Los repartidores dejan Madrid sin periódicos para dignificar sus condiciones laborales

Se ha cumplido una semana desde que los trabajadores que se encargan de repartir la prensa escrita en la Comunidad de Madrid han hecho un paro coordinado e indefinido. Todo empezó cuando Boyacá, la empresa que gestiona el transporte, se negó a ceder lo más mínimo en lo relativo a los recortes que piensan hacer a los repartidores a partir de este 31 de agosto. Dichos recortes suponen la eliminación de 130 puestos de trabajo, el 50% de los actuales, y reducir hasta la mitad el salario de los trabajadores que se quedarían. Por ello, los afectados, reunidos en asamblea y en la propia central operativa de la empresa en Torrejón de Ardoz, decidieron empezar una huelga nunca antes vista.

Resalta la idiosincrasia de este paro, al que oficialmente no se le podría denominar huelga, ya que los casi 300 trabajadores que actualmente ofrecen sus servicios a Boyacá no están en las listas de empleados de la empresa. En teoría, trabajan de forma autónoma, pero en la práctica es la empresa la que decide qué ruta hacen, sus horarios y cuánto les paga por ello. 

Óscar Cárdenas, portavoz de la Asamblea Permanente en la que se han constituido los repartidores, más conocidos en el sector como ‘ruteros’, asegura el rotundo éxito de la movilización, "incluso con los intentos por parte de Boyacá de repartir la prensa de forma ilegal", según puntualiza. Preguntado por Público, este repartidor que lleva 25 años en activo dice que es la propia empresa la que está buscando desesperadamente repartidores, ya que sin los 260 que han decidido no hacerlo, les es imposible. "Están sacando repartidores de gente que normalmente trabaja en el almacén y ahora viene con sus vehículos privados a hacer las rutas, y otras furgonetas son de la propia Boyacá a las que han tenido que dar un uso diferente al habitual”, asegura Cárdenas.

Comisarías de Policía, como punto de recogida 

En los últimos días ha aparecido un anuncio de un puesto de trabajo para repartidores en la empresa Calvo y Rivera, en el que no se pide experiencia pero sí incorporación inminente, además de ser una oferta de empleo temporal. Lo más llamativo, es que Calvo y Rivera es una subcontrata del Grupo Boyacá, según afirma el portavoz de los ruteros.

Asimismo, desde la Asamblea Permanente denuncian la utilización de comisarías de Policía Nacional por toda la Comunidad de Madrid en las que habría ido una furgoneta de reparto a dejar ejemplares de las cabeceras. Después, según relatan algunos ruteros, habrían sido los propios quiosqueros los que se acercarían a su comisaría más cercana para recoger la mercancía. Al menos, así lo atestigua un mensaje de la Asociación de Vendedores de Prensa de la capital que envió a todos sus socios vía Facebook.

En cuanto a las cifras —no del todo claras—, la mayoría de los días de paro ninguno de los 1.500 quioscos distribuidos por toda la Comunidad de Madrid han recibido un solo periódico. Ninguna de las rutas, tanto de las 57 de la capital como de las 56 de la periferia, se ha llegado a terminar en el caso de que algún repartidor la hubiera empezado.

Piquetes permanentes

Los piquetes informativos se han mantenido día y noche. "Casi todo el mundo que vemos salir con prensa y en coches particulares o similares nos escucha, nos comprende y deja la prensa sin repartir", apostilla el portavoz de la Asamblea Permanente. En contraposición, admite que "en un conflicto como este donde hay muchos trabajadores y familias en juego, y estás en un piquete informativo, de noche, puede haber algún enfrentamiento, pero siempre por el carácter de cada uno”, declara Cárdenas.

Cuestionado por la postura adoptada por los quiosqueros durante la huelga, no se atreve a dar una respuesta unívoca. "Depende de la persona, la ruta, la concienciación que tenga… Sé que algunos han tenido que cerrar temporalmente, pero a otros sabemos que les llega la mercancía y se niegan a venderla, por ejemplo”, relata.

Los quiosqueros, rehenes de la huelga

Rafael Martín, vocal de la Asociación de Vendedores de Prensa de Madrid, sostiene una opinión completamente opuesta. Desde su punto de vista, los quioscos son rehenes en una lucha que no les pertenece. "Esta asociación sólo ha pedido, ha rogado, ha suplicado que la prensa llegue a los quioscos, porque es lo que nos da de comer" declara a Público.

Martín denuncia también prácticas violentas por parte de los repartidores. "Antes de que llegara el dueño del quiosco, han sacado de los cajones los periódicos ya distribuidos y los han tirado”, protesta Martín. Las cifras que barajan desde esta asociación es que la recaudación —que no el beneficio— ronda los 200 o 250 euros diarios, y en estas jornadas de parón ha caído un 75%.

Desde el otro lado de la barricada, los ruteros emitieron un comunicado el pasado jueves en el que, “tras haber hablado con varias asociaciones de vendedores de prensa y revistas” y después de saber la delicada situación en la que se encuentran, decidieron no llevar a cabo las labores del piquete informativo en las inmediaciones de la central, aun pudiendo ir en contra de ellos mismos. La Asociación de Vendedores lo desmiente. Aseguran que ni a ellos, ni a ninguna de las otras dos asociaciones que existen dentro del territorio madrileño, les ha llegado ningún tipo de comunicación formal.

Por su parte, los repartidores no han pasado por alto la oportunidad de reivindicar su lugar dentro de Boyacá, ya que ha quedado comprobado que, incluso sin piquete informativo de los trabajadores, la empresa no es capaz de realizar el reparto completo.

Los salarios, esos grandes desconocidos

El conflicto tiene los salarios en el ojo de huracán. Cárdenas explica que el sueldo bruto mensual ronda los 4.300 euros, de los que hay que descontar costes añadidos para los repartidores: el vehículo, la gasolina, los costes de mantenimiento, el seguro, los impuestos y la seguridad social, entre otros. "Con todo esto, el salario se te acaba quedando a la mitad", defiende el portavoz.

La patronal, aunque calle no está ausente

La AMI (Asociación de Medios Informativos) no hace esta misma lectura. Su junta directiva está formada por empresarios procedentes de cabeceras como PRISA (El País, Cinco Días, As), Vocento (ABC, El Correo), Unidad Editorial (El Mundo, Marca, Expansión), Promecal (con 11 periódicos regionales), Grupo Godó (La Vanguardia, Mundo Deportivo), Grupo Zeta (El Periódico, Sport, Cuore) o Grupo Joly (9 periódicos provinciales en Andalucía).

En lo que va de movilizaciones, esta asociación tan solo han publicado una nota de prensa en su página web y unas breves declaraciones de su presidente, Javier Moll en las que tildán las movilizaciones de violentas y coercitivas. Desde su perspectiva, la lucha de los 'ruteros' es una vulneración al derecho a la información. Al ser preguntados por Público, han rechazado hacer declaraciones.

Años de recortes en la empresa

Los repartidores admiten que históricamente han salido bien parados en todas las negociaciones, al menos en lo que a condiciones económicas se refiere. Además, son conscientes de que los editores de los medios han reducido el pago a Boyacá en un 30%, pero no comprenden cómo desde la empresa pueden planear unos recortes tan desorbitados.

El sector se ha ido precarizando paulatinamente mediante imposición, según el portavoz de la Asamblea Permanente: "Yo he estado en las mesas de negociación y nunca han cedido en absolutamente nada. Es inaceptable su posición".

Así lo recuerda José Tenorio, repartidor durante tres décadas y media. A sus 70 años, no deja de animar a sus antiguos compañeros en esta lucha, aunque  lleve jubilado 6 años. Se afilió a la CNT cuando trabajaba todavía para ABC y, en todo este tiempo, no recuerda una movilización de este calibre, ni de esta duración. La compara con otra huelga en 1991,  cuando excluyeron del Estatuto de los Trabajadores a los repartidores de prensa, pero los quioscos jamás han estado dos días seguidos sin prensa, hasta ahora.

El acuerdo, un poco más cerca

Algo parecido le pasó a Julián Moreno-Arrones que, a sus 62 años, ha cumplido 30 años como repartidor y sigue en activo. Este trabajador ve como un rayo de luz la última noticia que se tiene del conflicto: el viernes por la tarde la empresa se ha mostrado proclive a hablar —que no a negociar— con María José Landaburu, Secretaria General de AUTAE, una asociación de autónomos con la que los trabajadores del sector ya tuvieron relación hace tiempo.