Los autónomos han recuperado como colectivo a través del cese de actividad extraordinario por la pandemia, con el que reciben como ingreso directo el 70% de su base de cotización, una cantidad de dinero equivalente a casi el 90% del que aportan al Seguro al cabo de un año a través de las cuotas mensuales.

La estimación, que sale del cruce de dos fuentes oficiales como son el Presupuesto de la Seguridad Social y la respuesta del Gobierno a una pregunta parlamentaria del senador malagueño del PSOE Miguel Ángel Heredia, pone de manifiesto la intensidad del esfuerzo económico realizado por el Ministerio de Inclusión en este flanco del escudo social.

Pero, al mismo tiempo, también pone sobre la mesa lo escuálido de las aportaciones de los trabajadores por cuenta propia y la ineficiencia del actual sistema de previsión para un ámbito en el que medio millón de ellos, uno de cada seis, perdía dinero con su negocio antes ya de la pandemia.

Los Presupuestos de la Seguridad Social tienen anotadas para este año una aportación de 10.095 millones de euros a través de las cuotas de los autónomos a las que se suma otra de 323,9 (cien euros al año por cabeza) para financiar el cese de actividad. Eso da un total de 10.418.9 millones de euros.

Paralelamente, la información facilitada por el Gobierno a través del Senado reseña un desembolso de 7.031 millones de euros por la vía de las prestaciones de cese de actividad entre marzo del año pasado y junio de este y una merma de ingresos de 2.208 hasta abril de 2021 por las exoneraciones de cuotas para facilitar la reapertura de las actividades.

Esos 7.239 millones de euros equivalen al 88,6% de las previsiones de ingresos por cotizaciones sociales previstos para todo este año procedentes del colectivo de trabajadores por cuenta propia.

“Las comparaciones son odiosas”

"Por primera vez en la historia ha sido este Gobierno progresista el que ha creado un paro para los autónomos, donde se ha destinado 7.031 millones de euros para su protección, a lo que hay que añadir otros 22,6 millones percibidos los trabajadores autónomos del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar", señala el senador, que anota que España "es el país de toda la Unión Europea que más ayudas ha destinado a sus ciudadanos en función de su PIB, un 7,3%, como afirmó la Comisión Europea hace unos días".

Heredia, que reclamó al PP de Pablo Casado que "deje la crítica por la crítica, reconozca el esfuerzo que está realizando este Gobierno, arrime el hombro y entre todos seamos capaces de sacar a nuestro país de la crisis", estima que "el Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado en Madrid para avalar y apoyar a empresas y autónomos 300 veces más de lo que ha destinado Ayuso; y en Andalucía, ha destinado 200 veces más que Moreno Bonilla". "Las comparaciones son odiosas", anotó.

En este sentido, los datos territorializados de la prestación por cese de actividad cifran en 899 millones de euros las transferencias efectuadas a los autónomos madrileños en esos 21 meses, únicamente superadas por los 1.290 de los andaluces y los 1.367 de los catalanes.

El cobro de la prestación está ahora vinculado a la disponibilidad de cobertura por las cotizaciones previas, mientras que en el año inicial de la pandemia el acceso era universal con solo estar dado de alta en la Seguridad Social y probar la imposibilidad de seguir desarrollando la actividad o distintos niveles de descenso de ingresos.

Para Eduardo Abad, secretario general de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos), "el cese de actividad ha sido uno de los grandes aciertos de esta legislatura", en referencia al establecimiento de la obligación de cotizar por ese concepto a partir de 2019.

Antes era voluntario, en un sistema de prestaciones escuálidas que, al mismo tiempo, suponía unos magros ingresos netos para el Estado año tras año por el escaso uso del mismo que hacían los trabajadores por cuenta propia, algo similar a lo que ocurre con las bajas por incapacidad laboral.

"Gracias a que la gente cotizó se pudo acumular una importante suma de dinero que facilitó que después, con la pandemia, se pudieran gestionar las ayudas", explica Abad, para quien "los insolidarios fueron los que no aportaron esos pocos euros al mes influidos por corrientes de opinión equivocadas sobre lo que significa un sistema de protección social".

El dirigente de UPTA considera que sectores del trabajo autónomo cercanos a las patronales empresariales "cargaban contra el sistema cuando no dejaba de ser una prestación contributiva por la que se paga todos los meses", en una situación similar a la que se está dando ahora con la cotización por tramos de ingresos. 

"Faltan al rigor: las cuotas solo van a subir obligatoriamente para quienes tienen rentas del trabajo, que no es lo mismo que ingresos, superiores a 30.000 euros anuales, que son unos 750.000", indica Abad, que anota que, al mismo tiempo, "ese sistema es una invitación a entrar en la economía reglada para mucha gente que ahora opera en la sumergida".