Familias y empresas han pagado casi 80.000 millones de euros desde 2010 en impuestos en sus facturas de la luz, un bien de primera necesidad cuyo consumo soporta una desmesurada (e indiscriminada) presión fiscal del 27,18% que duplica de sobras a la que genera el IRPF (12,9%), que triplica con creces a la del Impuesto de Sociedades (8,3%) y que está cerca de doblar la del IVA (15,2).

Consumidores y economistas coinciden en reclamar una reducción de esa carga fiscal, diseñada a través de impuestos indirectos y carentes de componentes progresivos en función de la renta, que incluso la UE ve desmesurada y cuyo peso real se ha disparado en las últimas semanas al alcanzar la energía unos precios desconocidos hasta ahora fuera de los meses más fríos  del año y que, según la organización de consumidores FACUA, marcaron este miércoles a un récord histórico de 22,35 céntimos por kilovatio consumido de media y a otro de 31,83 en la hora punta de la nueva tarifa por tramos.

El Gobierno se abrió este miércoles a una "probable" modificación temporal de la carga tributaria que soporta el recibo de la luz, según anunció la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición ecológica, Teresa Ribera, aunque se trata de una medida de escaso impacto en la factura final.

Esos casi 80.000 millones (79.845) son la parte del pastel que soportan familias y empresas, según indican los informes de recaudación de la Agencia Tributaria, que recogen cómo entre 2010 y 2020 los impuestos del recibo de la luz se han movido en una horquilla de a 6.579 a 8.005 millones de euros.

Proceden de dos fuentes: el llamado impuesto de la electricidad, que grava con un 5,112% la suma de, por un lado, los peajes y cargos sobre la potencia instalada, destinados a mantener la red y a financiar los llamados beneficios caídos del cielo  y, por otro, del coste de la energía. Los ingresos por este concepto variaron entre 1.207 y 1.537 millones de euros de 2010 a 2020.

Al precio que alcanza el recibo con esos conceptos, amén de otras triquiñuelas de las compañías, se le añade el alquiler de los equipos, que suele situarse en torno a 1,50 euros por mes, y al resultado se le aplica un 21% de IVA, que ha generado en esos años una recaudación de entre 6.579 y 8.005 millones.

La suma ponderada de esos impuestos del 5,112% y del 21% alcanza un 27,18%, ya que no se trata de dos impuestos paralelos sobre una misma base, sino que se aplican de manera consecutiva. Esa sencilla modificación bajaría en más de dos puntos la presión fiscal, un efecto superior al de la medida que estudia el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco).

Los otros impuestos de la electricidad

Ribera habló de volver a suspender "alguno de los elementos fiscales [del recibo], con carácter excepcional y provisional", lo que, traducido de la jerga energética a la coloquial, equivale a plantearse dejar de aplicar el recargo del 7% sobre la generación eléctrica que el Gobierno de Mariano Rajoy instauró en 2012 y cuyo peso real, al afectar únicamente al componente energético, se queda en un 2,1% de la factura.

Se trataría, en cualquier caso, de "medidas provisionales hasta tanto se aborde en profundidad, con rigor y congruencia la reforma de nuestra fiscalidad energética", señaló el Miteco en un comunicado, en el que añadió que "mientras buscamos una respuesta solvente, es obvio que este gobierno debe de ser sensible y debe preocuparse por los consumidores".

La recaudación por ese impuesto, que tiene como pagano teórico a las eléctricas pero que estas repercuten en el recibo de la luz, ronda los cien millones mensuales, tal y como comprobó la Agencia Tributaria durante su primera suspensión temporal a finales de 2018.

A este se le sumaba otro por la quema de carbón que suponía para Hacienda unos ingresos de en torno a 300 millones anuales y que ha quedado prácticamente extinguido con el progresivo cierre de las centrales térmicas, que lo han reducido a trece millones en lo que va de año tras quedarse en 28 el pasado.

“La sanidad y la educación no se pagan solas”

Consumidores y economistas coinciden en la necesidad de reducir la carga fiscal del recibo de la luz, uno de los gastos domésticos que mayor aureola de gravosos han adquirido en los últimos años al coincidir su continuo encarecimiento con unas ganancias de récord de las compañías eléctricas; aunque, en ambos casos, con matices de calado.

"Suspender temporalmente, o al menos bajar, el impuesto de la electricidad del 5% y el IVA del 21%, es una medida adecuada en tiempos de crisis, sostiene Rubén Gimeno, director del Servicio de Estudios del CGE (Consejo General de Economistas), quien considera que "en épocas de crisis hay que bajar impuestos, para que haya más dinero en los bolsillos de los ciudadanos y estos puedan gastar más para ayudar a superarlas, y subirlos en la de bonanza".
Gimeno aboga por "una medida temporal, mientras dure la crisis", y de aplicación generalizada, tanto para hogares como para empresas.

Rubén Sánchez, de Facua, y Enrique García, de la OCU, coinciden en la necesidad de una rebaja urgente y en la de acometer una reforma fiscal más amplia que palíe los efectos que tendría en las arcas públicas una merma de más de 7.000 millones anuales. "La sanidad y la educación no se pagan solas, de eso somos conscientes. Se trata de bajar el IVA pero compensándolo con otros ingresos, como una subida del IRPF a las rentas más altas o de Sociedades a las empresas con grandes beneficios", señala el primero.

"No se puede abusar del precio como se está haciendo"

"Llevamos años pidiendo al Gobierno que baje los impuestos de la electricidad. El IVA, que es un impuesto indirecto, y que como tal perjudica más a las rentas más bajas, no tiene por qué ser el más alto", añade Sánchez, que reclama la intervención en el debate sobre este asunto de ministerios como los de Consumo o Derechos Sociales.

La OCU, por su parte, ha iniciado una campaña por la bajada del IVA de la luz al 10% a la que este miércoles se habían sumado más de 8.000 personas. "Es el que se aplica en Portugal o Italia, y eso sería la forma más inmediata de bajar el precio de la electricidad", indica García, que califica de "anacrónico" el impuesto del 5%.

"No se puede abusar del precio como se está haciendo, y hay fórmulas para compensar esa pérdida de ingresos a través del IRPF en función de la capacidad de los contribuyentes", señala, al tiempo que llama la atención sobre dos ventanas de oportunidad con forma de reforma legal para actuar sobre el precio de la luz: la regulación de los beneficios caídos del cielo, cuyo proyecto de ley va a salir a información pública, y la creación del Fondo de Sostenibilidad, que puede llegar a abaratar la factura hasta un 16% en cuatro años.

"No hay nada más de primera necesidad que la luz, el gas y el agua, y no hay razones para no bajar su IVA al 4%, con tramos del 10% o el 21% en función del consumo", añade Sánchez, que remarca que "Europa no se opone a eso".

UE: "España puede aplicar un tipo impositivo reducido"

De hecho, la Comisión Europea lo ha dicho por escrito en su respuesta a una batería de preguntas del eurodiputado Toni Comín, de JxCat, a quien le indicó que "España puede aplicar un tipo impositivo reducido a la electricidad suministrada a los hogares", según informó la propia Facua.

Europa no solo bendice una reducción de la presión fiscal por la vía de recortar el IVA, sino que también considera que "el impuesto especial español sobre el consumo de electricidad de los hogares está muy por encima del mínimo de la UE establecido por la directiva sobre fiscalidad de la energía".

"La mejor manera de conseguir que las facturas de electricidad de todos los consumidores sigan siendo bajas consiste en garantizar que el diseño general del sistema sea eficiente y que existan salvaguardias clave para los consumidores", añadía la Comisión, abriendo de par en par las puertas a la reforma tributaria para bajar el precio de la luz por la que abogan consumidores y expertos.

Las vidas paralelas de la gasolina y el gasóleo

El caso de la gasolina y el gasóleo guarda claros paralelismos con el de la luz, aunque en este caso con una presión fiscal del 60% cuyos efectos recaudatorios se disparan en épocas como la actual de final de la primavera y levantamiento de las restricciones a la movilidad, en las que el precio de venta al público del primero de esos combustibles se acerca al euros y medio por litro mientras el segundo supera el 1,30.

El Estado recaudó 157.440 millones de euros entre 2010 y 2020 mediante los tributos de los combustibles, que soportan una combinación del Impuesto de Hidrocarburos estatal, que se encuentra en su tope desde comienzos de 2019, y del de Ventas Minoristas que aplican las comunidades, lo que genera una carga fiscal que llega a suponer entre el 47% y el 53% del precio, al que, también de manera consecutiva en lugar de paralela, se le aplica un IVA del 21%.

Los ingresos de Hacienda en esos años por los combustibles oscilaron entre los 12.077 y los 17.414 millones de euros, con una horquilla de 3.500 a 5.150 en los primeros y de 8.500 a 12.200 en los segundos.

En cualquier caso, el calado de la decisión requiere, a la vez que audacia, tino y prudencia. La suspensión de los impuestos de la electricidad y de los hidrocarburos sin medidas alternativas dejarían en las arcas estatales un boquete de 21.500 millones anuales, una cifra que supera con creces la necesidad de recursos prepandémica para el desempleo (18.000) o las ayudas europeas (16.000) y que se acerca a otras dos de comparación más inquietante: la suma de las prestaciones pagadas (13.400) y las cotizaciones exoneradas con los ERTE (7.000), o el agujero causado por la pandemia en la recaudación tributaria (18.800).