EmpresasEspaña debe 1.000 millones en indemnizaciones por los recortes a las renovables de Rajoy

Nueva derrota en un arbitraje para España por los recortes ejecutados a las energías renovables por el Gobierno de Mariano Rajoy. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) ha dictaminado que se tendrá que reparar con 90 millones de euros al fondo de inversión RREEF, propiedad de Deutsche Bank, por los cambios en el sector energético promovidos en el año 2013.

España arrastra más de 40 arbitrajes en los que se reclama un total de 10.ooo millones de euros

Con esta resolución, el Ejecutivo español ya ha perdido su undécimo laudo arbitral, con lo que se alcanza ya los 900 millones de euros en indemnizaciones, a lo que habría que sumar las costas procesales, por lo que la cifra total se acerca a los 1.000 millones. El cambio en las primas de las energías renovables se ha acabado convirtiendo en un auténtico quebradero de cabeza para España, que aún mantiene activos más de 40 procesos de arbitraje en los que se reclama un total de 10.000 millones de euros.

España ha coleccionado un reguero de derrotas en las 12 ocasiones que ha tenido que acudir al Ciadi, con once condenas en contra y únicamente una de signo favorable. Son los casos perdidos contra Nextera (290 millones), Eiser (128 millones), Antin (101 millones), Masdar (64,5 millones), Novenergia (53,3 millones), 9REN (41,7 millones), SolEs Badajoz (41 millones), Greentech (39 millones), Demeter y Cube (33,7 millones), Schwab Holding/OperaFund Ecoinvest (27 millones).

A todos estos casos hay que sumar el proceso perdido contra Infrared Environment Infrastructure, del que se desconoce el montante de la compensación, pero que había reclamado 92 millones de euros. En estos años, España solamente se ha impuesto en un arbitraje contra un conglomerado de empresas públicas alemanas y otros inversores.

Un decreto-ley para atajar los litigios

Para encontrar una solución a este agujero creado por los cambios en el mercado de las renovables del Ejecutivo de Rajoy en 2013, el Gobierno en funciones aprobó el pasado 22 de noviembre un decreto-ley que permite a todas las empresas afectadas mantener la retribución actualmente vigente, del 7,398% o del 7,50%, en función del tipo de instalación, hasta 2031, siempre que renuncien a sus reclamaciones o a las compensaciones que hayan obtenido.

De esta manera, los que tengan reconocido el derecho a percibir una indemnización como consecuencia de una sentencia firme o un laudo arbitral definitivo, o tengan abiertos procesos arbitrales o judiciales en curso, deben acreditar su renunciar fehaciente a percibir la compensación, continuación o reinicio de los procesos.

En caso de no acogerse a esta opción, a las instalaciones se les aplicará la retribución que el Gobierno ha fijado, con carácter general, para el periodo 2020-2025, que es de un 7,09%, y que se volverá a revisar para el periodo 2026-2031, revisión que no sufrirán los que se acojan a esta opción del Gobierno.