Los juzgados españoles mantienen bloqueados 1.280 millones de euros correspondientes a indemnizaciones, pensiones, deudas y pagos de otros tipos, principalmente entre particulares, como consecuencia de la huelga de los LAJ  (Letrados de la Administración de Justicia, antes secretarios judiciales), que son los encargados de tramitar ese tipo de transferencias.

Los datos proceden del propio Comité de Huelga de los LAJ, que a principio de esta semana estimaban que había "1.280 millones parados en las cuentas de consignaciones esperando a que acabe la huelga" para ser transferidos, algo que, junto con la suspensión de 356.000 juicios y vistas orales y el atasco de 424.000 demandas pendientes de tramitación les lleva a la conclusión de que "en este escenario no será posible durante este año 2023 recuperar la normalidad".

La de consignaciones es una cuenta bancaria en la que quienes resultan condenados, quienes cierran acuerdos que les salen a pagar y los acusados que buscan beneficiarse de la atenuante de reparación del daño ingresan las cantidades que les han sido impuestas, las pactadas o las que les reclaman, según el caso, para que desde allí los juzgados las entreguen a las víctimas o beneficiarios.

Ese trámite, que se realiza mediante un mandamiento o librando un cheque, es una de las funciones de los LAJ. Pero, como consecuencia de la huelga, iniciada el 24 de enero y que según los convocantes alcanza niveles de seguimiento superiores al 70% mientras el Ministerio de Justicia la sitúa en el entorno del 20%, su realización lleva dos meses bajo mínimos.

"Así está la cosa, no nos vamos a matar por estar haciendo mandamientos de pago mientras el Ministerio de Justicia no cumpla los acuerdos que se firmaron el año pasado", señalan fuentes del colectivo de LAJ, que matizan que, no obstante, esas órdenes sí se tramitan de manera urgente cuando el afectado se encuentra en una situación de necesidad que puede probar.

Por su parte, fuentes oficiales del Ministerio de Justicia cuestionaron la cifra de dinero bloqueado que difunde el Comité de Huelga de los fedatarios judiciales y la situaron en sólo 187 millones de euros.

Una huelga indefinida que ya suma 40 días

La huelga tiene su origen en el incumplimiento por parte de Justicia de los acuerdos de revisión salarial alcanzados el año pasado, sin que las sucesivas reuniones del Comité de Huelga con los responsables ministeriales hayan dado lugar a acuerdos que permitan desbloquear el conflicto.

Las consecuencias particulares de esa situación varían según la jurisdicción de la que se trate, aunque los pagos más frecuentes son los de indemnización por lesiones, daños y robos en la penal, los de deudas e impagos en la civil, en la que también entran los pleitos de familia y las reclamaciones a la banca y de esta a sus clientes, y los de salarios adeudados y resarcimientos por despido en la social, en la que este nuevo diferimiento se suma al monumental atasco que la antigua Magistratura de Trabajo presenta en buena parte del país.

En algunos casos, los destinatarios de esos fondos llevan hasta dos meses esperando sin éxito a que se hagan efectivos sus traspasos. "Hay gente que después de seis años de vía crucis judicial, cuando ha conseguido ganar al banco y este ha depositado el dinero en el juzgado, ve que lo tiene inmovilizado", explican fuentes de Asufín (Asociación de Usuarios Financieros), varios de cuyos asociados se encuentran en esa situación.

La entidad, que muestra su apoyo a las reclamaciones de los LAJ en el sentido de que "todo lo que sea dotar de mejores recursos materiales y humanos a la Justicia redundará siempre en beneficio del justiciable", señalan al mismo tiempo que "es difícil tener empatía por un colectivo que está teniendo tan poca empatía por el ciudadano".

Prioridad para los asuntos de manutención de menores

Varios colegios de abogados, los de Canarias y de Zaragoza entre otros, han hecho públicas sus quejas por las consecuencias de la huelga de LAJ entre las que, junto con el bloqueo de los pagos y la suspensión de vistas (en ocasiones sin avisar previamente a las partes) se encuentra el retraso en la emisión de decretos, que son las resoluciones que ponen fin a los procesos de adjudicación de bienes, caso de las subastas o las ejecuciones hipotecarias.

Esto da lugar a una situación kafkiana en la que pese a estar cerrada la adjudicación, ni el nuevo propietario puede tomar posesión del bien ni tampoco dejan de correr los intereses del deudor, que siguen creciendo, con lo que la deuda deja de estar liquidada por completo.

"Tendrán un problema porque los intereses corren y las reclamaciones contra Justicia van a ser de infarto", pronostica un veterano abogado especializado en asuntos económicos.

El ministerio, por su parte, incluyó a finales de febrero en los servicios mínimos de la huelga "sin la oposición" del comité los mandamientos de pago de las pensiones de manutención de menores, así como la celebración de bodas en el Registro Civil por considerarlos asuntos de especial urgencia, explicaron fuentes del departamento que dirige Pilar Llop.

Sin embargo, el conflicto, que sigue abierto tras la reunión celebrada este mates por los representantes de los LAJ y de los ministerios de Justicia y de Hacienda (responsable de Función Pública), está teniendo efectos secundarios en varios ámbitos de la actividad judicial como la concesión de la nacionalidad, acto en el que solo en Aragón se ha generado un atasco de 700 personas a las que solo les falta la jura para concluir los trámites.

"Somos conscientes de la gravedad de la situación", señalan fuentes de Justicia, por las distorsiones y retrasos que el conflicto está provocando a los ciudadanos que hacen uso de la Administración judicial.

El debate sobre la huelga de celo

Sobre el paro planean dos debates, clásicos en los conflictos que se desarrollan en las administraciones, sobre lo supuestamente elevado de los servicios mínimos para la parte social y sobre el despliegue de una eventual "huelga de celo" o "trabajo a reglamento" por parte de quienes acuden a sus puestos para los usuarios y los responsables del servicio afectado.

"Hay de todo. Aparte de los servicios mínimos, hay quien la secunda y quien no y del resto hay quien trabaja a reglamento y quien no lo hace", explican fuentes del colectivo de LAJ.

En cualquier caso, la producción de papel desde los juzgados ha registrado un claro descenso en los últimos dos meses, en los que en comunidades como Aragón se acumulan diariamente en el programa Avantius, con el que se realizan los trámites procesales, en torno a 2.000 resoluciones pendientes de firma como borradores, lo que vendría a suponer una cuarta parte del volumen de un día normal.

Los servicios mínimos marcados por el ministerio incluyen el 20% de los LAJ en el Supremo y la Audiencia Nacional, el 10% en audiencias provinciales y tribunales superiores, un secretario por cada cinco juzgados del partido en la jurisdicción civil y en la penal y uno por cada ocho en los de lo Contencioso y los de lo Social.

"Están haciendo una huelga encubierta que se puede alargar toda la vida", explica Patricia Suárez, presidenta de Asufín, que responsabiliza al Ministerio de Justicia del enquistamiento del conflicto, mientras el comité llama a los LAJ a secundar la huelga como "un movimiento histórico, en el que, por dignidad, por igualdad y por justicia debemos mantener una negociación con los Ministerios de Justicia y de Función Pública".