El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha presentado este viernes el Informe anual del Banco de España 2019, cuya edición dedica íntegra a la crisis económica declarada a raíz de la pandemia de la covid-19. Hernández de Cos cree que en el momento actual de desescalada deben "extenderse temporalmente y recalibrarse algunas medidas de apoyo ya aplicadas", mantener los ERTE para ayudar a las empresas y revisar con urgencia los mecanismos de reestructuración de deuda para empresas en dificultades.

También ha urgido a diseñar y comunicar un plan de consolidación fiscal plurianual aunque su aplicación se posponga hasta que la crisis haya quedado atrás.

El gobernador del Banco de España afirma que en la fase de desescalada en la que ya han entrado las economías la respuesta de política económica deberá combinar dos objetivos: "Apoyar la recuperación —lo que aconseja evitar una retirada prematura de las medidas de apoyo, pues esto aumentaría el riesgo de que el crecimiento económico sufriera daños más duraderos— y facilitar el ajuste de la economía al escenario que emergerá tras la pandemia".

Desde el terreno de las políticas monetaria y financiera, a las que contribuye el Banco de España como miembro del Eurosistema, indica que ya se ha anticipado que se hará lo necesario para "facilitar unas condiciones de financiación adecuadas para los distintos agentes económicos y mantener la estabilidad financiera"

Entre las medidas a mantener aconseja que "se estudie la posibilidad de extender los mecanismos de garantía pública ya dispuestos", primando que su acceso sea para empresas "con perspectivas sólidas de viabilidad" ante el riesgo de que las empresas de menor tamaño y las que se han visto más afectadas por la crisis encuentren "dificultades para acceder a la financiación" cuando se retiren dichas garantías.

A su juicio, la política fiscal "debe de ser la primera línea de defensa para luchar contra los efectos económicos de esta crisis", ya que es la más adecuada para paliar la pérdida de las rentas de hogares y empresas afectadas, "con acciones inmediatas, focalizadas y que se acomoden a una duración incierta y heterogénea".

En esta línea aboga por "mantener" algunos de los instrumentos de apoyo a las rentas de los hogares, además de haber prolongado los ERTE hasta finales de septiembre, "asegurarse el correcto funcionamiento de los diferentes mecanismos de flexibilidad laboral disponibles para las empresas", a fin de que puedan llevar a cabo de manera eficiente los ajustes derivados de la crisis y orientar las políticas activas de empleo y de formación para desempleados afectados por los ERTE para "potenciar la empleabilidad", sobre todo de los trabajadores más afectados por las crisis.

A su juicio, resulta igualmente "urgente revisar los procesos de reestructuración, insolvencia y alivio de la carga financiera de las empresas, al objeto de establecer procedimientos administrativos ágiles y simplificados". De forma específica apunta que las empresas con dificultades financieras puedan acceder "a un marco preventivo que les permitiese continuar con su actividad empresarial cuando aún son viables".

Las medidas nacionales deberían a su juicio estar acompañadas en esta fase de desescalada con un "respaldo decidido de la Unión Europea", con la puesta en marcha cuanto antes y por la cuantía necesaria del fondo de recuperación y que priorice "determinadas inversiones que suelen contraerse más en tiempos de incertidumbre y de dificultades financieras" como es la inversión en capital tecnológico y en formación.

Agenda de reformas

Pero Hernández de Cos apunta que también es preciso trabajar ya con una visión más a largo plazo con la definición de una agenda de reformas dirigida a afrontar los desafíos estructurales de la economía, que "con esta crisis se han hecho más apremiantes", y diseñar un plan de saneamiento de las cuentas públicas en el medio plazo.

Entre los retos apremiantes apunta la necesidad de aumentar la productividad incrementando la inversión pública y privada en capital humano y tecnológico; revisar el modelo educativo, y favorecer el crecimiento y el dinamismo empresarial.

Asimismo, aboga por abordar, "sin demora", una revisión de las políticas activas de empleo, junto con aquellos aspectos del actual marco regulatorio laboral que favorecen una dualidad laboral que provoca una alta destrucción de puestos de trabajo entre los contratos temporales cuando vienen mal dadas y además "contribuye al aumento de la desigualdad".

Además, dentro del apartado de los retos a los que se enfrenta España tras la crisis, la autoridad monetaria indica que la recaudación impositiva en España, incluidos los ingresos por cotizaciones sociales, es inferior a la del promedio de la zona euro en unos dos puntos porcentuales del PIB, lo que implica que podría recaudar más de 20.000 millones de euros adicionales.

Para el gobernador del Banco de España se precisa "un abanico de contratos temporales que repartan más equitativamente la protección de los puestos de trabajo fijos y temporales".

Avisa además del riesgo de que la crisis aumente la desigualdad, ya que está afectando en mayor medida a colectivos que cuentan, en general, con rentas relativamente bajas, por lo que estima que iniciativas como el ingreso mínimo vital, junto con una agenda de reformas estructurales "ambiciosa" para el empleo y la productividad "contribuirán a corregir el impacto social de esta crisis".

Entre los desafíos incluye la necesidad de abordar el proceso de envejecimiento de la población en el que estamos inmersos y que, "una vez superada la crisis, las cuentas públicas deben reconstruir sus márgenes de actuación de manera gradual mediante un plan de consolidación plurianual creíble".

A su juicio, abordarlos "requiere, de manera urgente, una estrategia ambiciosa, integral, permanente y evaluable de reformas estructurales y de consolidación fiscal en nuestro país". Hernández de Cos cree que el diseño y la implementación de las reformas "deberían acelerarse, dado que su formulación creíble puede generar efectos positivos sobre las decisiones de gasto, inversión y contratación, incluso en el muy corto plazo", al arrojar claridad a los mercados sobre la hoja de ruta.

"En el caso de la consolidación fiscal, esta ha de aplicarse una vez que la economía recupere una senda de crecimiento sólido, pero su definición y comunicación tempranas comportarían importantes beneficios para la credibilidad de nuestra política económica", precisa.

En la medida que esta agenda reformista exige "respuestas estructurales, que perduren en el tiempo", defiende que sus líneas maestras "deberán gozar de un alto grado de consenso entre los distintos agentes políticos, económicos y sociales, de forma que las bases sobre las que se asiente nuestro crecimiento sean estables".

Como supervisor el rádar será vigilar que el sector financiero suministra la financiación que precisan las empresas, los autónomos y los hogares, al tiempo que vigila los riesgos para la estabilidad financiera derivados de esta crisis. En este sentido advierte que la crisis tendrá "un impacto significativo sobre la calidad crediticia" de la banca y "hay estar preparados para dar una respuesta contundente, a escala europea" si se materializasen riesgos para la estabilidad financiera ya que "sabemos que las crisis que incorporan un deterioro financiero significativo suelen ser más profundas y duraderas".