La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía contra Naturgy Generación por alterar los precios de la electricidad durante la pandemia de la covid, según el auto fechado el pasado 11 de junio al que ha tenido acceso EFE.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama admite así la querella por ver indicios de un presunto delito contra los consumidores, como sostiene la Fiscalía, una versión que niega la compañía, que avanza que realizará lo necesario para demostrar que "siempre ha actuado con pleno respeto a la legislación".

Tras conocer la noticia, la asociación de consumidores Facua ya ha anunciado, a través de sus redes sociales, que solicitará personarse como acusación, un papel que ya ejerció en la causa contra Iberdrola Generación España por la paralización de varias de sus centrales hidráulicas, que acabó con sentencia absolutoria del tribunal.

Entre otras diligencias, el magistrado insta ahora a Naturgy a aportar el organigrama del órgano de administración de la sociedad desde marzo de 2019 hasta el día de la fecha, indicando la identidad de las personas físicas que lo integran en el referido periodo.

La versión de la Fiscalía

La Fiscalía relata un delito contra el mercado y los consumidores de energía eléctrica por incrementar de forma abusiva los precios de producción energética en la central térmica de ciclo combinado de Sabón 3 entre marzo de 2019 y diciembre de 2020.

En su escrito, la Fiscalía destacaba que la subida de precios coincidió con la situación de crisis económica y social derivada de los efectos de la covid-19, y con ello Naturgy habría obtenido un beneficio injustificado de 43,2 millones de euros.

Según la Fiscalía, Naturgy abusó de su posición dominante en el mercado eléctrico de ajustes técnicos y, "de modo consciente y deliberado" adoptó una estrategia de ofertas a precios no equitativos y muy por encima de los resultantes de entornos de mayor competencia.

Todo ello generó un sobrecoste para las entidades comercializadoras y, en ultimo término, para los consumidores de energía eléctrica, que es un servicio económico de interés general, indica la Fiscalía.

El origen de las pesquisas

Las diligencias se iniciaron a instancias de Facua, además de contar con documentos e informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En julio de 2023, la CNMC declaró a Naturgy responsable de una infracción grave por la realización de ofertas a precios excesivos al mercado de restricciones técnicas para la manipulación del precio de los servicios de ajuste en la citada central.

Fruto de ello se impuso a la compañía una multa de seis millones de euros y se le requirió para que aportara al Operador del Sistema 35,5 millones de euros.

La actuación de Naturgy tuvo un impacto directo en el coste de los mercados de servicios de ajuste del sistema, añade la Fiscalía, que le otorgó un beneficio bruto de 43,2 millones de euros —35,5 tras el impacto del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica—.

Asimismo, al integrarse los costes de los mercados de servicios de ajuste en el cálculo del precio final medio de la energía, se proyectó de forma general sobre las liquidaciones de los servicios de ajuste de todo el sistema eléctrico peninsular, generando "un sobrecoste para las entidades comercializadoras durante el periodo concernido".

Dichos sobrecostes fueron repercutidos a los consumidores, en función de las condiciones del contrato suscritos, todo ello "durante la situación de crisis económica y social derivada de los efectos de la covid-19 y de las medidas adoptadas para decretar el estado de alarma", añade el escrito.

Naturgy niega las sospechas

Por su parte, fuentes de Naturgy niegan que la energética española manipulara jamás el precio del mercado eléctrico, y recuerdan que el propio Tribunal Supremo le ha autorizado recientemente a cerrar diez de sus plantas de generación por no resultarle rentable actuar en ese mercado. En concreto, añaden, en el periodo investigado por la CNMC, la central de Sabón registró pérdidas.

Por todo ello, avisan de que la compañía realizará "todas las actuaciones procesales precisas" para demostrar que siempre ha actuado con pleno respeto a la legislación.

Las mismas fuentes puntualizan, finalmente, que la querella se basa en un expediente sancionador previo de la CNMC recurrida ante la Audiencia Nacional, y que, por tanto, a día de hoy, no es firme.