El vehículo de inversión preferido de muchas grandes fortunas españolas, las célebres sicav, siguen perdiendo interés para sus accionistas, a medida que se intensifican los mensajes desde el Gobierno sobre una inminente revisión de sus privilegios fiscales, que en realidad nunca acaba de llegar. Sólo en 2020 se retiraron de ellas más de 1.200 millones de euros.

El último aviso se produjo en noviembre, con motivo de la comparecencia de la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, donde habló de exigir requisitos adicionales a las sicav, entre ellas una participación mínima de 2.500 euros por accionista.

Actualmente, sólo se les pide que tengan un capital igual o superior a 2,4 millones y que cuenten con al menos cien socios, lo que da lugar a corruptelas como que el control recaiga sobre un inversor potente y el resto sean simples comparsas, a los que en el argot se les conoce con el sobrenombre de mariahis.

La idea de una regulación más estricta de las sicav no es nueva: ya en 2015, las principales formaciones políticas (PP, PSOE, Ciudadanos, Izquierda Unida y Podemos) se mostraron partidarias de acometerla, aunque con distintos grandes de intensidad.

El frustrado acuerdo entre Albert Rivera y Pedro Sánchez, para la investidura del líder socialista en 2016, contemplaba medidas destinadas a combatir el fraude en las sicav, devolviendo su supervisión a la Agencia Tributaria, donde ya residía antes de que se encomendara a la CNMV, que dispone de menos medios especializados.

Una propuesta similar se incluyó en el pacto que sustenta desde hace un año al Gobierno de coalición, donde figura también el compromiso de limitar la concentración de capital en manos de una sola persona física o jurídica, para garantizar que las sicav sean un verdadero instrumento de inversión colectiva y no de elusión fiscal.

Los beneficios obtenidos por estas sociedades están gravados con el 1%, en vez de al tipo general del 25%, aunque las plusvalías obtenidas por sus socios al vender las acciones sí soportan la misma fiscalidad que el resto de los contribuyentes en el IRPF.

Muchos grandes fortunas han ido buscando alternativas a las sicav, ya sea mediante fusiones, reconvirtiéndolas en sociedades ordinarias o en fondos de inversión o llevándose directamente el dinero a países con una legislación más favorable a sus intereses, como es el caso del paraíso fiscal de Luxemburgo.
Eso ha contribuido a que disminuya el patrimonio de las sicav, en una época en que su rendimiento se ha moderado significativamente, debido sobre todo a que la ni la renta fija ni la variable proporcionan las mismas ganancias que en sus buenos tiempos.

El descenso del patrimonio fue del 3,19% en 2020, después de la retirada de 1.237,6 millones de euros netos, que contrastan con los 1.556,3 millones de captaciones netas registradas durante el ejercicio anterior, según datos facilitados por la consultora especializada VDOS.

La patronal del sector, Inverco, contabilizaba a 31 de diciembre último un total de 2.434 sicav, con 382.645 accionistas y un patrimonio conjunto de 27.598 millones de euros, mientras que en 2015 había 3.409 sociedades, con 486.749 accionistas y que totalizaban un patrimonio de 34.082 millones.

Uno de los argumentos fundamentales de los defensores de mantener la actual regulación es que una normativa más estricta haría que los inversores optaran por expatriar sus capitales, pero lo cierto es las últimas estadísticas de la CNMV ya cifraban en sólo el 16,6% la parte del patrimonio de las sicav que se invierte en España.