ConsumoEl negocio del grifo: uno de cada cinco euros del recibo municipal va a beneficios de las empresas

Uno de cada cinco euros que los ciudadanos pagan en el recibo del agua en las principales ciudades de España acaba en la cuenta de beneficios de las empresas que gestionan el suministro, con unas rentabilidades netamente superiores cuando esos servicios de suministro y depuración han sido privatizados que mientras se mantienen públicos, según revela una ponencia presentada por los profesores del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Alicante Martín Sevilla y Teresa Torregrosa en el Congreso Ibérico de Gestión del Agua celebrado esta semana en Coimbra (Portugal).

Los profesores han estudiado las cuentas oficiales de diez empresas públicas y siete privadas que gestionan el suministro de agua de boca y la depuración de las residuales en algunas de las principales ciudades españolas, entre ellas Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao o Málaga, que suman 15,8 millones de habitantes.

Esas 17 sociedades “representan el 34% del total de la población, el 39% del total de los hectómetros cúbicos consumidos y solo el 13% de los kilómetros de las redes de abastecimiento siendo su cifra de negocios el 57% del total”, datos indicativos de que el negocio del grifo se concentra en las aglomeraciones urbanas, donde el cliente está concentrado y la infraestructura necesaria es mucho menor que en las zonas rurales.

La cifra de negocio conjunta de esas 17 empresas en 2016 sumó 2.041,9 millones de euros con los que obtuvieron un resultado de explotación o beneficio bruto de 392,6 millones; es decir, que prácticamente uno de cada cinco euros ingresados (el 19,2%) fueron ganancias brutas.

Sin embargo, esos resultados no fueron homogéneos sino que se observan grandes diferencias entre algunos de los capítulos de ingresos y de gastos según se trate de empresas públicas o de sociedades privadas: las segundas obtienen mayores rentabilidades que las primeras tanto por habitante atendido como por caudal suministrado, mientras que sus costes declarados de aprovisionamiento son claramente superiores.

Diferentes tarifas, distinto negocio

Así, resulta significativo que de las siete empresas privadas analizadas (Agbar en Barcelona, Emaem en Alicante, Emuasa en Murcia, Aigües d’Elx en Elche, Ematsa en Tarragona, Aguas de Albacete y Emagrasa de Granada), únicamente las dos últimas obtengan rendimientos de menos de dos millones de euros por hectómetro cúbico suministrado, lo que supone dos euros por metro cúbico, mientras que, por el contrario, y con la excepción de Emaya en Palma, que supera los 2,5 por las peculiares condiciones de abastecimiento de la isla y por gestionar también las basuras, ninguna de las sociedades públicas o mixtas del ciclo del agua analizadas alcanza los dos millones por hectómetro cúbico.

Así, el Canal de Isabel II madrileño se acerca con 1,75, mientras la sevillana Emasesa, el consorcio de Bilbao y la malagueña Emasa superan el millón; no alcanzan esa cifra las empresas de aguas de Gijón, Burgos y A Coruña y se quedan por debajo de los 500.000 euros las de Cuenca y Vitoria.

Las tarifas aplicadas por las empresas públicas son inferiores a las privadas

Esas diferencias, apunta el estudio, pueden indicar “que las tarifas aplicadas por las empresas públicas son, por media, inferiores a las privadas. En los casos de Gijón, La Coruña y Cuenca, bastante inferiores. Por el contrario, las de Tarragona y Murcia son muy superiores al resto”.

Las diferencias son también notables en los ingresos por habitante, en los que el nivel de las privadas comienza en 120 euros anuales y llega a 160, salvo en Granada por la escasa eficiencia y las elevadas fugas que registra la red, mientras el de las públicas va de 20 a 120 con las excepciones de Palma (más de 180) y Madrid (138).

Los costes de aprovisionamiento

También llama la atención la diferencia entre los costes de aprovisionamiento, compra de agua y consumo de energía para bombearla y transportarla que anotan unas y otras en sus cuentas. Esta partida consume entre el 30% y el 70% del volumen de negocio de los servicios privatizados, de nuevo con la excepción de Granada, mientras, entre las públicas, solo en Gijón (38%) se supera esa cota. Ese gasto resulta testimonial en Cuenca, Sevilla y Vizcaya, en este último caso a pesar de recibir parte del suministro a través de un trasvase del Ebro.

“En este apartado sería muy conveniente conocer cuáles de estos costes se deben a las compras mayoristas de agua”, anotan, y a “los importantes costes de electricidad para elevar o impulsar el agua en sus distintas fases”.

Sin embargo, “prácticamente ninguna empresa diferencia estos costes en los documentos presentados en el Registro Mercantil, por lo que no podemos saber cómo influye cada uno de estos apartados en los costes totales”. En cualquier caso, apuntan que “los mayores costes agregados de las empresas privadas pueden también deberse a estar estas situadas con mayores precios del agua (zona de la Mancomunidad de Canales del Taibilla) o con mayores accidentes geográficos que exigen mayores consumos eléctricos”.

Ajustar el nivel de costes con las tarifas dadas

No obstante, y pese a las limitaciones de su investigación, Sevilla y Torregrosa reseñan cómo “los resultados de explotación presentan también datos reseñables que marcan la diferencia entre lo público y lo privado”.

Así, “la cierta homogeneidad” de beneficios finales entre el 8% y el 15% de las segundas, aunque los mejores resultados los obtiene el Canal de Isabel II con un 27%, parece indicar, “en comparación de las oscilaciones en otros parámetros, que ha habido un ánimo de ajustar previamente la cuenta de resultados a un propósito definido (…), como si lo hubiesen configurado de antemano”.

“Con estas cifras, podemos considerar que sus cuentas se hacen al contrario, es decir, con las tarifas dadas, ajustar un nivel de costes que den como media, unos resultados de explotación alrededor del 8%”, indican.

Una táctica de ese tipo explicaría “que existan mayores o menores contrataciones externas de servicios en función de la situación de cada una de las empresas” privadas, aunque “difícilmente podemos saber con estos resultados si ellos son debidos a una buena gestión o a que no se han llevado a cabo las inversiones necesarias en las redes de suministro o alcantarillado para de esta forma no lastrar las cifras de resultados finales”.

También resultan netamente superiores las partidas que las sociedades privadas anotan como amortizaciones de material en relación con su cifra de negocios, aunque eso puede deberse a las exigencias contables, mientras que las de personal resultan claramente inferiores, lo que indica una productividad más elevada.

Un auténtico desbarajuste

Los profesores critican la dificultad para acceder a información sobre los costes de la gestión del ciclo del agua en España. “Nos encontramos con un auténtico desbarajuste que no permite tener una idea adecuada del funcionamiento económico de un sector que, aunque considerado clave, el agua, deja mucho que desear respecto a su trasparencia informativa y responsabilidad pública”.

En este sentido, destacan que preguntas como cuáles son los costes de suministro a las ciudades cuál es la eficiencia económica de las distintas empresas “están lejos de poder ser contestadas de una forma consistente con el consenso de investigadores y responsables de estos servicios”.

Esas limitaciones, añaden, “ponen en evidencia la necesidad de realizar cambios legales que nos permitan tener una información seria sobre un sector público tan relevante como es la gestión del agua en nuestras ciudades”.