Ayuso y los sindicatos mayoritarios firman un acuerdo para los trabajadores públicos con una cláusula que restringe su derecho a protestar

El pasado 10 de diciembre, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid (CAM), y representantes sindicales de  Servicios a la Ciudadanía de CCOO, CSIF, CSIT y UGT, firmaron el convenio colectivo único para el personal laboral al servicio de la administración madrileña para los años 2025-2028. Aunque el acuerdo no ha sido aún refrendado por el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), todas las partes se apresuraron a celebrar las virtudes del mismo en sendos comunicados. Sin embargo, el texto del convenio, al que ha tenido acceso Público, también incluye medidas que restringen el derecho a la protesta de los trabajadores de la administración pública.

En concreto, el artículo 10, ata la totalidad de los acuerdos incluidos en él al compromiso de los sindicatos firmantes de "no promover (...) huelgas, concentraciones, manifestaciones, campañas o cualquier otra medida de conflicto colectivo que tengan como finalidad o como efecto, directos o indirectos, la modificación de lo acordado" de sus propios afiliados.

No sólo eso, sino que el artículo también penaliza la protesta: "De producirse un incumplimiento de lo anterior (...) la Administración podrá acordar la suspensión de la implantación de la carrera profesional horizontal, incluida la interrupción de sus efectos retributivos, en tanto se mantenga aquel". 

La medida no parece muy habitual, según ha podido comprobar este periódico al revisar otros convenios similares en el resto de autonomías españolas. De hecho, el convenio colectivo actualmente en vigor no incluía ninguno de los puntos que ahora sí recoge el artículo 10.

Lo máximo que se ha detectado es una fórmula similar en el acuerdo del 7 de marzo de 2022, relativo al convenio colectivo estatal del sector de mataderos de aves y conejos. En concreto, al anuncio para la inclusión de las tablas salariales del sector firmado por CCOO, UGT y las patronales AVIANZA y AMACO.

A falta de que el BOCM haga público el próximo convenio laboral, fuentes sindicales especulan con que el nuevo acuerdo comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2025. ¿Quiénes se verán afectados por él? Todos aquellos trabajadores no funcionarios contratados por la administración pública madrileña, desde técnicos judiciales, de cocina, gestores de emergencias del 112, educadores o auxiliares administrativos, entre otros.

Si alguno de ellos está sindicado a UGT, Servicios a la Ciudadanía de CCOO, CSIF o CSIT, no podrán presionar ante los posibles problemas laborales que surjan tras la aplicación del nuevo convenio. Al menos, no con el amparo de sus organizaciones laborales. Las discrepancias sobre el contenido del convenio hizo que área pública y de educación de CCOO de Madrid se negara a firmarlo. Según las fuentes sindicales consultadas, los epígrafes incluidos en él podrían restringir el derecho a la protesta de estos trabajadores, tal y como recoge el artículo 4 de derechos  del Estatuto de los Trabajadores. También contradice el título 5 de la ley orgánica de libertad sindical, firmada en 1985.

Dado que el artículo 10 no es el único punto controvertido del convenio, muchos trabajadores públicos podrían verse en situaciones comprometidas si decidieran oponerse o luchar contra algún otro de los apartados del convenio. Según explica CGT a este periódico, uno de los más problemáticos es la eliminación del plus de peligrosidad de los trabajadores de sectores con mayor riesgo, como el sanitario o asistencial.

De esta forma, una vez sea publicado en el BOCM, un trabajador contratado por la Comunidad de Madrid afiliado a UGT, CCOO, CSIF o CSIT, no podrá protestar ni comenzar un conflicto colectivo para revertir esta situación de la mano de su sindicato.

Sin negociación fuera de la mesa paritaria

A Laura Martínez, secretaria general del sindicato de Trabajadoras de Administración Pública de CGT Madrid, le gustaría haber frenado alguno de los puntos más polémicos del convenio antes de su firma. Pero ni los sindicatos que conformaban la mesa paritaria –es decir, aquellos que tienen representación en comités de todas las consejerías de la Comunidad de Madrid–, ni la propia Comunidad, les dieron la oportunidad. Sin representación en la mesa paritaria, CGT, otros sindicatos y trabajadores no sindicados, sólo podían llevar a cabo alegaciones durante el proceso de negociación del convenio.

Para ello, es necesario que los sindicatos sentados a la mesa informen a la sociedad civil de los avances de la negociación, tal y como recoge el artículo 85 del Estatuto de Trabajadores. En este caso, asegura CGT, este periodo de consultas no se activó.  "Llevamos meses preguntando a los sindicatos de la mesa con los que compartimos el comité de empresa de centros docentes, cómo va la negociación y nos hemos encontrado el convenio firmado", denuncia públicamente Martínez. Apartar al resto de actores sociales y trabajadores del proceso de negociación, explica, es "poco común".

La letra pequeña de la estabilización

El convenio se ha aprobado en un momento convulso para el personal laboral de la Comunidad de Madrid. A mediados de noviembre, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso amenazó con el despido masivo de 4.500 trabajadores laborales del sector educativo. La razón, argumentó el Gobierno madrileño, era a aplicación del plan de estabilización que llevan esquivando desde que, en 2021, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TSJUE) instara a España acabar con la alta temporalidad de sus trabajadores públicos. En febrero de este año, el TSJUE publicó una nueva sentencia contra el país por estar aplicando "medidas insuficientes" para acabar con la temporalidad.

"La directiva europea plantea unas instrucciones a las que la Comunidad de Madrid no hace caso", explica Laura Martínez. En cambio, "se inventan un método para que ninguna compañera esté mas de tres años en el mismo puesto. A partir de ese momento, la Comunidad de Madrid se vería obligada a hacer fijo al trabajador. "Te despiden, te dejan en el paro durante seis meses hasta que pierdas la antiguedad, y te vuelven a contratar".

De la noche a la mañana, el Gobierno autonómico decidió rematar la estabilización en menos de un mes. Esto es, despidiendo a mitad del curso y sin dar margen de maniobra ni negociación a sus actuales trabajadores, muchos de los cuales llevan décadas trabajando para la administración pública, según informa CGT. Pero la celeridad con la que la administración pública informó de estos despidos jugó en su contra. A la imposibilidad de llevar a cabo todos los trámites burocráticos para hacerlos efectivos, se le sumaron las presiones de sindicatos y familiares de alumnos de los centros educativos públicos de Madrid. Todo ello ha obligado al consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana a anunciar el aplazamiento del proceso en la mañana del 12 de diciembre. La nueva fecha para la estabilización será junio de 2025, cuando termina el curso escolar.

Este periódico se ha puesto en contacto con la Comunidad de Madrid, UGT, CCOO y CSIF sin haber logrado respuesta.

*NOTA: Posteriormente a la publicación de este artículo, el área pública y de educación de CCOO de Madrid se ha puesto en contacto con este periódico para indicar que dichas áreas no firmaron el convenio colectivo único para el personal laboral al servicio de la administración madrileña para los años 2025-2028.