Eurofund Parc LleidaEl banco malo se salta su Código de Conducta y vende terrenos a una sociedad radicada en paraísos fiscales

¿Cómo llamar, en pleno siglo XXI, al negocio redondo de comprar unos terrenos a precio de suelo para vivienda y no pagarlos hasta que sean recalificados como suelo comercial por 10 veces más? Explicado de otro modo: comprar unos terrenos por 85 euros el metro cuadrado y no pagarlos hasta que son recalificados como terreno comercial, cuando valen 850.

Esto es lo que ha hecho Eurofund Parc Lleida S.L. con el beneplácito del banco malo y del Ayuntamiento de Lleida en una operación cargada de irregularidades y falta de transparencia, en el Sector Sur 42 Torre Salses, al sureste del centro histórico de la ciudad catalana, según nuestras fuentes.

Eurofund Parc Lleida S.L. es una empresa fundada en 2015, con un capital de 3.000 euros, propiedad al 100% de Eurofund Holdings Luxemburg Sarl; una empresa afincada en el número 58 de la Rue Charles Martel, en Luxemburgo, sede también de Maitland, una empresa destinada a crear offshore, que apareció en los papeles de Panamá. Más allá de las presuntas coincidencias, el dueño mayoritario de Eurofund Holdings Luxemburg Sarl es Pallister Holdings Limited, una empresa offshore en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, según el registro mercantil luxemburgués.

Esta sociedad está vinculada al grupo Eurofund Capital Partners, que se dedica a la promoción y gestión de centros comerciales. Actualmente, Eurofund tiene abiertos centros en Zaragoza, Sevilla, Cuenca, Alcoy y Lisboa, y mantiene una alianza con el operador británico Intu para desarrollar proyectos en Málaga, Valencia y Vigo.

¿Cómo consigue los terrenos?

Sareb, la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria que Rajoy y la UE parieron para que gestionara y vendiera, de la manera más conveniente posible para las arcas del estado, los activos inmobiliarios de la banca española rescatada, se quedó con estos terrenos en 2012; procedían de Caixa Catalunya. En 2016, Sareb vendió un tercio de esos terrenos de su propiedad a Eurofund Parc Lleida, incumpliendo su propio Código de Conducta, que incluye cuatro artículos que le prohíben expresamente hacer tratos con sociedades en "paraísos fiscales o territorios no cooperantes con las autoridades fiscales" (artículos 40, 41, 42 y 45).

La venta se realizó por un precio indeterminado, a pesar de que Sareb presume de transparencia. La prueba irrefutable de ello es el contrato de compraventa que el arquitecto y representante de Eurofund Parc Lleida S.L., Albert Simó Bayona, registró en el ayuntamiento de Lérida el 13 de marzo de 2017 y al que Público ha tenido acceso. En este documento de compraventa, presentado con fecha 25 de octubre de 2016 y firmado por ambas partes, aparecen en blanco las páginas 22, 23, 24 y 25 correspondientes al epígrafe 2 titulado "Precio y forma de pago". Eso sí, en el epígrafe 9 de "Confidencialidad", el contrato obliga a mantener confidencial todo lo referente al precio y la forma de pago hasta octubre de 2019.

Según nuestras fuentes, la investigación sobre este asunto de algunos diputados de la oposición en Lleida ha llegado hasta los despachos de la dirección de Sareb, donde han confirmado que el pago por la compraventa de los terrenos no se ha hecho efectivo y que, incluso, todavía aparecen en los registros de la propiedad como propiedad de Sareb y no de Eurofund Parc Lleida S.L. A pesar de esta situación, cuando menos confusa, sobre la propiedad de los terrenos, el pasado 28 de noviembre el ayuntamiento de Lérida aprobó su convenio con Eurofund Parc Lleida S.L. para el desarrollo del proyecto que fructificará en un nuevo barrio con un gran centro comercial.

El Ayuntamiento con este acuerdo, además, ha incumplido la moción, aprobada en el consistorio por amplia mayoría el pasado 27 de julio, que le obliga a evitar de manera específica la contratación pública de empresas que tributen o utilicen paraísos fiscales.

Sareb no lo niega

Algunos diputados de la oposición en Lleida, donde gobierna el PSC desde 1979, se reunieron el 12 de diciembre pasado con la cúpula de Sareb para tratar de aclarar la operación. La responsable de relaciones institucionales, el director de operaciones, la directora de servicios jurídicos y el director del área de urbanismo de Sareb reconocieron entonces que no pidieron ningún tipo de aval a Eurofund Parc Lleida S. L. para firmar una operación de este calibre; que nadie comprobó su origen en un paraíso fiscal; que no tienen ningún documento o anuncio o algo que acredite que esos terrenos estuvieron en venta pública durante cuatro años (de 2012-1016) y que en el registro de la propiedad todavía aparecen los terrenos como propiedad de el banco malo, según nuestras fuentes.

Sobre el precio al que Sareb vendió, se niegan a dar ningún dato, ni a entregar ninguna tasación de los terrenos.

Pocos días después de su reunión con los diputados que ponen en duda la operación, Sareb sacó esta nota en la que dice haber vendido a otra filial distinta a la que aparece en el documento de compraventa

El Ayuntamiento le hace rebajas inexplicables

La Generalitat de Catalunya exige que, cuando se recalifica una nueva zona, la promotora se haga cargo de los viales e infraestructuras para transportes públicos terrestres necesarios, en función del nuevo volumen de población y que esto quede reflejado en los pliegos y convenios que se firmen en toda esta comunidad.

En el convenio de gestión urbanística firmado por el alcalde de Lérida, Félix Larrosa Piqué, e Ian A. Santford, en representación de Eurofund Parc Lleida S.L., se establece que esta empresa se haga cargo de un monto de un millón de euros para los viales necesarios, a pesar de que el proyecto está valorado en más de tres, según nuestra fuente.

Ante la negativa del banco malo y del Ayuntamiento de aclarar el caso, los diputados Antoni Postius Terrado, del PdeCat, Jaume Moya Matas, de Unidos Podemos-En Comù Podem- En Marea y Xavier Eritja Ciuró, de ERC, han pedido a la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, que solicite oficialmente, en virtud del artículo 7 del Reglamento de la Cámara, a la Administración General del Estado, los documentos que SAREB se niega a entregar.

Además, no descartan acudir ante la Justicia si todas estas irregularidades siguen sin aclararse.

Así se explica Eurofund

Eurofund Investments nos desvió a su agencia de comunicación, Atlántica, donde sacaron pecho porque, según dicen, la empresa pasó los controles de la Sareb. La agencia nos remitió a una nota de prensa que niega sus relaciones con paraísos fiscales sin pruebas y nos respondió sobre la falta de transparencia del precio de compra y del real, una vez recalificados los terrenos, que en Eurofund "nunca hablamos de importes".

Reacción del Ayuntamiento

A raíz de la publicación de esta información, fuentes del Ayuntamiento han contactado con Público para ampliar su versión. “Tranquilidad total”, nos dicen. Tanto el alcalde como el secretario que firmó el convenio están convencidos de que no han hecho ninguna rebaja a esta constructora, ni han cometido ninguna mala praxis en esta operación.

Sobre si Eurofund es propiedad de un holding afincado en un paraíso fiscal, afirman que ellos firmaron con una empresa con dirección en Madrid y que, por lo tanto, entienden que tributa en España y que hasta ahí pueden llegar. “No se meten” en si el contrato de compraventa entre Sareb y Eurofund es opaco en cuanto al precio de venta y sus condiciones. Niegan estar incumpliendo la ordenanza que les prohíbe “la contratación pública” con empresas en paraísos fiscales porque “esto no es una contratación, es un convenio”. Y sobre la construcción de los viales reconocen que su precio está tasado en alrededor de 3 millones de euros y que a Eurofund solo se les exige el pago de 1.200.000, pero afirman que no es obligatorio que sufrague estas vías nuevas porque también benefician a otros industriales y porque las calles de las fincas en cuestión ya están construidas y acondicionadas.

Por último, sostienen que, en cualquier caso, su prioridad es dotar a Lérida de una gran zona comercial de la que carece y “nada más” y que será la Generalitat quien tenga la última palabra.