Las comunidades del PP mantienen su boicot a la Ley de Vivienda casi dos años después de su aprobación

Casi 20 meses después de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, las comunidades autónomas gobernadas por el PP mantienen su rechazo a aplicar la declaración de zonas tensionadas, mientras Catalunya, pionera en su aplicación, anuncia ya un régimen sancionador para quienes la incumplan.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado esta semana que en 2025 su Govern aprobará un régimen sancionador para quienes incumplan la normativa y enviar "un mensaje claro a quienes quieran especular: la ley está para cumplirse y las viviendas son para vivir".

Mientras en Catalunya son ya 271 los municipios, donde reside el 90% de la población, los acogidos a la zona de mercado tenso de la vivienda, solo en tres de las restantes 16 comunidades está el proceso en marcha y será efectivo el próximo año, según la información recabada por las distintas delegaciones de EFE.

País Vasco, Navarra y Asturias

En Euskadi, el Gobierno Vasco quiere acelerar la declaración de zonas tensionadas en los 43 municipios que cumplen los requisitos -en los que reside el 68% de la población, entre ellos las tres capitales-, de los que por el momento solo la localidad guipuzcoana de Errenteria ha recibido ese reconocimiento.

En Navarra el Gobierno se encuentra en proceso de declaración de zonas tensionadas y durante 2025 se modificará la ley para incluir el régimen sancionador para quien no cumpla los límites de alquiler en esas zonas.

El Gobierno asturiano, que también ha expresado su "respaldo inequívoco" a la Ley de Vivienda, no ha declarado por el momento zonas tensionadas aunque está previsto que a lo largo de 2025 se haga con dos barrios de Gijón a petición del Ayuntamiento.

El otro ejecutivo autonómico socialista, el castellanomanchego de Emiliano García-Page, ha explicado a EFE que si un ayuntamiento quiere acceder a esa declaración tendría que elaborar los informes pertinentes y someterlos a información pública y a participación ciudadana.

Las comunidades del PP mantienen su rechazo

Varios gobiernos autonómicos populares han explicado a EFE que sí aplican la Ley de Vivienda, pero desde luego rechazan las zonas tensionadas.

Entre ellos el andaluz, que ha dejado claro que aplica desde el primer día la Ley de Vivienda, pero no medidas intervencionistas como las zonas tensionadas porque considera que, además de no ser obligatorias, generan el efecto contrario al suponer una subida de precios y retirada de inmuebles del mercado.

La Junta de Andalucía, como otros ejecutivos autonómicos, ha anunciado medidas con una orientación diferente, en su caso un plan de choque para impulsar la creación de 20.000 nuevas viviendas protegidas mientras se tramita la nueva ley de vivienda de Andalucía.

Es el caso de Aragón, donde fuentes del ejecutivo han confirmado que no se van a declarar zonas saturadas, no solo porque tendría un efecto "perverso" sino porque solo hubo un municipio que lo solicitó (Canfranc) y lo retiró después de ver los planes del Gobierno autonómico en esta materia, que pasan por el impulso a la vivienda pública de alquiler asequible, que se plasma en el Plan Aragón Más Vivienda 2024-2030.

Y el de Murcia, donde el Gobierno regional ha subrayado que no aprobará ninguna zona tensionada porque "no tiene un efecto real en el aumento de oferta de vivienda" y porque ningún municipio lo ha solicitado.

El Ejecutivo murciano pide además al Gobierno central que en lugar de "imposiciones e intervencionismo" opte por el diálogo con las comunidades para implantar soluciones en la línea de las suyas, como la colaboración público-privada, la puesta en valor de suelos públicos o la simplificación administrativa.

En Castilla y León la Junta no aplicará la Ley de Vivienda porque, a su juicio, su "fracaso" ha quedado "constatado" y porque prefiere disponer de "políticas muy útiles" para este fin, como las ayudas al alquiler, para la adquisición de avales a los jóvenes que adquieran su primera vivienda o las deducciones fiscales.

La Generalitat Valenciana no acepta intromisión y sostiene que la política de "intervencionismo" y limitación de precios provoca "el efecto contrario", por lo que apuesta por fomentar la construcción de vivienda y para ello ha aprobado un plan que prevé poner en el mercado 10.000 pisos en cuatro años.

El Govern balear no aplica las medidas de limitación de precios del alquiler porque las considera ineficaces y contraproducentes y de hecho ha reclamado su derogación, a la vez que confía en que sus políticas de incentivos para incrementar el número de pisos en alquiler en el mercado y fomentar la construcción de viviendas de precio tasado comiencen a dar frutos en 2025.

Ayuso encabeza el boicot

En Madrid la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha reiterado que no aplicará la Ley de Vivienda, que considera "nefasta" y una "barbaridad que está disparando los precios en España", aunque alcaldes socialistas de nueve municipios han impulsado una iniciativa legislativa municipal para trasladarla al Parlamento regional con el objetivo de presionar para la aplicación de la normativa.

Cantabria aplica la Ley, pero no la parte potestativa de declaración de zonas tensionadas, igual que Extremadura, donde la presidenta, María Guardiola, defiende aún así su derogación por entender que es "intervencionista e ideológica" y genera "efectos negativos", como la inseguridad jurídica.

También la Xunta de Galicia "acata la Ley Estatal de Vivienda" pero "no está de acuerdo" con la declaración de zonas tensionadas, aunque está dispuesta a hacerlo si algún ayuntamiento lo "solicita formalmente" y con la "documentación necesaria", y por ello ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Constitucional, como han señalado a EFE fuentes de la Consellería de Vivienda.

Por su parte, el Gobierno de La Rioja ha reiterado que no aprobará zonas tensionadas porque es "una medida que ha demostrado ser fallida allí donde se ha aplicado".

En Canarias tan solo cuatro municipios han pedido ser zona tensionada, entre ellos Las Palmas de Gran Canaria, y el Gobierno de coalición CC-PP se ha mostrado crítico con la intervención directa en el mercado y el límite de precios y ha aprobado un decreto que se centra principalmente en sacar al mercado del alquiler inmuebles vacíos para que puedan destinarse a uso habitacional.