No hubo fumata blanca hace 15 días. Pero podría surcar el cielo de Bruselas esta semana si el consejo de ministros de Finanzas de la UE (el Ecofin) cierra el círculo virtuoso que les dibujan los expertos desde hace algunos meses. La rigidez del Pacto de Estabilidad deberá volver a ejercer su presión a partir de 2025, con un periodo de gracia más exigente en 2024, pero sin las tiranteces y ajustes que los países europeos soportaron durante la crisis de la deuda de 2011.

Y, sobre todo, con una serie de mecanismos de flexibilidad para que los países con agujeros de déficit de mayor calibre y con losas de endeudamiento más pesadas puedan equilibrar con ciertas garantías sus balances a medio plazo.

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, quiere cerrar el mandato semestral español de la UE con un acuerdo sobre la bocina (y a tiempo para asumir las riendas del BEI el 1 de enero). Las partes implicadas coinciden en que las discrepancias sólo están en el 10% de las futuras reglas fiscales y en que el engranaje del eje franco-alemán, que comparte el 90% de las medidas restantes, será determinante para hacer carburar la consolidación presupuestaria de los próximos años.

Berlín y París mantienen, no obstante, un pulso en torno a la agilidad con la que se deben abordar los ajustes después del paréntesis que la gran pandemia y sus estímulos fiscales impusieron a las cuentas públicas de todo el planeta.

Porque el alemán Christian Lindner pretende que se empiecen a abordar de inmediato, hasta situar el déficit en el 3% del PIB, como marca el Pacto de Estabilidad, y reducir la deuda al 60% del PIB, tal y como estableció el objetivo de convergencia del euro.

Mientras, el francés Bruno Le Maire es partidario de prolongar la austeridad de cuatro a siete años a cambio de compromisos reformistas e inversores en transición digital y energética, así como en seguridad y defensa para cumplir a medio plazo con la estabilidad fiscal con ciertos avales de éxito y sin perder dinamismo productivo ni creación de empleo en época de tipos de interés elevados.

El titular de Finanzas galo parece comulgar con el propósito de Calviño. No solo por conceder el plácet final a su candidatura a presidir el BEI, sino porque ha reducido hasta el 5% la posibilidad de fracaso de un acuerdo fiscal en la UE. Este pacto deberá recibir luego el refrendo del Consejo Europeo (los líderes de la UE) además del de la Comisión y de las distintas capitales como ha sucedido con los planes nacionales del Fondo de Recuperación (donde se establecen las reformas estructurales enfocadas a la modernización tecnológica, la neutralidad sostenible y los desembolsos militares).

La puntualización germana ha sido a buen seguro reforzada por el revés que el llamado Gobierno semáforo de Olaf Scholz (el rojo socialdemócrata del canciller, el amarillo liberal, y el verde ecologistas) ha recibido de su Tribunal Constitucional, que obliga a Berlín a extraer los 60.000 millones de euros del fondo contra la pandemia de la covid que había destinado a su ambiciosa agenda verde por entender que este cambio de dotación era ilegal.

La decisión del alto tribunal se produce, además, en plenas negociaciones para aplicar las primeras medidas de ajuste en su presupuesto para 2024 y con el gabinete sujeto por unas costuras políticas sumamente frágiles.

Las cortapisas alemanas y la flexibilidad franco-española

Quizás por ello, Lindner, la versión liberal de Berlín, ha sido contundente en su planteamiento: "El déficit excesivo [situado por el Pacto de Estabilidad en el 3% del PIB] debe ser reducido, sin excusas".

El ministro germano no entrar a valorar en público, aunque sí en privado, la propuesta de la presidencia española (que cuenta con un apoyo incondicional de Portugal e Italia y, en menor medida, de Francia) de llevar la reducción de la deuda al periodo 2025-2027, a la espera de unos tipos de interés más benévolos para reconducir entonces el endeudamiento. En medio, la tesis de Bruselas de sancionar a los socios que se desvíen de las reglas presupuestarias al término de 2024.

Berlín, de hecho, asume la necesidad de añadir salvaguardas al plan de la Comisión, imponiendo un mínimo a las reducciones anuales de los excesos de deuda y limitando los gastos en las cuentas nacionales para evitar que el déficit exceda del 1,5% del PIB, reforzando así la intención del Ejecutivo comunitario de exigir un ajuste fiscal de medio punto cuando los países superen el 3% de desequilibrio presupuestario.

El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, es de los que creen que "existe bastante optimismo" en rubricar el acuerdo antes de final de año buscando un término medio entre las exigencias alemanas de evitar trajes a medida, con objetivos de ajustes flexibles, y la permisividad de los socios meridionales del euro a que esa austeridad no impida una expansión inversora hacia la digitalización, la reducción de emisiones de CO2 y hacia el incremento de los gastos en defensa.

Los analistas de los institutos de opinión europeos han avisado del riesgo que supone para los países poner sus cuentas en orden con un precio del dinero excesivamente caro, las tensiones inflacionistas, una recesión en ciernes, y ataques a la globalización que deterioran el comercio exterior de sus bienes y servicios.

Sander Tordoir, Jasper van Dijk y Vinzenz Ziesemer, un trío de investigadores del Center for European Reform (CER), apuestan por una reconstrucción de las reglas fiscales con nuevas fijaciones de gasto y deuda y parámetros más discrecionales, aunque ajustados al principio de equilibrio presupuestario como ancla esencial para corregir los niveles de endeudamiento.

Aun así, este grupo de expertos cree que "las normas fiscales de la UE necesitan reformarse". Sobre todo, para no tener que "recortar inversiones, elevar la presión fiscal o recortar los gastos sociales" en un momento trascendental, de cambios de paradigma y retos irrenunciables como el combate contra la crisis climática o los avances en innovación tecnológica. Sobre todo, cuando la UE sigue teniendo un porcentaje de inversión pública sobre el PIB inferior al de la totalidad de las potencias industrializadas (con la única excepción de Japón).

"La UE no solo debe dotarse de nuevas reglas fiscales, sino pensar en fórmulas más creativas de las que salgan estrategias reforzadas y operativas" para abordar los cambios sustanciales que se avecinan en las relaciones económicas, nacionales, europeas y globales. Y la reconversión de paz fiscal por territorios verdes y digitales es una buena piedra angular para modificar 20 años con las mismas normas presupuestarias, sustentadas en la rigidez de un déficit del 3% del PIB y una deuda del 60% que, a menudo, además, "han sido violadas sin sanción".

La UE carece de mecanismos federales como los de EEUU, Suiza o, incluso, Alemania, que pueden imponer frenos a los gastos o endeudamientos excesivos de sus Estados miembros. La política fiscal es soberana de cada gobierno nacional, sin que, por ello, puedan intervenir las instituciones europeas de forma unilateral. Por ejemplo, la Comisión necesita la aprobación del Consejo Europeo para sancionar a un país por sobrepasar los límites presupuestarios.

Cinco propuestas del CER

Desde el CER, un think tank paneuropeo y próximo al laborismo británico, trasladan a la UE cinco propuestas. La primera, incorporar incentivos positivos al necesario equilibrio entre el flujo de financiación europea a políticas de modernización económica, tecnológica y energética, y las agendas de reformas estructurales nacionales de forma que los ajustes no perturben su reto transformador.

El segundo es tratar de alinear las supervisiones presupuestarias de Bruselas con los ciclos electorales para no condicionar el voto. El tercero, sustituir las advertencias sobre los "riesgos insostenibles" del endeudamiento por "definiciones más precisas" de los itinerarios nacionales de gastos y gestión de deudas. El cuarto, configurar las sanciones como una señal de soft power hacia los merados más que como un instrumento de aplicación severa e inmediata. Y, finalmente, fortalecer la independencia de las instituciones europeas y nacionales supervisoras de las cuentas públicas.

A su juicio, la Comisión "solo debería intervenir cuando un socio esté en serio peligro" mientras utiliza el "palo y la zanahoria" para tratar de reconducir escenarios de ajuste a medio plazo.

Zsolt Darvas, del Instituto Bruegel, también juzga que es "el momento idóneo" para incorporar en la UE "salvaguardas, nuevas metodologías y fórmulas de computación fiscal" a las reglas del 3% de déficit y 60% de deuda. Por ejemplo, ajustes a medio y largo plazo mediante rebajas de medio punto anual en los agujeros presupuestarios que superen el 3% del PIB. También un diseño a siete años, en vez de a cuatro, para imponer ajustes drásticos a los socios con mayor deterioro fiscal, a los que se les obligaría a acometer correcciones de más del 2% del PIB a medio plazo sin supeditar sus recursos e inversiones comunitarias. Y un cumplimiento estricto de las reformas estructurales necesarias.

Este experto, además, propone crear una autoridad contable independiente que aconseje a la Comisión y al Consejo sobre propuestas y salvaguardas para requerir ajustes procíclicos de la deuda a los países con procedimientos de déficit y endeudamiento excesivos.