El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha firmado este miércoles con los sindicatos el acuerdo de empleo público que contempla una Oferta de Empleo Público (OEP) para 2017 de alrededor de 67.000 plazas, y un proceso de reducción de la interinidad que conllevará la conversión de hasta 250.000 interinos en fijos en un plazo de tres años, con el fin de reducir la interinidad en las administraciones del 25% actual al 8%.

Montoro ha suscrito en la sede del Ministerio el acuerdo para la mejora del empleo público con representantes de las organizaciones sindicales CC.OO., UGT y CSIF, como paso previo a la reunión oficial de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas.

Este es el primer acuerdo en esta legislatura entre los sindicatos y la Función Pública, y según el ministro tiene como objetivo mejorar la calidad del empleo público y reducir la interinidad a lo largo de los tres próximos ejercicios.

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, tras la firma del acuerdo para la oferta de empleo público,en la sede del Ministerio en Madrid. EFE/Sergio Barrenechea

En este sentido, Montoro ha subrayado que el acuerdo en materia de empleo público es una apuesta por la "dignificación" de la Función Pública y de los servicios públicos, que "tienen que ser una prioridad esta legislatura", y supone una "importante contribución a la recuperación económica del país".

Los sectores prioritarios recogidos en el acuerdo, para los que se prevé una tasa de reposición del 100%, son Sanidad, Educación, Justicia, servicios sociales, control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas y contra la Seguridad Social, prevención y extinción de incendios, políticas activas de empleo, atención a la ciudadanía en los servicios públicos, prestación directa del servicio de transporte público y seguridad y emergencias.

Esta misma tasa será de aplicación a las sociedades mercantiles públicas y entidades públicas empresariales que gestionen servicios prioritarios para la contratación de nuevo personal. El resto de sectores tendrá una tasa de reposición del 50%.

Esto podría suponer, teniendo en cuenta la oferta aprobada en 2016, una Oferta de Empleo Público de alrededor de 67.000 plazas. Por subsectores, 19.000 plazas serán en la Administración General del Estado (AGE), 28.144 plazas, aproximadamente, en las comunidades autónomas y en torno a 20.000 plazas en las entidades locales, según ha informado el Ministerio de Hacienda en una nota.

El acuerdo también pretende dar estabilidad a las plantillas de empleados públicos, dentro de los límites y reglas de gasto establecidos, de tal forma que, respetando los principios de libre concurrencia, igual, mérito, capacidad y publicidad, en un plazo de tres años, se consiga reducir la interinidad hasta un máximo del 90 % en servicios públicos esenciales tales como educación, sanidad, justicia, servicios sociales o policía local, entre otros.

Como resultado de este proceso de estabilización del empleo se podría llegar a un total aproximado de 250.000 plazas consolidadas, de las que 237.070 corresponden a los ámbitos de sanidad (129.700), docencia (98.807) y administración de justicia (8.564).

Hacienda señala que hay que tener en cuenta que se parte de una cifra muy elevada de temporalidad, de casi 300.000 interinos en la Administración, y que ese elevado número de interinos afecta principalmente a los sectores de Enseñanza y Justicia. La tasas oscilan entre el 30% de la sanidad, el 25% de Justicia y el 20% en la enseñanza no universitaria.

Además, el dirigente popular, ha subrayado que lo importante "no ese el acuerdo", sino "materializarlo", y ha afirmado que el Gobierno procederá a ello en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que el Consejo de Ministros aprobará este viernes y el Ejecutivo remitirá al Congreso el próximo martes.

Por su parte, el presidente de CSIF, Miguel Borra, ha afirmado que hay "un antes y un después" en el ámbito del empleo público tras la rúbrica del acuerdo, si bien ha mostrado su disconformidad con la subida salarial del 1%, y ha anunciado que desde este jueves iniciará una ronda de contactos con los grupos parlamentarios.

A su vez, el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT), Julio Lacuerda, ha valorado que el acuerdo va a permitir poner fin a la tasa de temporalidad y constituye un "primer paso" en las negociaciones, si bien ha insistido en que la "prioridad" sigue siendo la recuperación del poder adquisitivo, aunque la postura está "muy alejada" de las pretensiones del Gobierno.

De su lado, el secretario general de FSC-CC.OO., Javier Jiménez, ha celebrado la firma del acuerdo porque supondrá la "estabilización de centenares de miles de empleos públicos", y conlleva la devolución a cada administración pública de su responsabilidad respecto a tener que negociar en el ámbito que le corresponda.

En materia salarial, el titular de Hacienda ha mostrado su deseo de que el acuerdo suscrito para la mejora del empleo con los sindicatos se extienda también al tema salarial, y ha asegurado que "inmediatamente entraremos en la negociación de otros ámbitos, el primero el retributivo, para que tenga sus consecuencias ya en los PGE de 2018", una vez está "encauzada" la reducción del déficit público.

En esta línea, ha apuntado que el Gobierno aprobará a finales de junio el techo de gasto para 2018. "No tenemos mucho tiempo, tenemos que ponernos a ello, manos a la obra", ha insistido Montoro, quien ha dicho tener la vista puesta en el horizonte de los Presupuestos de 2018 en el aspecto de la retribución salarial.

Por su parte, los sindicatos han mostrado su rechazo total a la propuesta de subida salarial del 1%. Para Lacuerda, la subida del 1% salarial planteada por el Ejecutivo significaría una nueva pérdida de poder adquisitivo para este año, por lo que ha ofrecido un pacto de legislatura en materia de empleo público. "Celebramos de muy buena gana este acuerdo, pero hay muchas materias que están por resolver", ha añadido.

También Jiménez de CC.OO. ha mostrado su disconformidad y ha emplazado a seguir negociando para lograr mejoras en este aspecto y otros derechos de los funcionarios.

Desde CSIF, reclaman que se recupere la pérdida de poder adquisitivo registrada desde la reducción del 5% que decretó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2010, la congelación de los mismos al año siguiente, en 2011, y durante toda la legislatura de Mariano Rajoy, hasta el año pasado, cuando ya se aprobó un incremento del 1%.

De su lado, tanto UGT como CC.OO. consideran que el aumento de la retribución de los empleados públicos debería ser, como mínimo, superior al IPC de 2017, que el Ejecutivo prevé que se sitúe en el 1,2%.