MADRID
El PSOE propondrá blindar con una reforma de la Constitución la presencia paritaria de hombres y mujeres en la composición de los órganos del Estado, de manera que ningún Gobierno pueda poner en riesgo el acceso de la mujer a las esferas del poder institucional, ha avanzado la secretaria socialista de Igualdad, Carmen Calvo.
"Queremos que sea nuestra Constitución la que diga que nuestras Cortes Generales tienen que tener una composición paritaria de hombres y mujeres", que establezca que "no se pueden conformar los órganos del Estado sin que haya un reparto paritario de hombres y mujeres", ha detallado en una entrevista con Europa Press.
De esa manera, expone Calvo, doctora en Derecho Constitucional, ningún partido que accediera al Gobierno podría cambiar o poner en duda este principio. "Nos sentimos mucho más protegidas las mujeres si eso está en la Constitución", argumenta Calvo, que defiende "hacerle un repaso al lenguaje" en la Carta Magna, donde todo está redactado "en masculino categórico".
Protección frente a la violencia machista
Cuando se abra ese debate, los socialistas propondrán también "que se contemple de manera especial la protección de la seguridad de las mujeres porque la violencia machista es el principal problema" que tiene la democracia española, a juicio de Calvo, que aboga por que la Carta Magna diga explícitamente que los hombres y las mujeres son iguales.
En la actualidad, se queja Calvo, el artículo 14 se limita a decir que "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".
El PSOE quiere que la Carta Magna recoja el nombre de los territorios que conforman España
El líder del PSOE, Pedro Sánchez, estima que la subcomisión parlamentaria que comenzará a trabajar sobre la reforma constitucional se abrirá a partir de septiembre de 2018, una vez haya terminado su tarea la comisión de estudio en el Congreso recientemente creada para evaluar y estudiar la modernización del Estado autonómico.
El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho estar dispuesto a hablar de una reforma de la Constitución cuando haya una "idea clara" de qué se quiere modificar y con la condición de que no se emprenda con el objetivo de contentar a los separatistas.
La comisión de estudio sobre el Estado autonómico, explica Calvo, servirá para "allanar un poco" uno de los aspectos más complejos que abarca la reforma de la Constitución: el modelo territorial. Los socialistas quieren que en la Carta Magna aparezca "el nombre" de los territorios que conforman España, pues no están en un texto que, en su artículo 137, expone que el Estado "se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan".
El PSOE defiende que la Constitución de 1978 tiene partes "muy buenas técnicamente y que han funcionado muy bien". Ha representado, incide Calvo, "una página brillante en la historia de España". Por tanto, lo que proponen los socialistas es "hacer ajustes" porque los españoles "tienen todo el derecho de recolocar algunas piezas" que ya están con normalidad en la sociedad de hoy en día pero que el texto no contempla.
Calvo no comparte el requisito que establece el PP para reformar la Constitución, y es que exista como mínimo el mismo consenso que hubo en el 78, porque no se puede comparar aquella situación con la actual. "Allí no había nada que reformar y todo por construir", por lo que ha pedido a los 'populares' que abandonen ese discurso "porque es una excusa" y les ha instado a sentarse y decir qué están dispuestos a cambiar y qué no.
España, un solo estado
Los socialistas apuestan por un "método federalizante del modelo autonómico"
La dirigente socialista ha explicado que la propuesta socialista aboga por "un método federalizante del modelo autonómico" que "en principio no requiere ampliar competencias" de las autonomías, pero sí "ordenar el modelo" y "mejorar" la coordinación entre territorios y de los territorios con el Estado. Pero todo esto desde el principio de lealtad "a un pacto en el que España es un solo estado".
El modelo actual, explica, "se ha hecho a golpe de pactos bilaterales de los territorios con los sucesivos gobiernos de España, en sentencias del Tribunal Constitucional que ha tenido que resolver muchos conflictos de competencias". "Nosotros pensamos que 40 años después todo eso hay que ajustarlo con una técnica federal", abunda.
Se trata de conjugar la "igualdad de derechos de los ciudadanos" con el "respeto a la diversidad de los territorios", que "no es fácil", reconoce. Pero la única manera de hacerlo es hablando "todos al mismo tiempo", incide.
En estos 40 años los territorios han ido hablando bilateralmente con el Gobierno para negociar la reforma de su Estatuto o las competencias que se transferían, pero una vez conseguida la descentralización de un Estado que era muy centralista en la Transición, lo que toca es "hablar todos juntos y al mismo tiempo" hasta alcanzar un nuevo pacto territorial, explica.
Recuperar el Estatud de 2006
Y aunque reconoce que España es un país muy descentralizado, defiende como un "encaje razonable y correcto de Catalunya en España" el contenido íntegro del Estatut que los catalanes votaron en referéndum y que luego recortó en 2010 el Tribunal Constitucional en algunos aspectos que el PSOE y su socio en Catalunya, PSC, quieren recuperar, como el Consejo de Justicia de Catalunya, un órgano de gobierno de los jueces en Catalunya desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial.
En la actualidad, son más numerosos los españoles que apuestan por dejar el Estado autonómico tal y como está (en torno a un 40 por ciento, según el Centro de Investigaciones Sociológicas). Para Calvo, esto demuestra que los ciudadanos "tienen claro que tener autonomías es bueno" y que son minoría quienes piensan que España debería ser un Estado centralista.
En su opinión, la buena acogida del Estado autonómico entre los ciudadanos se explica porque son los territorios quienes tienen las competencias de los servicios públicos esenciales (sanidad, educación, atención a la dependencia).
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