Requisitos inasumibles, buscar entre una avalancha de ofertas para encontrar "la menos mala", hacer un casting o pagar por visitar una vivienda. Las abusivas exigencias de las inmobiliarias crecen en un contexto en el que, mientras los salarios han aumentado un 6,10% desde 2008, los precios de los alquileres han subido más de un 40%, según señala el Consejo de la Juventud de España.

Datos del portal Idealista revelan que el precio medio para alquilar una habitación en Madrid ha alcanzado los 500 euros por persona. La capital ocupa el segundo lugar entre las ciudades con los alquileres más caros del país, junto a Palma, mientras que Barcelona lidera el ranking con un promedio de 565 euros por habitación. En junio, el mercado encadenó seis meses de récords históricos en los precios del alquiler.

Teresa (nombre ficticio para preservar su anonimato) reside en Madrid con dos compañeros de piso, combinando estudios y trabajo para poder cubrir, entre otras cosas, el alquiler de su vivienda. Actualmente, entre los tres pagan 956 euros mensuales. "Cada año, el casero nos obliga a rescindir el contrato y firmar uno nuevo con una subida de precio", cuenta a Público. "La alternativa es echarnos", añade. La joven y sus compañeros deben cumplir con dos requisitos para alquilar su piso en Madrid: presentar dos avalistas, que pueden ser funcionarios o pensionistas menores de 70 años, y abonar dos meses de fianza.

Lucas Vaquero, miembro del Sindicato de Inquilinas de Madrid, afirma a este diario que las condiciones para alquilar una vivienda se están volviendo cada vez más abusivas e inalcanzables para la mayoría. Según Vaquero, "esto es el resultado de años de políticas públicas que han tratado la vivienda como un mercado especulativo para grandes propietarios y fondos de inversión, en lugar de considerarla un bien digno y estable para las personas". El sindicalista atribuye esta problemática a una responsabilidad política compartida entre el gobierno central y las autonomías.

Superar un examen para reservar un piso

Los propietarios y las agencias inmobiliarias han incrementado tanto sus exigencias que someten a los posibles inquilinos a rigurosos procesos de selección. Marta, de 29 años, lleva tres meses buscando un piso de alquiler en Madrid. "Para solicitar una reserva, primero tenía que superar un examen antes de poder hablar con el agente que nos mostraría el piso. Si no cumplías con alguna de las condiciones, directamente no te permitían hacer la visita", cuenta a Público. "Te preguntan si tienes contrato indefinido, si llevas más de un año en tu empleo y si tus ingresos triplican el precio del alquiler", señala.

La joven reconoce que, a pesar de las dificultades, se encuentra en una posición privilegiada: es española, cuenta con estudios superiores y tiene un contrato laboral fijo con un salario elevado. Recuerda los retos aún mayores que enfrentan otros colectivos más vulnerables, como las personas migrantes o las madres solteras con hijos. "Hoy en día, es imposible acceder a una vivienda en muchas zonas de España, y sin un hogar, ninguna parte de la vida es viable para nadie", lamenta.

Vaquero, el portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, insiste en la creciente concentración de la vivienda en un número reducido de propietarios y en el poder ampliado de las inmobiliarias. Según el sindicalista, esta situación permite que los propietarios tengan mayor control sobre quién puede alquilar una vivienda, lo que, en última instancia, incrementará la vulnerabilidad de los inquilinos.

Recientemente, el sindicato ha expuesto el poder que ejercen algunos propietarios al revelar un chat de Telegram en el que un grupo de arrendadores se organiza para aprovecharse de sus inquilinos. Las capturas de pantalla, compartidas en la red social X (antes Twitter), muestran cómo estos tenedores admiten abiertamente que incumplen la ley, emplean contratos de habitación para esquivar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y alardean de la "libertad financiera" que les brinda vivir del rentismo. Además, los mensajes exponen actitudes misóginas y racistas por parte del grupo.

395 euros al mes por tres metros cuadrados

Los estudiantes son uno de los colectivos más afectados por los abusos inmobiliarios, y con la llegada de septiembre, la demanda de pisos universitarios está disparándose. Sin embargo, las ofertas distan mucho de lo que un estudiante podría esperar. El último caso en generar sorpresa entre los potenciales inquilinos es el de una cápsula de apenas tres metros cuadrados, cuyo alquiler asciende a 395 euros al mes.

Los jóvenes no eligen estos alojamientos por elección o moda, sino porque el 44% admite que no pueden costear un alquiler completo por sí mismo. El Observatorio del Alquiler estima que en el último año la oferta de habitaciones en alquiler ha aumentado en torno a un 26,2%, y sus precios han subido un 8,3%.

Cambios en la legislación

Para proteger al consumidor y prevenir abusos en el sector inmobiliario, el portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid considera urgente derogar la Ley 11/2009, del 26 de octubre, que regula las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión (SOCIMIs). "Esta ley otorga beneficios sociales significativos que facilitan la adquisición masiva de viviendas y bloques enteros por parte de grandes inversores", explica. Además, Vaquero propone la expropiación de viviendas vacías o en manos de grandes tenedores y la implementación de un régimen de cesión de uso para estas propiedades.

Por su parte, el abogado del Sindicato de Inquilinas, Víctor Palomo, propone otras medidas como aumentar la inspección de las inmobiliarias e imponer sanciones administrativas que aumenten con cada denuncia registrada por prácticas abusivas. Además, sugiere que, una vez superado un umbral de reincidencia, se apliquen sanciones severas que incluyan la suspensión de la actividad de la inmobiliaria.

Pagar por visitar una vivienda

Otro de los nuevos abusos inmobiliarios es el cobro por visitar una vivienda. Recientemente, se ha viralizado en la red social X el testimonio de una joven que compartió una oferta de un piso de alquiler en Barcelona, en la que se indicaba que se cobraban 9,9 euros solo por realizar la visita.

El abogado del Sindicato de Inquilinas afirma que cobrar por visitar una vivienda es ilegal, citando la modificación del artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) incluida en la Ley de Vivienda, que establece que "los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato correrán a cargo del arrendador". Según Palomo, la visita a una vivienda forma parte de la gestión inmobiliaria y es un paso necesario previo a la formalización del contrato, por lo que la inmobiliaria no debería cobrar nada al inquilino.

Mientras la especulación de la vivienda y las exigencias por parte de las inmobiliarias siguen aumentando, en comunidades autónomas como Balears, Madrid, Catalunya y Canarias los jóvenes destinan la totalidad de su salario −1.050,77 euros netos al mes− al alquiler de una vivienda, según ha informado el portal inmobiliario Estudios de pisos.com.

"Viendo todos estos condicionantes no es de extrañar que cada vez sean más las personas que se ven obligadas a compartir piso, pues el nivel de salarios actual no corresponde en absoluto con los precios de la vivienda", sentenció Ferran Font, director de Estudios de pisos.com.