El Gobierno agiliza el proceso de quiebra para preservar la continuidad de empresas viables

El Gobierno español propuso el martes reformar la Ley Concursal para simplificar los planes de reestructuración y cumplir una importante condición acordada con Bruselas para obtener fondos de recuperación de la Unión Europea.

La Ley Concursal vigente ha sido criticada por organismos como el Fondo Monetario Internacional por ser lenta y enrevesada, lo que a menudo lleva a las empresas a liquidar. "No queremos que ninguna empresa viable tenga que bajar la persiana por tener dificultades económicas puntuales y no queremos que ningún emprendedor deje de emprender por culpa de un proyecto fallido que le lastre para siempre", dijo a la prensa la ministra de Justicia, Pilar Llop.

Las empresas españolas han sido de las más activas de Europa a la hora de solicitar líneas de crédito y liquidez avaladas por el Estado durante la pandemia.

Desde el primer confinamiento aplicado en España, en marzo de 2020, se ha suspendido la obligación de declararse insolvente y el Gobierno amplió en noviembre la moratoria hasta junio de 2022 para evitar una avalancha de quiebras empresariales. Sin embargo, algunos economistas temen que la prórroga oculte algunas empresas zombis que en circunstancias normales ya deberían haber sido liquidadas.

El borrador de la propuesta se enviará ahora al Congreso como proyecto de ley, y se prevé que se incorpore a la legislación a mediados de 2022. Entre las novedades, propone un proceso de pre-reestructuración para intentar atajar la insolvencia en una fase temprana, abriendo la puerta a la renegociación de las deudas y evitando la liquidación forzosa.

El Gobierno ha creado un sistema especial para empresas de hasta 10 trabajadores, destinado a ahorrar tiempo y dinero a las pequeñas empresas a la hora de solicitar la insolvencia.

Llop también ha promovido la idea de la "segunda oportunidad", facilitando a los propietarios de empresas en quiebra la constitución de otras nuevas.

El nuevo proyecto de ley también introduce mecanismos para agilizar el trabajo de los administradores, como bonificaciones por la rápida resolución de los casos.