El Supremo confirma la anulación de la mayor privatización de la Generalitat

El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de 2015 que anulaba la adjudicación de la gestión de Aigües Ter Llobregat (ATLL) a un consorcio liderado por Acciona en 2012 y que estaba valorado en unos 1.000 millones de euros.

Aquella operación fue la mayor privatización realizada por la Generalitat de Catalunya, que, junto con la de Tabasa y Túnel del Cadí, le permitió cumplir con el objetivo de déficit del 1,5% de aquel año.

El Supremo confirma la decisión tomada por el organismo que revocó la adjudicación del contrato de abastecimiento de agua del Alto Ter-Llobregat, una concesión a 50 años y en la que el consorcio adjudicatario desembolsó ya casi 300 millones de euros.

La sentencia se pronuncia sobre los recursos presentados por la Generalitat y la compañía Aguas de Barcelona (que impugnó el concurso) pero queda pendiente una resolución sobre el recurso presentado por el grupo Acciona, aunque el Supremo acostumbra a mantener un criterio uniforme en sus sentencias.

Agbar había recurrido ante el Supremo para que no se anulara toda la concesión, sino que se excluyera a Acciona, pero el tribunal ha concluido que no se han infringido los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad, transparencia de los procedimientos e igualdad de trato para todos los licitadores.

En su fallo, el Supremo ratifica que "la licitación exigía y exige las consecuencias a las que llegó la sala de Barcelona", esto es, suprimir la exclusión de la oferta de Acciona, que se ajustó a la literalidad del pliego, pero también mantener la nulidad de la adjudicación del contrato porque la oferta de Agbar se ajustó a la aclaración recibida y esto afectó a esa decisión.

Acciona pedirá que le devuelvan 300 millones

En el informe anual de sus cuentas de 2016, Acciona señaló que no ha provisionado ningún importe por este contrato al considerar recuperables "íntegramente" las cantidades registradas en el balance.

La compañía que preside José Manuel Entrecanales ha indicado en distintas ocasiones de que, en caso de que se acabara anulando el contrato, exigiría a la Generalitat la devolución de los 300 millones de euros que abonó en el momento de la adjudicación como primer pago del canon concesional.

De su lado, el secretario de Economía de la Generalitat, Pere Aragonès, cifró en el verano de 2016 en 400 millones el coste que tendría para la Generalitat recuperar la gestión pública de la concesión de ATLL.

Este importe es el que resultaría de sumar al dinero ya pagado por los adjudicatarios, unos 330 millones, la indemnización por lucro cesante (unos 850 millones), y de restar el dinero del canon que dejarían de pagar a la Generalitat durante el resto del contrato.

La CUP reclama recuperar la gestión "directa, pública, transparente, participativa y democrática" de ATLL

Ahora se abre una incógnita sobre el futuro de esta concesión, que abastece de agua a unos 4,5 millones de habitantes de Barcelona y varias comarcas del entorno, aunque el propio contrato establece que la compañía deberá seguir dando servicio a la espera de que se esclarezca la situación definitiva del mismo. 

Tras el fallo del Supremo, la CUP ha reclamado al resto de grupos parlamentarios del Parlament trabajar conjuntamente para recuperar la gestión "directa, pública, transparente, participativa y democrática" del servicio de abastecimiento de agua y, en concreto, de la empresa Aigües Ter-Llobregat (ATLL).

La CUP recuerda que, en las negociaciones con JxSí tras las elecciones del 2015, ya expresaron la necesidad de la recuperar la titularidad pública de ATLL y, finalmente, esto se incluyó como "disposición adicional" en la ley de acompañamiento de los Presupuestos de 2017.

Los anticapitalistas lamentan cómo se ha gestionado la adjudicación de ATLL desde el primer día y exigen que la Generalitat aleje los servicio básicos para la vida "de los intereses mercantiles de empresas privadas transnacionales".