La precariedad de las condiciones de trabajo en la hostelería, que el año pasado acumuló casi dos millones de contratos de menos de una semana, está tensando las relaciones laborales en vísperas del inicio de la campaña turística: la huelga comienza a planear sobre algunas de las principales zonas costeras ante la distancia en las posiciones de empresarios y sindicatos en la negociación de los convenios.

La negociación colectiva está abierta, o más bien encallada, en media España, ya que los acuerdos no se han cerrado en 18 de las 50 provincias y en 6 de las 17 comunidades autónomas, lo que afecta 517.000 de los 1,2 millones de trabajadores del ramo.

En ese listado figuran tres provincias costeras andaluzas, como Málaga, Huelva y Almería, sobre las que comienza a cobrar peso la posibilidad de una convocatoria de huelga este verano, mientras que, según denuncian CCOO y UGT, llevan años sin negociarse los convenios provinciales de Valencia y Castellón; Lugo, Ourense y Pontevedra y, también, como Vizcaya y Álava.

Varias de ellas fueron hace unos días escenario de las movilizaciones convocadas por las organizaciones sindicales en todo el país para tratar de desencallar las negociaciones.

Exceltur pide intensificar la reforma laboral

Las posiciones de empresarios y sindicatos son, en cualquier caso, de difícil conciliación al apostar por la precarización y la estabilidad laboral, respectivamente, en un ramo en el que los primeros admiten una temporalidad diez puntos superior al conjunto del mercado laboral (35,2% por 24,7%) y a la media europea (24%) y que todavía es más acusada en subsectores como el de la restauración, en el que alcanza el 39,6%.

Los sindicatos (CCOO y UGT, principalmente) reclaman que las plantillas comiencen a recuperar el poder adquisitivo que perdieron con la crisis y que empiecen a atenuarse las dos principales consecuencias negativas que para ellas ha tenido la reforma laboral: una mayor inestabilidad en el empleo y una oleada de segregaciones y externalizaciones de servicios, como la ocurrida con las kellys, que arrastraban a los trabajadores a situaciones de mayor precariedad mientras las empresas mejoraban sus márgenes.

Por el contrario, la patronal del sector, Exceltur, considera “crucial” seguir avanzando “en un marco de mayor flexiseguridad”, impulsar el contrato a tiempo parcial, reforzar el de formación y aprendizaje, intensificar la figura del fijo-discontinuo y fomentar “la formación como instrumento de capacitación”, especialmente en el personal de base. Reclaman, en resumen, mayor “capacidad de gestionar la variabilidad de la demanda, la mejora de la productividad y el control de costes”.

Episodios como el acuerdo en Baleares, con una subida salarial del 18,1% en cinco años que quiebra el pacto tácito de devaluación que el sector comenzó a aplicar con la aprobación de la reforma laboral, están lejos de generalizarse.

Más de la mitad de los contratos no llega al mes

Los datos de contratación certifican los elevados niveles de precariedad en el sector de la hostelería española: 1.927.607 de los 4.216.226 contratos formalizados el año pasado, el 45,7%, duraron menos de una semana, mientras otros 318.536 (un 7,5% más) no llegaron al mes, según consta en una respuesta del Gobierno al diputado malagueño del PSOE Miguel Ángel Heredia.

Ese volumen de contrataciones de menos de una semana de duración supone el 34,5% de las que se dieron en todo el país (5.570.361): más de un tercio de ellas se concentraron en un sector que no llega a generar la décima parte del empleo del país ni siquiera en verano y que, paralelamente, genera más de una séptima parte del PIB con un volumen de negocio de 172.900 millones de euros con un aumento del 5,7%.

Los contratos de menos de una semana de duración llegaron a superar la mitad de las contrataciones de la hostelería en comunidades como Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, La Rioja y Euskadi. En las otras seis comunidades, ese nivel se superó en casi toda la costa andaluza, mientras que los menores niveles se dan en el litoral mediterráneo (Catalunya y Pais Valencià), los archipiélagos de Canarias y Baleares y, también, en Madrid, que se encuentran al mismo tiempo entre las zonas con mayor actividad turística a lo largo del año.

Los datos del Gobierno también indican cómo casi la sexta parte de los contratos formalizados el año pasado en el sector (672.566) fueron de duración indeterminada; es decir, por necesidades puntuales de los hoteles y restaurantes o de temporada en el mejor de los casos; otros 533.534 (12.67%) fueron temporales de entre uno y seis meses, solo 64.271 eventuales superaban esa duración y, por último, 370.758 (8,8%) fueron realizados como indefinidos o transformados en ellos. No obstante, este último dato no diferencia los acuerdos por tipo de jornada ni discrimina los fijos discontinuos.

“Eso no es  crear empleo sino explotación laboral”

“Cuando el 45% de los contratos dura una semana o menos, y a eso le añadimos unos salarios miserables, a eso no se le llama crear empleo sino explotación laboral, y el Gobierno debería dar muchas explicaciones”, señala Heredia, que puntualiza que la tasa sube al 54,3% si se excluyen del cálculo los de duración determinada. “Es una auténtica barbaridad”, indica.

El diputado llama la atención sobre el contraste entre la situación laboral en el sector y sus resultados económicos: España batió sus récords en 2017, cuando 82 millones de turistas extranjeros dejaron en el país 87.000 millones de euros y lo situaron como el segundo destino más visitado del mundo.

Sin embargo, “no parece que los buenos datos del sector hayan tenido un reflejo paralelo en cuanto a empleo de calidad se refiere”, apunta, ya que el salario medio anual ni siquiera llegó a alcanzar los 14.000 euros, con una brecha de género de en torno a 3.000 euros.

El diputado está preparando una batería de iniciativas parlamentarias para que el Gobierno se pronuncie sobre esa estructura de contratación y sobre los niveles salariales del sector. “Si se están obteniendo importantes beneficios por el aumento de la llegada de turistas, eso debe acompañarse con mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores”, añade.