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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea anula una multa de 1.490 millones a Google por abusos con AdSense

En su día Bruselas sancionó al buscador por imponer una serie de cláusulas restrictivas en los contratos de publicidad con webs de terceros. La Justicia europea considera ahora que no se tuvo en consideración la duración de esas cláusulas.

Un logo de Google en un teléfono inteligente. (Archivo).
Un logo de Google en un teléfono inteligente. (Archivo). Mateusz Slodokowski / Europa Press

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló este miércoles una multa de 1.490 millones de euros impuesta por la Comisión Europea a Google en 2016 por abuso de posición dominante a través de su plataforma de publicidad AdSense.

En su día, Bruselas consideró que Google abusó de su dominio en el mercado al imponer una serie de cláusulas restrictivas en los contratos con webs de terceros, que impedían a los rivales de Google colocar sus anuncios de búsqueda en estos sitios web.

El fallo, sobre el que todavía cabe recurso, confirma "la mayor parte" de los argumentos de la Comisión Europea, pero tumba la decisión de por no haber tenido en cuenta "el conjunto de las circunstancias pertinentes en su examen de la duración de las cláusulas contractuales que había calificado como abusivas". 

Según el TJUE, la Comisión "no ha demostrado que las tres cláusulas que había identificado constituyan cada una un abuso de posición dominante y que juntas constituyan una infracción única y continuada" de la legislación. El tribunal general anula la decisión de la Comisión en su totalidad.

Por otra parte, el tribunal ha confirmado en gran medida una multa de la Comisión al fabricante de chips estadounidense Qualcomm por abuso de su posición dominante al suministrar microchips UMTS a dos de sus principales clientes, Huawei y ZTE, a precios inferiores a sus costes, con el objetivo de eliminar a Icera, su principal competidora en aquel momento. El tribunal general fija el importe de la multa en aproximadamente 238,7 millones de euros, frente a los 242 millones de euros impuestos por la Comisión Europea.

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