La proliferación de pisos turísticos sin licencia está poniendo en cuestión la legalidad de estas viviendas. El Área de Urbanismo de la Comunidad de Madrid informó recientemente que el 92% de los alojamientos turísticos en la capital carecen de la correspondiente licencia municipal. Además, hace dos semanas, se viralizó un vídeo en redes sociales donde una inquilina contaba las situaciones incómodas que había experimentado en su casa con los huéspedes de estos alojamientos turísticos.

La preocupación trasciende fronteras y hay quienes están intentando buscar diferentes vías para atajar el problema. En Francia, 26 hoteleros han interpuesto una demanda judicial contra la plataforma online Airbnb, acusándola de "competencia desleal". Los demandantes argumentan que la plataforma estadounidense no proporciona el número de registro de las propiedades que comercializa, incumpliendo así la normativa francesa. También denuncian una falta de supervisión sobre los productos ofrecidos, alegando que existen anuncios ilegales en el sitio. Según los hoteleros, hay personas que alquilan propiedades sin autorización, y critican a Airbnb por no verificar la legalidad de las ofertas publicadas.

Por su parte, Airbnb desmiente estas acusaciones y afirma que cumple con todas las obligaciones. "Mientras este lobby hotelero hace todo lo posible para defender argumentos contrarios a la legislación francesa y europea, Airbnb ha permitido a muchas familias ganar una media de unos 3.800 euros y a las autoridades locales recaudar 187 millones de euros en concepto de tasa turística solo en 2023", ha señalado la plataforma en un comunicado enviado a AFP.

De hecho, en 2022, la Comisión Europea propuso que este tipo de negocios debían compartir datos sobre la cantidad de personas que utilizan sus plataformas. Declaró en un comunicado que con estas medidas se iba a "ayudar a mejorar la transparencia, sobre la identificación y la actividad de los anfitriones que ofertan alojamiento, y sobre las reglas que deben cumplir".

Incluso, Bruselas instó a las autoridades nacionales a implementar sanciones para asegurar que esta regulación no sea ignorada. Entre las posibles medidas, el Ejecutivo comunitario sugirió la suspensión de la participación en estas plataformas para aquellos anfitriones que no cumplieran con las nuevas normas.

Las medidas de los países europeos son insuficientes

Víctor Palomo, abogado del Sindicato de Inquilinas, ha informado a Público de que los países europeos se han centrado en limitar el número de días al año que se puede alquilar una residencia o segunda residencia. "En Berlín, las segundas residencias solo pueden alquilarse un máximo de 90 días; en Venecia, la regulación es aún más estricta, prohibiendo alquileres de menos de 30 días; y en Portugal, se han restringido las licencias para Airbnb", señala. Sin embargo, Palomo cree que estas medidas no son la solución, ya que "la ciudadanía sigue manifestando su descontento por la gentrificación y el desplazamiento de los vecinos de sus barrios". "No se puede permitir ni un pequeño margen para los pisos turísticos; deben ser restringidos o eliminados", opina.

El representante del sindicato sugiere otras medidas para combatir la ilegalidad de los alojamientos turísticos. "Además de asegurar que la inspección y sanción sean efectivas, otra opción es actuar por la vía fiscal", dice. "Los pisos turísticos solo benefician a unos pocos, generalmente a empresas. Si estos pisos deben mantenerse de alguna manera, no deberían ser tan rentables. Por ejemplo, si tienes un piso en Airbnb, pagarás ciertos impuestos, y si tienes dos pisos, pagarás el doble. Así se desincentiva la posibilidad de hacer negocio con los pisos turísticos", explica.

Palomo considera también que hay que reducir al máximo la cantidad de pisos turísticos para que no superen el 0,01% del total de viviendas en una zona. "Esto es fundamental para evitar que los barrios sean invadidos por estos alojamientos, alterando así su esencia y configuración".

Consecuencias directas en el mercado de alquiler

Una de las consecuencias directas de la expansión de los pisos turísticos recae en el mercado de alquiler. Por ejemplo, alquilar una habitación en España ya es un lujo: su precio se ha disparado un 42% en cinco años, hasta los 500 euros de media, según datos recabados por el portal Fotocasa.

A pesar de las políticas implementadas en años recientes orientadas a moderar la escalada de los precios, estas no han logrado mitigar la creciente desigualdad social vinculada al rentismo en el acceso a la vivienda. El portal inmobiliario confirma que el beneficio de alquilar por habitaciones es casi un 50% superior al de alquilar una vivienda entera.

Consumo investiga las viviendas turísticas sin licencia

En España, Consumo abrió recientemente una investigación a las plataformas de alquiler turístico por anunciar viviendas que operan sin licencia en diferentes ciudades españolas. Según la nota oficial distribuida por el Gobierno, esta práctica supondría una infracción de la ley de los consumidores y podría llegar a ser sancionada con hasta 100.000 euros.

Esta investigación se ha llevado a cabo después de que las autoridades autonómicas y municipales tuvieran constancia de que un número significativo de viviendas turísticas estaban operando sin licencia. La Dirección General de Consumo ha enviado requerimientos a las principales plataformas de alquiler turístico para que informen sobre las viviendas que se anuncian, según informó el ministerio que dirige Pablo Bustinduy.

Barcelona eliminará los pisos turísticos antes de 2029

El abogado del Sindicato de Inquilinas explica a este medio que, actualmente, la ilegalidad en cuestión es de naturaleza administrativa. Esto significa que los pisos turísticos no cumplen todos los requisitos urbanísticos ni las normativas municipales y autonómicas. "En el caso de España, la responsabilidad de inspeccionar y sancionar estas irregularidades recae en los ayuntamientos y las comunidades autónomas", aclara.

Palomo añade que esto representa un problema, "ya que se observa una clara falta de voluntad política, −por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid y en la Comunidad de Madrid− para perseguir estas irregularidades". El miembro del sindicato respalda su explicación en unos datos facilitados por Airbnb. "Existen 17.000 pisos turísticos y 8.000 habitaciones privadas ofertadas en la plataforma, pero solo 1.000 están registradas legalmente ante el Ayuntamiento de la capital. Esto demuestra que la ilegalidad no es un fenómeno aislado, sino algo estructural", insiste.

En Barcelona, el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, confirmó el pasado viernes que no concederá más licencias para viviendas de uso turístico y tampoco renovará las existentes, en aplicación de la norma catalana para regular el mercado de la vivienda. Collboni tiene previsto eliminar los 10.101 pisos turísticos que hay en la capital catalana antes de 2029.

El alcalde catalán ha anunciado también que propondrá una modificación en la política de reserva para pisos sociales del 30% de las nuevas promociones y grandes reformas de edificios de viviendas, vigente desde 2018. El PSC pretende con esta batería de medidas incrementar el parque de vivienda en la ciudad y frenar la subida de los precios del alquiler.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido la propuesta de Collboni. "Tienes todo mi apoyo en esta tarea", ha expresado por X. Rodríguez también ha dado su "enhorabuena" al primer edil barcelonés. "De esto se trata, de hacer todos los esfuerzos necesarios para garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible", ha concluido.

Sin embargo, el Sindicat de Llogateres i Llogaters ha reconocido en X que todavía es pronto para cantar victoria. "Todo dependerá del contexto político de 2028, hasta entonces no veremos ningún cambio y la situación es límite. La medida no servirá de nada si no se prohíben también los alquileres de temporada", advierten desde la plataforma. El sindicato también denuncia que Collboni intente "colar" un cambio para "cargarse el 30% obligatorio de vivienda protegida" en la ciudad.

Víctor Palomo, abogado del Sindicato de Inquilinas, respalda estas declaraciones y afirma a este medio que la propuesta de Collboni "es solo humo". "No se ha presentado nada nuevo; esto ya estaba contemplado en el decreto de pisos turísticos de 2023 de la Generalitat, y además se habla de un plazo adicional de cinco años. Esta es una cuestión urgente y de emergencia habitacional actual, pero el partido socialista no quiere afrontarla". Palomo lamenta "una clara falta de voluntad, una visión que no considera la vivienda como un derecho, sino como un objeto de especulación".

La Asociación de Apartamentos turísticos de Barcelona (Apartur) tacha la decisión del alcalde de Barcelona de "irresponsable" y "demagógica" y le acusa de condenar el turismo familiar. Añade que esto solo contribuirá a aumentar los apartamentos ilegales. "El alcalde acaba de hacer una llamada a que toda la ciudad se llene de alojamientos turísticos ilegales", opina.