La negociación que aborda la reducción de la jornada laboral ha tomado un rumbo un tanto inesperado en los últimos días que la ha llevado hacia un elemento muy concreto: el fraude en las horas extraordinarias. 

La relación entre uno y otro asunto tiene su base en el registro horario que el Ministerio de Trabajo quiere implementar para vigilar con mayor eficacia los fichajes de los trabajadores en las empresas.

El departamento dirigido por Yolanda Díaz ha puesto encima de la mesa de diálogo social una propuesta para crear un registro que sea "interoperable" por parte de la Inspección de Trabajo, es decir, para que el cuerpo de inspectores pueda vigilar de manera directa el cumplimiento de las jornadas de manera telemática.

Tras nueve meses de negociación, los sindicatos han denunciado que apenas se han producido avances para reducir la jornada laboral, una situación que achacan, sobre todo, al inmovilismo en las posiciones de la patronal, que rechaza modificar la jornada por ley y aboga por tratar este asunto exclusivamente en el marco de la negociación colectiva.

El pasado viernes, los sindicatos expresaron su malestar y pusieron encima de la mesa una reivindicación concreta: que el Ministerio de Trabajo implemente ya el nuevo registro horario sin esperar a que haya acuerdo en el debate sobre la reducción de la jornada.

2,61 millones de horas extras no pagadas a la semana

Las organizaciones sindicales basan su demanda en un informe elaborado por Comisiones Obreras (con datos de la EPA y de otras fuentes institucionales) que cifra en 2,61 millones las horas extraordinarias no pagadas que hacen los trabajadores a la semana; un exceso irregular de jornada que, según este documento, supone un coste laboral de 3.254 millones no pagado en términos de salario bruto y cotizaciones sociales.

"El Gobierno tiene que asumir su responsabilidad. Los convenios colectivos recogen jornadas laborales y exigimos que estas jornadas laborales se cumplan, y lo que exceda estas jornadas laborales se registre y se abone; y que se sancione fuertemente si no se cumple", denunciaban desde UGT la pasada semana.

El debate sobre perseguir de una manera más eficaz el fraude en las horas extraordinarias ha traspasado ya las fronteras del diálogo social, y este miércoles ha llegado al Congreso. EH Bildu realizó una pregunta a Yolanda Díaz acerca de este asunto, una pregunta a la que la ministra respondió con una promesa y con un dato.

La promesa de la ministra se basa en endurecer las sanciones para aquellas empresas que excedan de manera irregular las jornadas de sus trabajadores; y el dato es que el Ejecutivo ha logrado recaudar 15 millones de euros desde 2015 a través de la intervención de la Inspección de Trabajo en fraudes relacionados con las horas extraordinarias.

Antes incluso de que los sindicatos hicieran su reivindicación, en Trabajo ya apuntaban a la importancia del registro como elemento fundamental de la negociación para reducir la jornada. La pasada semana el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, anunció que habían puesto en marcha un grupo de expertos para desarrollar un reglamento sobre este nuevo registro.

Pero más allá de la herramienta concreta y de este reglamento, la intención de los de Yolanda Díaz es la de endurecer sobremanera las sanciones para aquellas empresas que incurran en jornadas alargadas de manera irregular.

El agravante en las "jornadas extenuantes"

La ley que regula estas multas es la de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que en la actualidad estipula que la máxima sanción para una empresa que incurra en fraude en las horas extraordinarias es de 7.500 euros.

El objetivo de Trabajo es el de incrementar estas sanciones en general, aplicarlas por cada trabajador en situación irregular con su jornada, y elevarlas mucho más en los casos de "jornadas extenuantes" que objetivamente puedan suponer un peligro para la salud del empleado. "Tienen que ser suficientemente disuasorias para que a nadie se le ocurra poner en peligro la vida del trabajador", explicó la pasada semana Pérez Rey.

La situación (en muchas ocasiones irregular) de las horas extraordinarias en España ha irrumpido de lleno en la mesa que negocia la reducción de la jornada laboral y también fuera de ella.