El precio de la luz sigue disparado en España. Pese a que el Gobierno insiste en que con la entrada en vigor el pasado 1 de junio de la nueva facturación por tramos horarios el importe de la factura eléctrica va a bajar para los 9,5 millones de consumidores acogidos al sistema de Precio Voluntario para los Pequeños Consumidores (PVPC) –el mercado regulado–, la realidad es bien distinta: después de haber tenido que pagar el recibo de la luz más caro de la historia en los meses de abril y mayo, los consumidores asisten con perplejidad a un nuevo incremento del precio en el mes de junio.

Aunque el nuevo sistema tarifario, que introduce tres periodos de discriminación horaria –punta, llano y valle–, todavía no permite una comparación homogénea con facturas anteriores para un consumidor tipo, los altos precios en el mercado mayorista impulsarán al alza el recibo de junio con respecto al de mayo. Este miércoles ha alcanzado el tercer precio diario más caro de la historia al situarse en 94,63 euros por megavatio/hora (MWh). El martes, sólo 24 horas antes, el precio era de 90,95 euros. Unos precios que este año no se veían desde el pasado 8 de enero, cuando el temporal Filomena colapsó el centro del país.

En ese sentido, Facua-Consumidores en Acción presentó este pasado martes un estudio basado en el análisis de varias decenas de miles de facturas en viviendas habitadas que dibuja una realidad poco esperanzadora: con datos consolidados hasta este 15 de junio, Facua calcula que en el último año el recibo de la luz se ha incrementado en casi 28 euros con respecto al mismo período del año pasado, al pasar de 60,58 euros en junio de 2020 a 88,11 euros un año después para una potencia contratada de 4,4 kilovatios y un consumo de 366 kilovatios hora mensuales. O lo que es lo mismo, un incremento interanual superior al 40%, en concreto del 45,4%.

En junio, según las estimaciones de Facua, a los consumidores les tocará pagar la segunda factura más cara de toda la historia tras los 88,66 euros que tuvieron que abonar en el primer trimestre de 2012. Según los datos recopilados por la asociación de consumidores, el precio medio del kilovatio hora (KWh) –la medida que se utiliza en las facturas–, del 1 al 15 de junio fue, impuestos incluidos, de 13,62 céntimos en horario valle, 18,19 céntimos en horario llano y 30,35 céntimos en horario punta. Para los tres tramos, resulta un precio medio ponderado de 19,65 céntimos. En junio de 2020, el precio medio sin discriminación horaria fue de 11,31 céntimos; en junio de 2019, 13,78 céntimos. En cuanto a la media del pasado mayo, fue de 17,20 céntimos.

"Reclamamos soluciones ante los brutales incrementos tarifarios que continúan aplicando las eléctricas y un cambio en el nuevo sistema de facturación por tramos que representa por sí solo un incremento en el precio de la energía consumida para un altísimo porcentaje de consumidores y perjudica especialmente a las economías más desfavorecidas", explicó Rubén Sánchez, secretario general de Facua, este pasado martes en una rueda de prensa.

La pregunta es evidente: ¿por qué no baja el precio de la luz con la nueva factura eléctrica por tramos? La respuesta quizás no lo sea tanto dado el alambicado y complejo mercado eléctrico español. El precio de la luz en el mercado mayorista, que se determina mediante subasta, tiene un peso del 35% en el recibo de los consumidores acogidos al PVPC, pero en la factura eléctrica tiene un mayor peso el llamado término fijo o costes regulados –casi un 40%– a lo que hay que añadir los impuestos, que se meriendan casi un tercio de la factura eléctrica.

El término fijo incluye un pago por la potencia contratada, el grueso de cual son los llamados peajes de acceso, destinados a pagar los costes del transporte desde donde se genera la luz hasta donde se produce. Tampoco hay que olvidar, como señalaba este pasado martes Rubén Sánchez, los altos impuestos que se incluyen en el recibo eléctrico: "Estamos pagando un 27,2% de la factura eléctrica en impuestos indirectos, entre el IVA y Impuesto a la Electricidad".

El alza de las últimas semanas en el mercado eléctrico mayorista tiene un claro origen en el aumento de los los precios del gas (utilizado en la generación de gas con ciclos combinados) en los mercados internacionales, pero especialmente en el aumento de los precios de los de los derechos de emisión de CO2 (dióxido de carbono).

El precio medio de los derechos de emisión de CO2 en lo que va de mes de junio se han doblado respecto al mismo mes de años anteriores: a día de hoy alcanza los 51,78 euros/tonelada, cuando en junio de 2020, el precio medio de los derechos de CO2 fue de 23,33 euros/tonelada, cifra sólo un poco menor a los 25,24 euros/tonelada de junio de 2019. De hecho, el coste de las emisiones de carbono en junio de 2021 casi dobla al precio medio anual que se registró en todo 2020 (24,75 euros/tonelada) y en todo 2019 (24,84 euros/tonelada). "Siempre hay una explicación: en febrero fue Filomena y ahora los derechos de emisión de CO2. El caso es que en lo que va de 2021 el recibo de la luz no ha dejado de subir", señala una fuente del sector a Público.

Las grandes empresas eléctricas siempre se escudan en que el precio mayorista de la luz depende de la ley de la oferta y la demanda, pero Rubén Sánchez tiene una teoría distinta: "El precio de la energía consumida, medida en kilovatios, se ha incrementado, por un lado, por la especulación de las eléctricas y, por otro, por la estructuración por tramos horarios. Vemos leves bajadas de la potencia contratada, pero vemos también que el precio del kilovatio ha subido directamente con la medida del Gobierno".

Ante este panorama, el Gobierno trabaja ya en una ley para abaratar el precio de la luz y recortar los beneficios de las grandes eléctricas. El Ejecutivo acordó la semana pasada iniciar la tramitación urgente de un anteproyecto de ley para reducir los llamados "beneficios caídos del cielo" (conocidos como windfall profits, por su nombre en inglés), los cuales permiten a las compañías eléctricas incluir en el recibo los costes de las emisiones de carbono a pesar de haber producido energía con fuentes nucleares o hidroeléctricas que no generan gases de efecto invernadero. Este nuevo mecanismo tendría un impacto de entre 800 millones y 1.000 millones de euros en las arcas de las grandes eléctricas que disfrutan de estos "beneficios caídos del cielo", lo que supondría un ahorro en la factura de los consumidores de entre el 4% y el 5%.

Además, el Ejecutivo también dio 'luz verde' a un proyecto de ley que liberará a los consumidores del coste de las primas de las energías renovables y que se repartirá entre las empresas. Según destacó la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ambas iniciativas supondrán una reducción del 15% de la factura de los consumidores domésticos e industriales. El problema es que estas medidas no entrarán en vigor antes de fin de año como pronto.

Otras propuestas sobre la mesa

Hay más propuestas encima de la mesa para intentar controlar el precio de la luz. Algunas de aplicación inmediata. Una de ellas es la planteada por Unidas Podemos y que ha sido verbalizada por el portavoz en el Congreso, Pablo Echenique: la creación de una empresa pública de energía para garantizar una "competencia real" entre las grandes compañías, una medida que según el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ayudaría a una rebaja importante del precio de la luz al tener esa empresa pública "criterios sociales" y no solo el de la maximización de beneficios.

En ese sentido, Garzón también planteó hace unos días reformas que conlleven una rebaja estratégica de la factura como el incremento de las energías renovables que son las "más baratas".

La parte de Unidas Podemos en el Gobierno también es partidaria de adelantar dos horas (a las 22:00 h) el tramo valle (el horario más barato) en el consumo de la luz, una propuesta que han lanzado diferentes asociaciones de consumidores, desde Facua a la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Otra propuesta que surge de las asociaciones de consumidores es la de rebajar los impuestos de la factura eléctrica. La OCU considera indispensable que se reduzca el precio de la energía con una rebaja del IVA de la luz al 10% (actualmente es el 21%) y la eliminación del Impuesto de la Electricidad, que grava un 5,11 % la factura. Rubén Sánchez, de Facua, también aboga por reducir el IVA en el recibo de la luz. No en vano, España es uno de los países europeos con el IVA más alto en la factura de la luz.

Rubén Sánchez apuntó en su intervención del martes otras medidas que, además, según recordó, están incluidas en el acuerdo de Gobierno que firmaron el PSOE y Unidas Podemos en diciembre de 2019: "Firmaron el compromiso de abaratar en la factura el primer tramo de consumo, es decir acordaron bajar el precio de los primeros kilovatios que se consumieran al inicio de cada factura. De eso no se ha vuelto a hablar. Nosotros conminamos al Gobierno a hacerlo".

Facua también recuerda que en ese mismo acuerdo se incluyó bajar el precio de la potencia contratada. "Se nos pretende hacer creer que eso ya se ha cumplido, pero con los Gobiernos de Mariano Rajoy el precio del kilovatio de potencia subió un 103%, por lo que plantear una rebaja del 14% como pretende el actual Gobierno nos parece una tomadura de pelo. No es lo que pretendíamos, la potencia contratada, el término fijo tiene un importe desproporcionado en España. En estos momentos estamos pagando 3,69 euros por cada kilovatio de potencia. Hasta ahora pagamos 4,30 euros. Eso no es una bajada significativa".

Las organizaciones de consumidores también instan al Gobierno a aumentar el control para frenar las manipulaciones del mercado, a revisar el sistema de fijación de precios en el mercado mayorista, mejorar la transparencia en las tarifas y fomentar la competencia entre las comercializadoras. También reclaman impulsar el bono social, que según Rubén Sánchez no llega a todos a los que debería llegar.

Las recientes subidas del precio de la luz siguen mostrando un problema no resuelto con la electricidad en España, el quinto país de Europa en el que más se paga por este concepto, algo incomprensible para la OCU "teniendo en cuenta la creciente presencia en el mercado eléctrico de nuevas fuentes de energía baratas y sostenibles, como la eólica y la solar".

Acompasados al aumento de la luz, crecen también los beneficios de las grandes empresas eléctricas. Endesa cerró el año 2020 con un beneficio de 1.394 millones de euros e Iberdrola con 3.610, mientras que Naturgy, clausuró el año pasado con un beneficio neto de 490 millones. El escenario para estas compañías ha mejorado notablemente en 2021: en el primer trimestre de este año, Endesa acumuló unas ganancias de 491 e Iberdrola llegó hasta los 1.082 millones, lo que apunta a unos beneficios a final de año superiores a los 4.000 millones de euros.