Corderos fantasmas y tierras okupadas: la millonaria picaresca agraria en torno a los fondos de la UE

Las ayudas agrarias de la UE, la PAC (Política Agraria Común) cuya versión local se debate ahora en cada Estado miembro tras el acuerdo global  de reparto de fondos de hace unas semanas, ha dado lugar un sinfín de situaciones paradójicas que han llevado a los agricultores profesionales a ver cómo un sistema teóricamente diseñado para apoyar la viabilidad de sus explotaciones familiares lleva camino de acabar perjudicándoles para beneficiar a los grandes propietarios y las explotaciones industrializadas en un sector cada vez más uberizado , al mismo tiempo que ha estimulado la práctica de la picaresca.

La última alerta la ha lanzado Ecologistas en Acción, que ha pedido al Parlamento Europeo que investigue si, tal y como señala un informe de la Abogacía del Estado, varias sociedades están recibiendo ayudas agrarias por la supuesta explotación de unas tierras cuyo titular, en realidad, sería el Estado al formar parte de la desecada Laguna de Janda, en Cádiz.

Una de esas empresas, Complejo Agrícola SL, recibió el año pasado más de cuatro millones de euros en subvenciones de la PAC, parte de ellas, según indica el informe, solicitado por el Miteco (Ministerio para la Transición ecológica), a cuenta de una parte de las tierras de la antigua laguna, en la que fue desecada una superficie de más de 6.000 hectáreas.

La organización ecologista, que sospecha que "se ha dado un fin indebido a los fondos europeos y varias empresas y sociedades han recibido ayudas de la PAC por cultivar terrenos públicos ocupados sin mediar concesión", señalan como, tras una concesión inicial de derecho a explotar las tierras en una de las fases de desecación de la laguna, el Estado otorgó "una concesión a 99 años a la empresa adjudicataria".

Sin embargo, después de que esta fuera rescatada en 1964 "para garantizar un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos", las tierras "han seguido explotándose privativamente al margen de la ley, ya que no se han otorgado nuevas concesiones administrativas que serían preceptivas para ello".

Una empresa de uva recibe más de 21 millones

No es esa la única situación chirriante que se da en la gestión de los fondos agrarios de la UE, cuyos principales beneficiarios acaban siendo, paradójicamente, grandes empresas y, también, las comunidades autónomas, que encabezan con ventaja los listados de perceptores de ayudas del FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria): 94,2 millones de euros la Junta de Andalucía, 49,1 la de Castilla-La Mancha, 48 la de Extremadura, 36 la de Castilla y León, a las que siguen, con la Xunta de Galicia (21,8) entre ellas, un organismo público como el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (28,3) y la primera empresa de la lista, Alvinesa Natural Ingredientes, una firma de Daimiel (Ciudad Real) dedicada a producir derivados de la uva que percibe 21,8.

Eso, junto con el hecho de que los municipios españoles en los que más residentes cobran ayudas de la PAC sean, por este orden, Madrid (26.690), Sevilla (12.702), Zaragoza (8.924) y Valencia (10.023), apunta a que la política de ayudas agrarias de la UE quizás tenga mucho que ver con la agricultura pero no tanto con los agricultores.

A este cuadro general se le añade otro que gira en torno de los mal llamados derechos históricos, cuyas dos fases desarrolladas en las últimas dos décadas han acabado consolidando la figura del labrador de corbata o agricultor de sofá, en la que encajan el casi medio millón de beneficiarios de las ayudas (titulares de explotaciones y propietarios de tierras) que no figuran entre los 283.100 empleadores y autónomos independientes del sector agrario que registra la EPA (Encuesta de Población Activa), los cuáles siguen accediendo a ese dinero sin dedicarse a trabajar la tierra ni a criar ganado.

"Ahora puede cobrar la PAC cualquiera, apenas hay un 25% de agricultores genuinos que vivimos del campo", explica Marcos Garcés, responsable de Juventud de la organización agraria COAG, que llama la atención acerca de cómo esas políticas coinciden también con un intenso estrechamiento de la base de la pirámide demográfica del campo: solo el 8% de los agricultores tienen menos de 40 años y apenas el 0,65% es menor de 25.

No hay relevo generacional, entre otros factores, por las dificultades para acceder a la tierra , al tiempo que ese modelo facilita el acaparamiento de campos  por la agroindustria mediante el arrendamiento a propietarios que se desentienden de ellos mientras siguen cobrando las ayudas europeas.

El caso de los corderos volatilizados

En ese proceso ha resultado clave la figura de los ‘derechos históricos’, que consisten en la asignación a la tierra, hasta 2014, de los derechos a ayudas de 2003, algo que han dado lugar a situaciones delirantes como la del sector del ovino: "quien vendió sus ovejas en 2004, o en 2007, sigue cobrando por ellas porque traspasó ese derecho a la tierra", explica Garcés.

El asunto tiene una magnitud millonaria en un país en el que el censo de ganado ovino pasó en esos once años de 23,46 a 15,43 millones de cabezas, según los datos del Ministerio de Agricultura, para mantenerse desde entonces  en una horquilla de los 15,91 a los 16,87.Son, redondeando, siete millones de corderos y ovejas menos por cada una de las cuales los antiguos propietarios siguen recibiendo una subvención de doce euros al año.

Paralelamente, tierras en las que en esa época se cultivaban vegetales con derecho a subvención, como los cereales, han conservado el derecho de cobro con independencia de que sean ahora pastos o cotos de caza, o de que su propietario las arriende para percibir la renta del alquiler y las ayudas sin trabajarlas directamente.

Cuando la política verde penaliza lo que beneficia al medio

"A veces se nos olvida que estamos hablando de dinero público, y mantenemos la foto de hace veinte años más la especulación que ha habido en ese tiempo", ya que durante una década fue posible la compra de derechos, explica Garcés, que asegura que ese sistema" altera el precio de la tierra y la competencia y, además, no ayuda más al más eficiente sino al que más derechos mantiene. El precio de los productos no le preocupa lo mismo al que recibe una ayuda de 300 euros por hectárea que el que recibe 50. Hay explotaciones para las que las subvenciones de la PAC suponen el 30% de los ingresos".

El modelo, que incluye situaciones como que quien cultiva hortalizas en tierras que se dedicaron al arroz disponga de una inyección de más de 500 euros por hectárea a la que no tienen derecho quienes llevan dos décadas como horticultores, pone en cuestión también la faceta verde de la PAC, ya que financia el abandono de una actividad básica para el mantenimiento del monte como es el pastoreo al tiempo que da el mismo trato que a la huerta a quienes trabajan con árboles leñosos como los frutales, con elevada capacidad de captura de CO2, y llega, mediante los llamados "coeficientes de admisibildad", a recortar las ayudas en zonas de secano en función de la superficie que cubren las copas del arbolado.

La posibilidad de compatibilizar el cobro de las ayudas de la PAC con la instalación de parques eólicos y de energía solar en los campos a las que se están asignadas como ‘derecho histórico’ entroncan con ese tipo de planteamientos, al que se suman otros como el fomento de los yermos al encontrarse con relativa frecuencia a decenas de kilómetros, y en ocasiones en provincias distintas, las tierras de supuesto pastoreo y las explotaciones ganaderas a las que están formalmente vinculadas.

"Se puede estar cobrando la PAC mientras uno vive de gestionar una tienda de móviles", apunta Garcés, que reclama que "la política agraria tiene que ir acompañando en la evolución de la agricultura y en la eficiencia".

Mientras las negociaciones para la reforma de la PAC pasan de puntillas sobre esos asuntos pese a los planteamientos de algunas comunidades para revisarlos, las subvenciones se han convertido en uno de los inputs fundamentales de la agricultura: según indica un estudio del Gobierno de Aragón  el año pasado alcanzaron una cuantía de 5.899,2 millones de euros que supone algo más de la quinta parte de la renta agraria del país (29.123,6).