Gobierno y agentes sociales analizan recortar un año la duración máxima de los contratos por obra y servicio para que no puedan extenderse más de tres años (frente a los cuatro actuales), dentro de las medidas que tratan de acordar en el marco del diálogo social para reducir la temporalidad laboral.

El secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, y los responsables de los sindicatos UGT y CCOO y las patronales CEOE y Cepyme se volverán a sentar esta semana a la mesa de calidad en el empleo para hablar de limitar la utilización y la duración de los contratos eventuales e incrementar su indemnización al término del mismo.

Según el borrador de la propuesta de Empleo, la duración del contrato temporal por obra y servicio se reduciría en un año, al pasar de los cuatro actuales (tres más uno de prórroga, si así lo establece el convenio colectivo) a tres años (dos más uno).

De esta forma se restringiría aún más la duración máxima permitida en estos contratos temporales, que fue fijada en los tres años prorrogables por uno más en la reforma laboral de 2010, ya que hasta ese momento no existía límite.

De acuerdo con el documento, continuaría siendo obligatorio convertir en indefinidos a aquellos trabajadores que durante 30 meses hubieran estado contratados 24 meses en total y, para evitar abusos, la negociación colectiva podrá prevenir la utilización abusiva de contratos temporales de distintos trabajadores para desempeñar un mismo puesto.

La utilización de la figura del contrato temporal deberá estar justificada mediante "una necesidad temporal concreta" y, ante la falta de forma escrita o si continúa fuera del plazo, dichos contratos pasarán a ser indefinidos.

Para ello, Empleo propone también eliminar el contrato de duración determinada a término y el del primer empleo joven y obligar a formalizar por escrito todos los contratos temporales, independientemente de su duración, ya que hasta ahora sólo era necesario en los superiores a cuatro semanas.

También quiere reforzar el papel de la negociación colectiva, que podrá establecer en los convenios colectivos las pautas sobre lo que se entiende por "necesidad temporal de mano de obra" en cada sector o empresa, así como la relación adecuada del uso de esta modalidad contractual respecto del total de la plantilla.

En cuanto a la indemnización por extinción de contrato, y en virtud del acuerdo de investidura entre el Gobierno y Ciudadanos, la propuesta de Empleo mantiene el pago de 12 días para los contratos de un año de duración, pero lo incrementa de forma creciente hasta alcanzar los 20 días en aquellos de tres años.

Así, en los contratos de dos años de duración, los trabajadores cobrarán 12 días de salario por el primer año y 16 días por el segundo, mientras que en los de tres años, cobrarán 12 días por el primero, 16 por el segundo y 20 por el tercero.

La obligación de dar un preaviso al término de contrato se amplía a aquellos de entre 6 y 12 meses de duración, en los que la parte interesada tendrá que informar a la otra al menos una semana antes, mientras que se mantiene en 15 días para los contratos de más de un año de duración.

Además de este contrato temporal de indemnización creciente y del indefinido, el Gobierno quiere aunar los de prácticas y los de formación y aprendizaje en una sola modalidad contractual de formación, reduciendo los tipos de contratos a solo tres.

En materia de igualdad, quiere promover la transparencia salarial, obligando a las empresas a publicar los sueldos de sus trabajadores, lo que pondrá de manifiesto "si existe un sesgo en función del género" y permitirá "adoptar medidas adecuadas para garantizar el principio de igualdad de retribución".

También propone realizar auditorías salariales en las empresas de más de 250 empleados y pide que los planes de igualdad de las compañías cuenten con objetivos concretos y sistemas eficaces para su seguimiento y evaluación.