Entrevista a Irene Sabaté"La desposesión de la vivienda tiene mucho que ver con el patriarcado"

La antropóloga Irene Sabaté (Zaragoza, 1979) recibe a Público en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona (UB), donde imparte clases de antropología económica y urbana. La entrevistamos con motivo de la publicación de su nuevo libro, Un lugar donde volver (Bellaterra Edicions, 2024), en el que, a través del testimonio de una treintena de mujeres, explica cómo interactúan la crisis de la vivienda y el patriarcado.

Los salarios bajos, la violencia machista y las responsabilidades de cuidados son solo algunos de los factores que dificultan la proyección de futuro de las mujeres. Estos obstáculos limitan su capacidad para decidir dónde y cómo quieren vivir, un concepto que la autora define como "soberanía residencial". Sabaté participó en la fundación del Sindicat de Llogateres en 2017 y es miembro de la Junta del Observatorio DESCA.

Es interesante el título del libro: Un lugar donde volver. Más allá del lugar físico donde dormir, ¿qué dimensión simbólica o social tiene el hogar?

Muchas veces construimos el hogar como el lugar donde empieza y termina el día, pero a su vez es un lugar de refugio. No solo en términos meteorológicos, sino también de bienestar. Muchas de las mujeres que entrevisté verbalizaron algo similar a este "lugar donde volver", tanto para ellas como para las personas dependientes de ellas. Incluso las mujeres que se encontraban en una situación residencial mínimamente estable mostraban preocupación por qué acceso a la vivienda tendrían sus hijos. Para ellas, era importante proveerles un lugar de referencia al que pudieran regresar cuando lo necesitaran.

¿Qué repercusiones tiene, por tanto, no disponer de un lugar estable donde volver?

Hablo del concepto de "seguridad ontológica", que hace referencia a la certeza y la capacidad de planificar un proyecto de vida. Esto está estrechamente vinculado a tener un hogar y saber dónde vivirás.

Uno de los objetivos del libro es reformular el concepto de vivienda, entendido a menudo como un espacio feminizado y privado, pero que para usted es un elemento clave de la reproducción social. ¿Qué quiere decir exactamente esto?

La casa es esencial para garantizar la continuidad de la vida y constituye un elemento clave en las trayectorias vitales de las personas. Por tanto, cuando se dificulta o precariza el acceso a la vivienda, entendiéndola no solo como un techo y cuatro paredes, sino como un lugar donde sentirse realmente en casa, se pone en riesgo la capacidad de tener control sobre la propia vida y proyectarse hacia el futuro.

La vivienda se ha convertido en la principal preocupación de los catalanes, según la última encuesta del CEO, y la mitad de los inquilinos del Estado teme perder su casa en los próximos seis meses, según un informe de IDRA. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Ha sido un proceso largo que se remonta a la burbuja inmobiliaria vivida en España entre 1997 y 2007. En esa época, se asoció el crecimiento económico "milagroso" al mercado de la vivienda, del suelo y al mercado hipotecario. Este modelo económico, junto con las políticas orientadas a la economía de la construcción, son el origen de todo esto.

Para mucha gente, la vivienda de propiedad simbolizaba la movilidad social ascendente, un progreso personal y familiar que reflejaba todas sus aspiraciones. No era solo un techo para la familia, sino que, en un contexto de precios al alza, generaba un efecto de riqueza, incluso para las clases trabajadoras y las personas migradas de primera generación provenientes del sur global. Estas personas accedían al mercado de la vivienda directamente a través de la compra, gracias a las facilidades que se les ofrecieron, aunque las condiciones en las que otorgaban los créditos eran adversas, como se evidenció posteriormente.

Todo esto culminó con el estallido de la burbuja en 2008, cuyas consecuencias aún perduran. Aunque actualmente ya no vivimos una avalancha de desahucios como las que ocurrieron en los primeros años, cuando surgió la PAH, la crisis ha tomado una nueva forma. A partir de 2014, la forma en que se gestionó la crisis hipotecaria desplazó el problema al mercado del alquiler.

Como resultado de estos dos golpes consecutivos, un amplio sector de la población no tiene expectativas de acceder a la vivienda. Algunos porque vivieron diversos reveses que los llevaron a situaciones de infravivienda o ocupación; otros, especialmente los jóvenes, porque ven imposible emanciparse con los precios tan elevados.

“La crisis de la vivienda pone en peligro la reproducción social y la proyección de futuro de muchas personas”

¿Se puede hablar de crisis cuando hace tanto que dura?

Debemos repensar el término. Es una crisis que pone en peligro la reproducción social y la proyección de futuro de muchas personas. Cuando esto se generaliza y afecta también a los hijos e hijas de las clases medias, es cuando surge la sensación de que el problema es grave, pero han pasado muchos años y ya se han alzado muchas voces alertando sobre ello previamente.

¿Las políticas de vivienda actuales tienen en cuenta que las mujeres sufren aún más las consecuencias de la injusticia habitacional?

No, en absoluto.

Pero es una realidad que la lucha por la vivienda está liderada por mujeres.

No solo eso, sino que las usuarias que acceden a las oficinas de vivienda o de servicios sociales son fundamentalmente mujeres. El Estado sabe que son las más precarizadas, hay datos muy claros que demuestran la feminización de la pobreza, y aún así no reacciona. Lo que intento defender es que la desposesión de la vivienda tiene mucho que ver con el patriarcado. No significa que todas lo suframos igual, es evidente que no es lo mismo una mujer migrante en situación administrativa irregular trabajando de interna en una casa burguesa, que una mujer de clase media con una profesión liberal y acceso mínimo a la propiedad.

Por eso es necesario abrir la caja negra de los hogares y ver cómo, incluso en casas con relaciones heterosexuales, la mujer suele estar en una posición de subordinación. Por supuesto, las familias monoparentales, las mujeres mayores que viven con una renta antigua de alquiler o las mujeres migrantes que llegan solas tienen una situación más precaria. Pero, en general, vemos dinámicas que hacen que ellas salgan peor paradas de la crisis de la vivienda.

¿Por qué la maternidad es un riesgo de precariedad residencial?

Hay varios puntos de inflexión a lo largo de un ciclo doméstico. Entrevisté a mujeres que habían sido madres y que siempre se habían visto obligadas a cambiar de lugar por dificultades económicas, porque acababa un contrato o porque las condiciones laborales exigían un desplazamiento. Habían vivido de manera móvil, pero cuando tuvieron hijos, tomaron conciencia de que eso era un problema.

Una de las mujeres tomó conciencia de que sufría pobreza energética cuando se dio cuenta de que la temperatura de su casa no era adecuada para el bienestar de su hijo.

Exacto. Este caso ejemplifica cómo la pobreza energética puede afectar a personas con ingresos estables, como esta mujer, que tiene un salario, un contrato indefinido y trabaja como funcionaria. No se trata de casos extremos de exclusión residencial, sino de personas en una situación aparentemente normalizada que, con la maternidad, toman conciencia de la precariedad que sufren.

Pensando en la manifestación por la vivienda de noviembre, ¿cree que las personas con una mínima comodidad residencial se sienten interpeladas por esta lucha?

Se ha avanzado mucho en la construcción del sujeto colectivo de los inquilinos. Antes del nacimiento del Sindicat de Llogateres, en 2017, en Catalunya poca gente se identificaba como tal, ya que se percibía como una situación transitoria hacia la propiedad. Progresivamente, se ha logrado que las personas se identifiquen como inquilinas, reivindiquen sus derechos y denuncien el rentismo y las prácticas abusivas de algunos arrendadores.

Se ha extendido esta identidad y se ha dotado de potencia política, pero, todavía ahora, hay personas que la evitan y, si pueden, acceden a la propiedad, como por ejemplo a través de un piso familiar. Eso no significa que no se las pueda interpelar. No es un movimiento exclusivo de los inquilinos, sino un movimiento por el derecho a la vivienda. El segundo Congreso de la Vivienda de Catalunya, en febrero, será crucial para ver la conexión del movimiento y su proyección a escala catalana.

“El segundo Congreso de la Vivienda de Catalunya, en febrero, será crucial para ver la conexión del movimiento y su proyección a escala catalana”

¿Por qué en Catalunya hay más aspiración a la propiedad que en los países del norte de Europa?

Esta aspiración existe en Catalunya, España y en el sur de Europa en general. Coincide con los países donde el régimen de bienestar no se fundamenta en la provisión estatal, sino en gran medida en la red familiar. En situaciones más volátiles, la gente no confía en que el Estado los salve, pero sí cree que la familia podrá acumular un patrimonio inmobiliario. Muchos proyectos de vida pasan por el acceso a la propiedad porque proporciona esa sensación de seguridad.

¿Qué diferencia una vivienda cooperativa de compartir piso?

La vivienda cooperativa contempla un espacio de intimidad propio, aunque incluye zonas comunes, como las lavanderías, y busca crear vínculos con las otras vecinas y cooperativistas. Es necesario reivindicar que las viviendas tengan una gradación entre lo privado y lo público, con espacios intermedios que faciliten la ayuda mutua y la compartición de tareas reproductivas, a menudo privatizadas.

Son una buena oportunidad que difieren completamente de los colivings, que son formas de re-alquiler más tradicionales, como las que vivieron los migrantes del sur de España que llegaron a Barcelona a mediados del siglo XX.

“Debemos reivindicar que las viviendas tengan una gradación entre lo que es privado y lo que es público, con espacios intermedios que faciliten la ayuda mutua"

¿Se podrían replicar las viviendas cooperativas a gran escala? ¿Todo el mundo podría unirse a ellas?

Tal como están planteadas actualmente, las viviendas cooperativas siguen siendo una práctica minoritaria, con diversos condicionantes y obstáculos de acceso, siendo el principal de carácter económico. Aunque se planteen con rentas mensuales asequibles, el pago inicial puede ser equivalente al de una vivienda de compra, dependiendo de los porcentajes, y no todo el mundo puede afrontar ese gasto inicial. Harían falta modelos cooperativos en suelo público que abarataran el gasto o nuevas modalidades de crédito que lo hagan más accesible y replicable.

Además, hay muchos obstáculos burocráticos que deben superarse, siendo el principal el acceso al crédito para la promoción. La falta de financiación asequible es un problema. También se necesita un compromiso con un grupo de personas para crear una cooperativa, y no todo el mundo puede invertir tanto tiempo. A pesar de ello, entidades como Sostre Cívic, gracias al conocimiento acumulado, están logrando replicar más rápidamente los procesos de creación.

En el libro plantea el concepto de "soberanía residencial".

Es un concepto amplio que implica tener el control y la capacidad de decidir las condiciones en las que vivir: el hábitat, la ubicación, la configuración doméstica y la forma de tenencia, es decir, si quieres alquilar o comprar. A nuestro alrededor, la mayoría de la gente no ha decidido nada de eso. Tampoco puede elegir el tamaño de la vivienda, ya que vivimos en espacios más pequeños de los que realmente necesitamos.

Esto se hace evidente cuando llegan hijos e hijas y no hay posibilidades de acceder a un piso más grande. La soberanía residencial es la reivindicación del control sobre nuestra vida, no solo individualmente, sino también en función de las necesidades del grupo doméstico que cohabita.

“La soberanía residencial implica tener el control y la capacidad de decidir las condiciones en las que vivir”

¿Cómo podemos llegar a ser soberanos en este ámbito?

Hay personas que ejercen más su soberanía residencial que otras. Comparando y analizando los condicionantes que impiden a ciertos individuos ejercer algún tipo de control sobre dónde viven, podemos identificar qué factores se deben modificar. La mercantilización y financiarización de la vivienda, así como el hecho de que el mercado inmobiliario esté cada vez más sujeto a las dinámicas financieras globales, son factores claros que dificultan el ejercicio de la soberanía residencial.

Ha mencionado que la perspectiva feminista es imprescindible en la lucha por el acceso a la vivienda. ¿Qué cambios legislativos deberían implementarse?

Hay uno muy claro. Muchas de las mujeres en situaciones de exclusión residencial que entrevisté eran a la vez supervivientes de violencia machista. Lamentablemente, cuando escapas de tu hogar por una situación de este tipo, a ojos de la administración no eres una persona desahuciada y, por tanto, no tienes los mismos derechos que alguien que ha sufrido un desahucio judicial por impago.

Como si se marcharan voluntariamente de casa.

Si no has interpuesto una denuncia, y sabemos los condicionantes que implica denunciar, y no puedes acceder a viviendas destinadas a mujeres que han sufrido violencia, te encuentras a tu suerte en un mercado inmobiliario muy excluyente. Se debería poder reconocer su estatus como personas desahuciadas y que puedan acceder a las mesas de emergencia que asignan viviendas sociales. Lo que pasa es que hay una lista de espera enorme y, mientras tanto, lo máximo que se les ofrece es una pensión, un lugar totalmente inapropiado. No hay intimidad, no puedes cocinar para tus hijos…

“Las obligaciones de cuidados fuerzan a muchas mujeres a aceptar opciones residenciales adversas”

¿Qué otras medidas deberían aplicarse?

Proveer un parque de vivienda público y asequible tendría un impacto directo en la situación de las mujeres. Una de las cuestiones que ha surgido son las convivencias no deseadas; muchas mujeres se quedan con sus parejas, aunque no quieran y sin que haya violencia explícita, porque no tienen dónde ir. Esto explica por qué hay menos mujeres sin hogar. No solo la calle es más peligrosa para ellas, sino que también tienen hijos a su cargo. Las responsabilidades de cuidados obligan a muchas mujeres a aceptar opciones residenciales adversas.