Nació en Puerto Berrío, departamento de Antioquia, pero creció en la clandestinidad, empuñando sus ideales desde la trinchera de las FARC-EP, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo. "Obligado a tomar el fusil para defender a los marginados", Pastor Alape ingresó en la guerrilla de orientación marxista-leninista en 1979, apenas estrenando la veintena. Hasta que llegó un momento en el que las crónicas que perfilaban las fronteras del país siempre cabalgaban sobre sus hombros. Tras pasar por los puestos de mando de varios frentes de combate en los años más sangrientos del conflicto armado, fue designado jefe del Bloque del Magdalena Medio y posteriormente miembro del Secretariado de las FARC.

Firmados en septiembre de 2016, los Acuerdos de La Habana continúan vigentes bajo el tenso escrutinio tanto del Gobierno como de unas FARC reconvertidas, desde finales de agosto de 2017, en partido político: Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, de la que Alape forma parte de su Dirección Nacional. Ejecutivo y FARC continúan sentados alrededor de una misma mesa, ahora denominada Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), la instancia bipartita creada con el objetivo de establecer el cronograma y dar seguimiento al proceso de reincorporación a la vida civil de los miembros de las FARC-EP. Alape es uno de los comensales.

Quizá por toda su trayectoria pretérita y presente es difícil no pensar que, cuando este exguerrillero colombiano mira a los ojos, observa una parte de la historia reciente de Colombia forjada a contrapelo de la versión oficial. Y apenas aparta su mirada para responder. Tras pasar por Ginebra (Suiza), ha visitado Bilbao para exponer la situación del país cafetero a responsables de asociaciones e instituciones en España, entre ellas, el director del Instituto Hegoa, Karlos Pérez de Armiño, y el diario Público.

Poco más de tres años después, ¿qué evaluación hace de los Acuerdos de Paz de La Habana?

El acuerdo no ha fracasado, no es fallido, ha movilizado a la ciudadanía en esa búsqueda de la articulación de la esperanza. No puede verse exclusivamente desde el compromiso con una de las partes firmantes, sino en sus efectos de abrir la democracia. Por supuesto que tiene suprema incidencia que se le cumpla al actor con que se firmó el acuerdo. Y, en ese sentido, hemos sido muy objetivos al manifestar que, de la implementación del acuerdo, apenas habremos alcanzado el 14 o el 16%. La participación en el Congreso o la sostenibilidad de unos recursos para el sostenimiento de los exguerrilleros, o la atención de salud… ninguna de esas acciones puede compararse con la decisión contundente de la dejación de armas, del desmonte de las estructuras armadas, de la disposición de los bienes y del cese al fuego, que fue exitoso.

¿El Gobierno ha cumplido con las responsabilidades que asumió en los Acuerdos?

Lo central no se ha implementado; por ejemplo, la reforma rural integral. El programa de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, que es fundamental y clave para poder quitar el combustible al conflicto, este Gobierno entró a desmontarlo y no ha sido posible que se active. A eso hay que sumarle el número de liderazgos que vienen promoviendo la implementación del acuerdo y que han sido asesinados. Por eso estamos hablando de una política sistemática de aniquilamiento de los firmantes. Lo que se ha constituido es un plan de exterminio contra los firmantes del acuerdo de paz. Ese plan de exterminio se extiende a todos los promotores de la paz en Colombia. El plan concreto es asesinar la paz. Vemos configurado un plan concreto de aniquilar a los defensores, a los promotores y a los firmantes de la paz, una política establecida para que el acuerdo fracase de cualquier manera, al menos físicamente.

Algunos han decidido retomar las armas; entre ellos, Iván Márquez y Jesús Santrich

La decisión que tomaron nuestros antiguos compañeros es una decisión de la que ellos tendrán que responder a la historia y al país. Nosotros la respetamos, pero no la compartimos y nos deslindamos claramente de cualquier posibilidad de asumir un camino en ese sentido, dado que consideramos que estamos en otras condiciones y que es necesario empezar a abrir nuevos escenarios de acción en este siglo XXI. Frente a todos esos asesinatos, lo primero que hemos dicho es que no recurriremos nuevamente a la violencia. La violencia queda proscrita como instrumento de lucha por las ideas. Ese es nuestro compromiso y le hemos dedicado el esfuerzo y todas las energías. En ese sentido, hemos venido exigiendo al Gobierno nacional que convoque al pacto político nacional de todas las fuerzas contra la violencia, es decir, que podamos garantizar que ningún actor político, ningún actor económico, va a promover la violencia. Desafortunadamente, la violencia es parte de la condición de la existencia del partido de Gobierno y es quien ha venido polarizando y promoviendo el odio en el territorio.

O sea, que el incumplimiento o el cumplimiento parcial por parte del Gobierno de los Acuerdos, ¿en ningún caso justificaría ya un regreso a las armas?

El acuerdo de paz no lo vemos solo desde el cumplimiento estricto a los exguerrilleros en la implementación del acuerdo. Lo vemos como el conjunto de factores que requiere la sociedad colombiana para su transformación. El acuerdo ha despertado el surgimiento de una nueva ciudadanía que se manifiesta en estos tiempos posmodernos. Hay otras realidades políticas que hoy nos esforzamos por comprender. Vemos una ciudadanía muy activa en ese proceso del tejido colectivo de la esperanza de la paz.

¿Por qué ahora esa postura tan clara en contra de la violencia? ¿Por qué no antes?

El conjunto de la organización tomó la decisión de mantener el proyecto político de FARC en el marco del nuevo escenario de la democracia y para profundizar la democracia. Y el colectivo, la mayoría, nos la jugamos para dar la pelea por establecer un nuevo campo de batalla, que es el campo de las ideas y de la acción permanente para fortalecer esos espacios de la democracia y la participación política. Es la mayoría, la decisión del colectivo, en la décima conferencia, que llevó a afirmar y a refrendar el acuerdo de paz. A partir de esa decisión colectiva, asumimos esa línea de acción política y nos la jugamos toda en ese escenario de la construcción de paz, de construir una cultura de paz. A eso le apostamos y en eso estamos.

Regresando a los Acuerdos de Paz de La Habana, esta vez al otro de los firmantes, ¿ha cumplido y está cumpliendo las FARC con los compromisos adquiridos?

Las FARC empezó cumpliendo lo fundamental, que se cumplió al cien por cien: el cese al fuego. Se cumplió con la dejación de las armas. Cumplimos la disposición de los bienes para la reincorporación y la reparación a las víctimas, que era como inicialmente había quedado en el acuerdo. Y hemos venido trabajando en otras acciones: en la sustitución de cultivos de uso ilícito; en el desminado humanitario, para descontaminar los territorios a partir de la información de la que disponemos de los territorios afectados por nuestra acción; estamos desarrollando acciones en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas; estamos compareciendo ante la Comisión de la Verdad, entregando nuestra versión del conflicto; y estamos compareciendo ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), frente a todos los hechos que se impugnan a la organización. Nuestra disposición ha estado cien por ciento dedicada a las tareas del acuerdo.

En todo caso, esa decisión de abandonar las armas y ese rechazo explícito a la violencia, ¿continúa siendo un debate abierto en el seno de las FARC? ¿En ningún caso el asesinato de exguerrilleros puede hacer quebrar ese compromiso contra la violencia?

La política se hace sobre realidades, no sobre deseos. Y por supuesto, a la política la acompañan las emociones colectivas. Y aquí hay una emoción colectiva en cuanto a la sociedad colombiana, que es el cansancio de la guerra: la gente ya no quiere más guerra en Colombia. Las elecciones presidenciales de 2018 le dieron un número importante de votos al candidato del cambio [Gustavo Petro], con más de ocho millones de votos. Después vino la consulta anticorrupción y hubo una ciudadanía que votó por el cambio, diciendo que esto no puede seguir así, polarizado, donde se roban los recursos, donde los sectores de poder se apropian de los recursos públicos. En las últimas elecciones, en las regionales, el partido de Gobierno salió derrotado en las regiones donde más incidencia tenía, como Antioquia y Medellín. Es decir, hay unos mensajes de una sociedad que quiere otra cosa. Y el pasado 21 de noviembre, en una movilización urbana, la ciudadanía se mostró con decisión por la paz. La gente hoy se la está jugando en escenarios diferentes, en la movilización. Todos esos elementos son los que fortalecen esta decisión. Es el mensaje que encontramos en Colombia.

Esa misma sociedad colombiana a la que se aferras, ¿realmente quiere a las FARC como partido en las estructuras de Gobierno?

La construcción de paz no implica necesariamente que la gente salga a apoyar al firmante y menos en la sociedad colombiana, en donde hay otras fuerzas de cambio alternativas, que es donde se ha manifestado más el voto. Por ejemplo, en el voto por Petro [senador del partido Colombia Humana], que representa en este momento las aspiraciones de cambio de la sociedad colombiana. El acuerdo no se puede medir por la simpatía que tenga el partido que surge de los firmantes del acuerdo, en definitiva. Nosotros llegamos al acuerdo de paz, a esa construcción, con una carga muy negativa sobre nuestros hombros. De alguna manera, también con una narrativa que se impuso. Nos ganaron la narrativa de la guerra: mucha gente nos mira como narcos, como terroristas, como violadores, etc. Desmontar eso no se hace con un decreto. Son las acciones que tiene que desarrollar la fuerza política que surge del acuerdo.
Como partido ya estamos desarrollando acciones dirigidas a poder desmontar esa estigmatización. Hoy el debate es si somos realmente capaces de estructurar un partido para estos tiempos o si nos quedamos como una organización de exguerrilleros nostálgicos. El dilema es si queremos ser realmente un partido con perspectiva de gobierno o, sencillamente, somos y nos mantenemos como una confraternidad de lo que fue un proyecto político. Ese es el desafío que tenemos para mantenernos como fuerza política: ver si somos realmente el partido que aspira a mantener el legado histórico de las transformaciones por las que se empeñó las FARC a lo largo de toda su historia acompañando a los marginados de Colombia, a los sectores juveniles, a los sectores que piensan, si somos capaces de recogerles a todos ellos, de interpretarles, de elegir unas direcciones abiertas y amplias.

En su discurso esgrime una serie de conceptos, que nos gustaría que definiera. ¿Qué es la violencia? ¿Y quién o quiénes son las víctimas?

La violencia… la violencia política, que es a la que me estoy refiriendo aquí, es la que trata de evitar, a través de medios violentos, agresivos, que otra persona u otro grupo u otro partido pueda actuar en política. Las víctimas son las personas que han sufrido la actividad de la violencia política, quienes han sido afectadas directamente como consecuencia del conflicto.

¿Hubo violencia por parte de las FARC guerrilla? y ¿hubo y hay víctimas por parte de las FARC guerrilla?

Por supuesto. Cuando nosotros nos planteamos la violencia como parte de la respuesta a la violencia, es decir, la violencia revolucionaria como contraparte a la violencia reaccionaria o a la violencia estatal o a la violencia de Estado, estábamos aplicando una violencia. La violencia como partera de la historia, como parte de la construcción de nueva sociedad, es un clásico. Somos claros: generamos víctimas. Toda guerra es violenta y genera víctimas. No hay ninguna guerra que no genere víctimas.

A raíz de estas definiciones y reflexiones, ¿se sientes víctima y también victimario, verdugo? Si fuera así, ¿se has perdonado a sí mismo?

En el contexto en el que me he movido no tengo esa carga de conciencia porque no lo elegí. Aquí hay un responsable y, en términos de civilización y de construcción de civilización, desde que surge el Estado como un ente que tiene que responder por la vida y la seguridad de los ciudadanos, el responsable, el victimario fundamental, es el Estado. Por eso no tengo cargas por haber elegido tener que enfrentar una violencia institucional con una violencia desde las comunidades. Los muertos que pusimos antes, las víctimas que nos pusieron, todo eso nos obligó a que tuviéramos que levantarnos en armas.

¿Cómo vive el paso de una vida dedicada a la guerra, con la violencia que eso implica, a una vida dedicada a la construcción de la paz?

A veces los espacios para esas reflexiones no son muchos. Todavía no tengo el tiempo de sentarme a escribir o a pensar esos episodios porque el ritmo de trabajo es el que es.

¿Echa en falta esa reflexión personal?

Sí, claro. Sobre todo, reflexión en el sentido de poder reafirmarse uno en lo que está haciendo. Y la reafirmación en cómo hacerlo mejor.