La patronal de empresas de estiba Anesco pide ajustar el colectivo de estibadores, actualmente de 6.150 trabajadores, para "adecuarlo a las necesidades" de cada puerto, con lo que pide acometer un ajuste mediante prejubilaciones forzosas, bajas voluntarias y las iniciativas que fueran necesarias, que estarán "sufragadas por el Estado", dado que demanda ayudas públicas para quienes se vean afectados por estas "medidas extintivas".

Así lo indica la organización empresarial en la propuesta de acuerdo planteada este jueves a los sindicatos de estibadores en el marco de la negociación que mantienen sobre los aspectos laborales de la reforma de la estiba portuaria que promueve el Gobierno para liberalizarla y que cumpla con la legislación europea.

"La supresión del anterior régimen de gestión de los trabajadores del servicio de manipulación de mercancías impactará necesariamente sobre el empleo en el sector", asegura la patronal en su documento. "Por ello, deberá llevar asociada la concesión de ayudas públicas para los trabajadores que se vean afectados por las medidas extintivas en aras de facilitar un tránsito ordenado", añade.

En su propuesta, Anesco no recoge un compromiso de mantenimiento del empleo mediante distintos supuestos de subrogación, en contra de lo que el Gobierno planteó en la propuesta de la pasada semana, ni tampoco la que constituye la principal reivindicación de los sindicatos, la garantía de subrogación por ley.

En este sentido, la patronal sólo indica que, una vez se hayan abordado las medidas de ajuste de plantilla que considera necesarias y se hayan adaptado a las necesidades de los puertos, las empresas o bien contratarán "ex novo" a los estibadores o bien constituirán centros portuarios de empleo.

La subrogación sólo se contempla en este último caso, en el supuesto de que los trabajadores se incorporen a un centro portuario de empleo constituido por varias empresas, y por lo tanto, no se realizaría de forma directa por las empresas.

"Se producirá la subrogación cuando un trabajador portuario que haya pertenecido a una Sagep se incorpore a un centro portuario de empleo creado por empresas de servicios portuarios", indica textualmente la propuesta de Anesco.

En cuanto a las medidas de ajuste de plantilla que la organización pide abordar como paso previo, pasan por "prejubilaciones forzosas para todos los trabajadores que cumplan los requisitos para cobrar el 100% de la jubilación".

También plantean un plan de bajas voluntarias "para que los trabajadores puedan rescindir voluntariamente su contrato por razón de su edad o los perjuicios que se deriven" de la reforma del sector. A este plan podrán acogerse los empleados que tengan al menos 50 años, que podrán retirarse con el 70% del salario.

La patronal no descarta abordar nuevas medidas de ajuste "sufragadas por el Estado" si una vez acometidas esas dos medidas "extintivas" las plantillas aún presentaran excedentes.

Además del ajuste de la plantilla y las condiciones de contratación de la que quede, la propuesta de Anesco plantea un cambio en la organización operativa de los trabajos de carga y descarga de barcos.

Así, llama a reconocer la "potestad de las empresas de poder organizar la producción convenientemente, nombrando retenes, guardias y estableciendo los turnos que estimen necesarios" y distribuyendo el trabajo "según el libre criterio de las empresas".

La patronal pretende "distribuir diariamente la jornada máxima de trabajo anual de la estiba en atención a sus necesidades organizativas y productivas", de forma que "las jornadas ordinarias puedan establecerse entre un mínino de 6 horas y un máximo de 8 horas a opción de la empresa", "sin perjuicio de que los doblajes serán obligatorios".

Además, solicita que en vez de realizar nombramientos (el reparto de tareas entre estibadores) una vez al día, se puedan realizar tres diarios de lunes a sábado "en aquellos puertos que lo decidan las empresas", que no transcurran más de un día y medio (36 horas) entre un nombramiento (asignación de tarea) y oro, y "flexibilidad en los horarios de comienzo de jornada".

En los puertos en los que no se efectuaran estos cambios, las empresas propondrán "mejoras operativas y de aumento de la flexibilidad que permitan reducir un 30% lo costes de las operaciones" bajo la premisa además de que "en el caso de que estas medidas no se acuerden en el plazo de tres meses se producirá una reducción automática del sueldo de igual cuantía.

La patronal basa su propuesta en su consideración de que "corresponde a las empresas, en su condición de empleadora, la dirección, organización y control de la actividad laboral de los trabajadores portuarios".

Además, asegura que su "objetivo prioritario" ante la reforma es que "el cambio normativo que se realice en el sector garantice la igualdad entre las empresas existentes antes de la reforma y los nuevos operadores que entren al mercado tras su modificación legal (liberalización), para que ambos puedan competir en igualdad de condiciones".