PymesCrece la insolvencia: el impago de salarios y los pleitos por deudas repuntan

El tejido empresarial español comienza a emitir señales de insolvencia, en algunos casos incluso más intensas que las que se registraban en vísperas del estallido oficial de la crisis de 2008, y en todos con tendencias claramente ascendentes, tal y como ponen de manifiesto los datos del Consejo General del Poder Judicial.

Así, las reclamaciones de cantidad, que en más del 90% de los casos son demandas (no necesariamente individuales) de trabajadores contra las empresas que los emplean o han empleado por impago de salarios, superaron el año pasado las 124.000, el segundo ejercicio consecutivo de ascenso, con casi un 11% de aumento entre ambos, y pasaron de 34.000 de enero a marzo, lo que anticipa un regreso a niveles previos a la recuperación de las variables macroeconómicas (132.863 en 2014) y claramente superiores a los previos a la crisis que las hundió (106.742 en 2007).

Ocurre algo similar con las 29.511 demandas por despido del primer trimestre, una cifra que, con más de 450 por día hábil, no se daba desde hace un lustro en un registro que también encadena dos años con un crecimiento conjunto del 9% para alcanzar los 107.294 al cierre de 2018.

Los datos de los tribunales de la jurisdicción social revelan, en plena época de bonanza macroeconómica y con un PIB de récord de casi 1,2 billones de euros, un cuadro microeconómico de impago de salarios y de conflictividad por la pérdida de puestos de trabajo que, obviamente, tiene como consecuencia una reducción de las rentas que llegan a las familias.

“La reducida duración de los contratos fijos”

Antonio González, coordinador de la Secretaría de Empleo de UGT, apunta al “desarbolamiento de la legislación sobre despido” como una de las causas que pueden estar influyendo en ese aumento de los litigios. “El mercado laboral está desestructurado, y donde hay mucho abuso suele haber mucha conflictividad”, anota.

“El mercado laboral está desestructurado, y donde hay mucho abuso suele haber mucha conflictividad”, asegura González

“Cada vez duran menos los contratos”, señala, al tiempo que cita un estudio de Inmaculada Cebrián, profesora de la universidad de Alcalá e investigadora de Economía Laboral, que advierte de que “no hay indicios de cambio en la elevada tasa de rotación y la reducida duración de los periodos de empleo de temporales e indefinidos, a pesar del esfuerzo de los programas de fomento del empleo indefinido y la reducción de las diferencias de costes existentes entre contratos” de ambos tipos.

El 60% de las relaciones laborales fijas no supera los dos años, lo que supone otra fuente de conflictividad. “Todas las reformas han aumentado la inestabilidad, tanto en los eventuales como en los fijos”, apunta el sindicalista, que destaca otros tres componentes claves para ese aumento de la litigiosidad; el abaratamiento del despido, que, según datos oficiales, ha llegado a superar el 60% en seis años; la regulación de las causas del despido objetivo, y su abaratamiento hasta los 20 días por año, y, por último, el cada vez más frecuente recurso de las empresas a discutibles causas organizativas y productivas, en ausencia de las económicas, para impulsar despidos colectivos a través de EREs.

Paralelamente, González indica que “las demandas de cantidad están más vinculadas a las pymes que a la gran empresa”, ya que las primeras está sufriendo en mayor medida las estrecheces económicas de la llamada recuperación.

La asfixia financiera de las pymes y las microempresas

Los registros de los juzgados civiles y mercantiles apuntan en esa dirección al plantear una creciente ola de morosidad que amenaza con comenzar a gripar, por insolvencia, el funcionamiento del tejido empresarial, especialmente entre las pymes y las microempresas, cuyas posibilidades de acceso al crédito siguen siendo bajas y, en ocasiones, financieramente inasumibles.

Los monitorios, que son los procesos civiles en los que se reclaman deudas y facturas pendientes, también se han disparado. Alcanzaron en el primer trimestre de este año los 194.715 (casi 3.000 demandas por día hábil) en un registro desconocido en del último lustro tras haber cerrado el año con 576.846 y un crecimiento del 14%.

Este tipo de proceso, al que en 2011 le fue suprimido el límite de 250.000 euros con el que empezó a aplicarse a principios de la anterior década, es el que utilizan los particulares y las empresas para reclamarse deudas vencidas e impagadas cuya existencia pueda probarse con facturas, albaranes, certificaciones, telegramas, telefax, correos electrónicos o “cualesquiera otros documentos que, aun unilateralmente creados por el acreedor, sean de los que habitualmente documentan los créditos y deudas en relaciones de la clase que aparezca existente entre acreedor y deudor”, según recoge la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Sus años de mayor utilización en los juzgados fueron 2009 y 2010, con 856.875 y 895.127 asuntos, para caer a partir de entonces por debajo de los 700.000, un listón que, de mantenerse los registros de los dos últimos trimestres con datos (352.052 entre octubre de 2018 y marzo de 2019), volverá a superarse de nuevo al cierre de este año.

Casi dos tercios de las sociedades que se han declarado insolventes desde el inicio de la recuperación en 2014 tenían menos de 10 trabajadores

Por último, las cifras sobre concursos de acreedores también presentan una clara tendencia al alza, con 5.842 en 2018 y 1.683 en el primer trimestre, con un ritmo de 25 por día hábil que no se daba desde 2015 y un crecimiento anual del 9%. La Estadística del Procedimiento Concursal del INE (Instituto Nacional de Estadística) ofrece dos datos reveladores sobre los efectos de la insolvencia en las microempresas y las pymes: casi dos tercios de las sociedades que se han declarado insolventes desde el inicio de la recuperación en 2014 (16.727 de 24.350) tenían menos de diez trabajadores y otro 18% (4.428) no llegaba a los 50, y casi tres de cada cinco (14.498) facturan menos de un millón de euros.

Eso, en cuanto a las compañías; los concursos de acreedores de personas físicas y autónomos presentan una escalofriante progresión en la que los 1.579 de 2016 pasaron a 2.237 y 3.273 en los dos ejercicios siguientes para dispararse a 1.113 solo entre enero y marzo de este año, lo que anticipa un nuevo año de récord.

La muerte silenciosa y las leyes que se atascan

“Llevamos tiempo advirtiendo de que se están comenzando a producir síntomas característicos de las épocas de crisis”, señala Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, una entidad que agrupa a un millón de pymes y que desde 2010 lucha por atajar los impagos de las grandes empresas a las subcontratas, un problema que les provoca una asfixia financiera.

Cañete pone sobre la mesa una tendencia preocupante: “Tanto el volumen de impagos como los periodos de pago aumentaron el año pasado por primera vez desde 2010”. Concretamente, y según sus estimaciones, las empresas privadas tardan en pagar sus facturas una media de 85 días, 25 por encima del plazo legal; las administraciones lo hacen en 82, con 52 fuera de plazo, y las compañías del Íbex35 se disparan hasta los 169, más de tres meses (109 días) sobre las previsiones legales.

Esos plazos sitúan a las pymes y las microempresas en la tesitura de tener que recurrir a la financiación bancaria para disponer de liquidez, lo que les supone pagar unos intereses anuales de entre el 3,88% y el 8,56% del valor del préstamo cuando, si la deuda supera los 30.000 euros, deberían cobrarla con un interés del 15%.

“No hemos solucionado el problema de la morosidad y seguimos sin incluir en la ley un régimen sancionador que haga que el que cobra, pague”, indica Cañete. Se refiere a la fallida reforma de la Ley de Morosidad que el Congreso tramitó la pasada legislatura, fallida tanto en ese flanco como en el cercano de la modificación de la ‘segunda oportunidad’ para equiparar el concurso de acreedores de los autónomos con el de las empresas. La plataforma reclama “que la primera ley que se tramite en cuanto haya Gobierno sea la de Morosidad, y que incluya medidas coercitivas”.

Cañete, que denuncia la “muerte silenciosa de las pymes” como consecuencia de la insolvencia pese a que “generan el 75% del empleo y aportan el 65% del PIB”, aboga por un “capitalismo inclusivo que permita crear riqueza y empleo y distribuir esa riqueza. Si no, el sistema no funciona”.

“No se puede gobernar para cuatro”, añade, sin mentar explícitamente el malestar que la iniciativa para reformar la Ley de Morosidad provocó en los consejos del Íbex35, cuyas compañías, especialmente las que contratan con las administraciones y la banca son, las primeras por contar con una fuente informal de financiación a través del IVA y las segundas por colocar créditos, las principales beneficiarias de la actual desregulación.