El primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha defendido este viernes que administraciones y sectores empresariales y sindicales trabajen para acordar un salario de referencia para Barcelona o su área metropolitana de al menos 1.000 euros al mes.

"No nos podemos permitir que nadie en Barcelona gane menos de 1.000 euros por su trabajo. Con las condiciones en que estamos, no es bueno ni para el ámbito del trabajo ni para la economía", ha asegurado en la apertura de la jornada 'Viabilidad y repercusiones del establecimiento de un salario mínimo de ciudad', organizada por el Ayuntamiento, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y el Consell Econòmic i Social de Barcelona (Cesb) en el Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC).

El objetivo es promover el debate con los agentes sociales y económicos y por eso se creará un grupo de trabajo donde participarán patronales, sindicatos, consistorio y AMB. Durante la jornada se han presentado varios estudios, entre ellos el titulado ‘Cálculo del Salario de Referencia al Área Metropolitana de Barcelona’, elaborado por la consultora Daleph.

Los datos arrojados por el informe, resaltan que los salarios del área metropolitana deberían situarse en los 1.048 euros brutos para que una persona adulta pueda satisfacer sus necesidades básicas y vivir dignamente. Esta cifra debería incrementarse hasta los 1.088 en el caso Barcelona ciudad en base a las diferencias de precio de los principales ítems analizados, como el transporte, la vivienda, la educación o la alimentación.

Según Pisarello, un salario de ciudad inferior a 1.000 euros “no es bueno por el trabajo y no es bueno para la economía”, porque disminuye la productividad y también la capacidad de consumo. Ha añadido la importancia de la cohesión social para mantener una sociedad segura, uno de los elementos que más se tienen en cuenta a la hora de atraer inversiones.

Según el representante del consistorio, los sueldos más bajos del Ayuntamiento están por encima de los 1.400 euros y que tiene como herramienta la contratación pública para avanzar en esta dirección, tras lo que ha recordado que la alcaldesa, Ada Colau, pronto firmará un decreto de contratación social y ambiental para premiar a las empresas que paguen por encima de lo establecido en los convenios.

"Las empresas que lo puedan hacer deben aumentar los salarios", ha asegurado Pisarello, al tiempo que pedía un  diálogo social para abordar el asunto y ha señalado que las administraciones deben trabajar pero no sustituir la tarea que deben hacer los sectores económicos, sindicales y sociales, a los que les corresponde la negociación colectiva, ha dicho.

Ha defendido que el crecimiento económico debe ser sostenible y beneficiar a todos los ciudadanos -también entre barrios y hombres y mujeres- por justicia y por el bien de la economía, y ha añadido: "Debemos ser capaces de gobernar la revolución tecnológica para que comporte un beneficio para toda la población".

El informe sobre la viabilidad concluye que existe apoyo jurídico en la normativa internacional para poner en marcha un salario mínimo y que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) acepta estos salarios como cláusula de obligado cumplimiento en concursos públicos, pero recoge que la competencia con carácter general es de ámbito estatal y que se debería modificar la normativa para otorgar competencias a autonomías y administraciones locales.