exclusiva del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Queremos mejorar los mecanismos de formación de los trabajadores del sector en la línea del bienestar y se va a aprobar una ley para que se instalen cámaras de vigilancia en el interior de los mataderos, de modo que las autoridades puedan tener herramientas para poder controlar lo que ocurre en el interior.

¿Cree que hace falta mejorar la transparencia para que la población sepa lo que ocurre en los mataderos y granjas industriales?

Sí, sin lugar a dudas, pero en cualquier otro sector también. La sociedad reclama conocer toda la trazabilidad de cualquier producto, lo que supone el rastro de CO2 y el rastro de falta de bienestar animal. Tenemos que avanzar en eso. Tenemos que crear un tipo de etiquetado que establezca los grados de vida o habitabilidad que tienen los animales en los espacios de producción.

Quieren endurecer las penas relacionadas con el maltrato animal, ¿basta con eso? ¿O hace falta impulsar también campañas de concienciación?

Está claro que no solo es necesario endurecer las penas. Es necesario eliminar el sentimiento de impunidad en las sentencias por maltrato animal y esa idea de que sale gratis matar a un animal y mofarse de ello. Eso tiene acabar. Tienen que cambiar las penas y los tipos agravados en función de los mecanismos de maltrato. Pero también se debe plantear con esa finalidad de concienciación y sobre todo de visibilización.

Por ejemplo, estamos trabajando para cerrar acuerdos con las instituciones penitenciarias –porque entendemos que las cárceles son lugares para la reinserción– para que existan mecanismos que cierren el círculo. Es decir, no sólo queremos castigar a la gente con penas más grandes, sino que cuando alguien cumpla la pena no vuelva a reincidir en delitos por maltrato animal.

La pandemia ha puesto sobre la mesa uno de los grandes problemas que había en España relacionados con el maltrato animal, la pérdida de biodiversidad y la transmisión de enfermedades. Le hablo de las granjas de visones americanos, animales considerados reservorios de coronavirus y especies invasoras, ¿cree que es un buen momento para cerrar esta industria?

Sí. Es una de las cosas que tenemos sobre la mesa, no solo por salud pública, sino por bienestar animal. También entendemos que, por una cuestión de biodiversidad y garantía de los espacios y ecosistemas propios, ya que la cría de especies invasoras genera una mayor problemática para los animales autóctonos. Por eso, el mecanismo de salvaguarda debe estar por encima de la producción de este tipo de granjas, que no llegan ni a cuarenta en todo el Estado. Es un buen momento para que este tipo de explotaciones no puedan renovar sus licencias y para empezar a trabajar en la reconversión del sector.

Una de las demandas ecologistas y animalistas es el cambio del modelo alimentario, ¿van a introducir oferta de dietas vegetarianas o veganas en comedores dependientes de la administración pública, como colegios u hospitales?

Hay diferentes factores que hacen ver la necesidad de impulsar estas dietas y hay que empezar por los espacios públicos. La ley de sostenibilidad tiene algunas propuestas en esa línea, por una cuestión de medio ambiente y por una cuestión de rebaja de las producciones intensivas. Esto no quiere decir que no trabajemos junto con la ganadería, pero creemos que las macrogranjas tienen bastante que desear desde el punto de vista ambiental y del bienestar de los animales. Por eso hay que promover una ganadería más local, donde el producto tenga un valor añadido. Para eso, lo que queda es reducir el consumo de productos animales. Hay que trabajar mucho con todos los sectores.