Hacienda pone el foco de la inspección en los no residentes y en la economía sumergida del sector de reformas

La Agencia Tributaria impulsará este año el control sobre ciudadanos residentes en España que declaran sus rentas a través del impuesto sobre la renta de no residentes para "rebajar artificialmente su factura fiscal", dado que además de contar con tipos impositivos más bajos que en el IRPF, de esta forma únicamente tributan en España por la renta generada en el país, en lugar de tener que declarar toda su renta mundial.

Esta es una de las directrices generales del Plan de Control Tributario 2023 publicadas este lunes en el Boletín Oficial del Estado, donde también se incide en la necesidad de mantener la actividad de control en los supuestos de simulación de residencia en comunidades autónomas diferentes de la real, así como en la explotación de la información disponible sobre titulares reales de sociedades opacas con inmuebles residenciales de alto nivel.

De igual forma, se ejecutarán planes específicos en relación con la titularidad indirecta de inmuebles por parte de no residentes, a efectos de su correcta imposición patrimonial.

Las directrices también subrayan que la Agencia Tributaria será el órgano encargado de poner en marcha este año los dos nuevos gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, así como el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas.

La Agencia asumirá, por lo tanto, las competencias de exacción, gestión, comprobación y recaudación respecto de esos dos gravámenes temporales, a pesar de tratarse de una prestación patrimonial de carácter público no tributario, y ejercerá las competencias que le son propias respecto del impuesto temporal de grandes fortunas.

Nuevo modelo de información y asistencia

El plan también apunta a que se definirá una carta completa de los servicios que presta la Agencia Tributaria y los canales de asistencia disponibles para cada uno de ellos. La carta de servicios vendrá acompañada de una nueva aplicación de cita previa en sede electrónica que utilizará un lenguaje más comprensible. También se trabajará en la potenciación y mejora de la atención presencial a las personas mayores o personas que puedan verse afectadas por la brecha digital.

Dentro del ámbito de la prevención del fraude, destaca la intención de seguir reduciendo el número de no declarantes del IRPF mediante campañas de avisos durante el periodo de declaración, o la realización de un control temprano a la entrada de nuevos contribuyentes en el censo tributario y, en particular, cuando se trate de entidades controladas de manera efectiva por contribuyentes con conductas tributarias reprochables en el pasado, sobre los que se pretende realizar un seguimiento para prevenir posibles incumplimientos tributarios futuros.

Otra de las novedades proyectadas para 2023 es la revisión de procedimientos sancionadores, especialmente en aquellos casos de presentación de autoliquidaciones sin ingresos fuera de plazo, que no ocasionan perjuicio económico a la Administración tributaria.

Al mismo tiempo, se mantienen prioridades permanentes en el ámbito de la recaudación, como la toma de medidas cautelares para evitar vaciamientos patrimoniales, la adopción de derivaciones de responsabilidad para afianzar el cobro efectivo de las deudas, o la vigilancia de los deudores condenados por delito, y también se potenciará, especialmente en el ámbito de los grandes deudores, la utilización de herramientas avanzadas de tratamiento y análisis de datos para detectar de forma ágil y eficiente patrones de fraude recaudatorio complejo sobre los que enfocar y dirigir las actuaciones.

Potenciar la investigación sobre criptomonedas

Se reforzarán también las actuaciones en relación con titulares de actividades económicas que hacen uso de los denominados 'pagos virtuales', y específicamente con el empleo de métodos electrónicos de pago radicados en el extranjero a través de entidades que no participan de las obligaciones nacionales de suministro de información financiera.

En esta línea, se tratará de obtener información, en el marco de la normativa de la UE, sobre pagos digitales realizados a través de entidades o aplicaciones cuya sede social y servidores estén radicados en el extranjero.

Las directrices también hacen una especial referencia a la investigación del uso de las monedas virtuales y este año se subraya la intención del Área de Recaudación de potenciar las actuaciones de localización de criptoactivos susceptibles de embargo.

A su vez, el Servicio de Vigilancia Aduanera desarrollará un plan de investigación asociado al empleo de criptomonedas en el ámbito de la economía digital con la finalidad de detectar elementos patrimoniales cuyo origen pueda estar vinculado a actividades criminales.

Fiscalidad internacional y economía sumergida

Se incrementarán también las actuaciones inspectoras sobre la incorrecta fijación de los precios de las operaciones vinculadas en las multinacionales, con el impulso previsto de las inspecciones conjuntas con otras administraciones tributarias a nivel internacional.

Asimismo, se mantendrá el foco en la identificación de estructuras y pautas de comportamiento que se beneficien indebidamente de la baja fiscalidad de determinados territorios, regímenes fiscales o estructuras, y que sean o puedan ser replicadas o estandarizadas para su uso por parte de una pluralidad de contribuyentes.

De su lado, la Agencia Tributaria reforzará a lo largo de 2023 el control sobre sectores y modelos de negocio en los que se aprecie alto riesgo de existencia de economía sumergida. Así, se impulsarán las tradicionales visitas o 'peinados' fiscales en relación con múltiples sectores, aunque con un enfoque especial a las actividades relacionadas con la construcción, rehabilitación y reformas de inmuebles.

En el marco de la nueva normativa sobre prohibición del software de ocultación de ventas, también se desplegarán planes específicos enfocados a la identificación de las herramientas de software de gestión y contabilidad utilizadas por comercios y empresas, así como a verificar la consistencia de los programas informáticos con la normativa de aplicación.

Aprovechamiento indebido de créditos fiscales

La Agencia incidirá en la comprobación de bases imponibles negativas, créditos fiscales en base o cuota pendientes de compensar o de aplicar. Destaca el análisis de estructuras como las Agrupaciones de Interés Económico en aquellos supuestos en que hayan servido como vehículos para trasladar y comercializar beneficios fiscales a terceros inversores.

Este análisis y comprobación se extenderá a los partícipes o socios de las entidades interpuestas y especialmente se atenderá a la venta en serie de estas estructuras de aprovechamiento de beneficios fiscales, cuando se aparten de la ley, sean claramente abusivas o se basen en presupuestos de hecho simulados o artificialmente inflados.

En todo caso, la Agencia velará por que la aplicación de las deducciones previstas en el Impuesto sobre Sociedades estén ligadas al desarrollo de actividades reales dirigidas a los fines previstos en la norma, así como por que los importes que se hayan aplicado como bases de la deducción se correspondan con los gastos efectivamente incurridos en su ejecución, evitando el abuso en el posible traslado de beneficios fiscales a los financiadores de las actividades que la normativa pretende fomentar.

El plan también señala que se introducirá nueva tecnología para monitorizar embarcaciones dedicadas al tráfico marítimo ilícito y detectar contrabando en la paquetería postal.

Críticas de inspectores y subinspectores de Hacienda

Las principales asociaciones de los cuerpos de la Agencia Tributaria se han mostrado muy criticos con el Plan de Control Tributario. Para  la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) las directrices del plan ofrecen "pocas novedades" en relación con las de años anteriores y vuelven a responder a un modelo de control de la Agencia Tributaria "agotado".

Según los Inspectores, el Plan de Control contempla actuaciones que ya se están haciendo. Muestra de ello es que utiliza los términos continuar 41 veces, potenciar 9 veces, seguir 8 veces, intensificar 7 veces y otros similares otras 12 veces, alegan. "Ninguna de las citadas novedades del Plan tiene una gran repercusión en las actuaciones que se tendrían que realizar para erradicar el fraude más grave y sofisticado", avisan los inspectores a través de un comunicado.

La Asociación de Inspectores de Hacienda lleva advirtiendo en los últimos años de que, aunque las directrices que figuran en los diferentes planes de control son acertadas, finalmente pierden eficacia, principalmente porque el modelo de control actual de la AEAT está "agotado".

Por su parte, el el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha alertado de que las directrices del Plan Anual de Control Tributario "debilitan" la lucha contra los delitos fiscales, al no contemplar la recuperación de las competencias de los técnicos en esta materia.

Los Técnicos de Hacienda han recordado a través de un comunicado que perdieron el control sobre los expedientes en los casos de "especial dificultad sobrevenida" a partir de 1999, es decir, dejaron de ser competentes cuando descubren una simulación, conflicto, fraude de ley o delito fiscal, a pesar de haberlos descubierto. "Esa pérdida de competencias que venían desarrollando hizo que las denuncias a la Fiscalía por presuntos delitos contra la Hacienda pública cayeran año tras año hasta la fecha", han explicado desde Gestha.

Asimismo, el sindicato lamenta que las directrices del Control tributario de la Agencia Tributaria omitan que la Ley de prevención del fraude de 2021 obliga a estimar la economía sumergida en España y a aumentar las plantillas a la media de las administraciones tributarias europeas, lo que requeriría un aumento de unas 20.000 personas en trabajos relacionados con el control tributario. De esta forma, los técnicos creen que será difícil potenciar la presencia en la calle del personal de Inspección o de acelerar los intercambios de la lucha europea contra el fraude de IVA en las transacciones transfronterizas para la que se exige una mayor dotación de medios personales y tecnológicos.

Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, este Plan de Control Tributario continúa sin especificar los medios personales mediante los que se lograrán los objetivos marcados en sus directrices generales. "Y es que para que el Plan no se quede en una simple declaración de intenciones, es necesario concretar quiénes van a ejecutarlo y se hagan responsables de su cumplimiento, según las competencias y funciones que se les atribuyan", ha insistido.