Las mejoras introducidas en la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo tardarán más de lo previsto en hacerse realidad. Su tramitación parlamentaria, que debía haber concluido hace semanas, sigue a falta de la aprobación definitiva por el Senado.

Además, las medidas que suponen un coste adicional para las arcas públicas están a expensas de que se desbloqueen los Presupuestos de 2018, para lo que el Gobierno no cuenta aún con los apoyos necesarios.

Las cuentas del Estado correspondientes al año próximo ni siquiera han recibido todavía luz verde del Consejo de Ministros, que prefiere evitar el bochorno de que su proyecto sea tumbado en el Congreso, donde no cuenta con mayoría suficiente. Para los de 2017, Mariano Rajoy logró in extremis los votos del PNV, pero los nacionalistas vascos se niegan a prestárselos de nuevo, como muestra de disconformidad con su política hacia Catalunya y, muy especialmente, por la represión policial desatada allí el 1 de octubre.

La Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, que deriva del acuerdo de investidura del PP con Ciudadanos, salió en julio del Congreso tras recibir el visto bueno de todos los grupos parlamentarios, si bien para el PSOE y Unidos Podemos los avances contenidos en ella no son suficientes. En el Senado, donde la derecha disfruta de mayoría absoluta, no se espera ningún contratiempo, pero hay que cumplir el trámite, cosa que hasta ahora no se ha hecho.

Eso conlleva un retraso de las medidas cuya entrada en vigor está prevista para el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Estado, bien porque no suponen ningún coste inmediato o porque se pueden cubrir con cargo a 2017. Según informó en julio el secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal, en una comparecencia pública, el impacto económico total de la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo ronda los mil millones de euros.

La mayor parte de esa cantidad corresponde a la ampliación de la tarifa plana de cincuenta euros, que los nuevos emprendedores podrán disfrutar durante doce meses, en lugar de los seis actuales. Nadal la cifró en unos 600 millones, que deben contemplarse en las cuentas de 2018, si finalmente se aprueban antes del 1 de enero. En caso contrario, quedarían prorrogados los Presupuestos de 2017, que sólo tienen reservados para tal fin 480 millones de euros.

Sin embargo, la tarifa plana no es la única medida incluida en la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo que requiere dotación presupuestaria. En la misma situación se encuentran también, por ejemplo: la suspensión de la cotización durante los periodos de baja (con un tope de tres al año), los doce meses de exención total para las trabajadoras al cuidado de menores o dependientes, la deducción del 20% de los gastos de suministro en el IRPF (electricidad, agua, telefonía) y la rebaja de los recargos de la Seguridad Social.

La aplicación de la nueva normativa es esperada como agua de mayo por los autónomos, a pesar de que no satisface algunas de sus reivindicaciones históricas. Deja fuera la cotización vinculada al volumen de ingresos. Sigue sin atajar el problema del paro en este colectivo, al que se deniega una de cada dos solicitudes. Por manutención sólo podrá desgravarse hasta un máximo de 26,67 euros diarios, cuando se pague por algún medio telefónico y siempre que exista factura. Y permite compatibilizar el trabajo con el 100% de la pensión nada más que a quienes tienen empleados en nómina.