España es el primer Estado miembro de la Unión Europea que ha consensuado con la Comisión Europea el documento que marca las condiciones para cumplir con las reformas e inversiones comprometidas a cambio de los primeros 70.000 millones de euros que recibirá España de los fondos europeos de ayuda contra la pandemia.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero y el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, han firmado el documento técnico que establece la manera en que se organizarán las reuniones bilaterales con la Comisión Europea y el intercambio de información para el seguimiento del desarrollo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en España.

Tras la ratificación del documento y de los arreglos operativos, España ya puede recibir los 10.000 millones de euros pendientes de 2021, después de que llegaran los 9.036 millones hace unos meses. Después de este primer desembolso, habrá otros siete, cada semestre, vinculados al cumplimiento de los objetivos preestablecidos.

Entre esos objetivos, Bruselas impone varios requisitos. Entre ellos, uno que puede levantar ampollas: alargar el número de años para calcular las pensiones, lo que implica un nuevo recorte de las mismas. Eso es al menos lo que dicen varios medios.  

Según se contempla en el documento, Bruselas demanda "la entrada en vigor de la legislación para el ajuste del periodo de cómputo, alargando el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación". Esta reforma, señala el documento, deberá estar publicada en el BOE en el cuarto trimestre de 2022. Para esa fecha también tendrá que estar ya en vigor la sustitución del factor de sostenibilidad por el intergeneracional e incluso la reforma del sistema de cotización a la Seguridad Social para los autónomos.

El periodo de cómputo para calcular la pensión de un trabajador es actualmente de 25 años, dos de ellos entre los ocho últimos antes de la jubilación, y ya se alargó con la reforma de las pensiones de 2011. Hasta ese año eran 15 los años de carrera laboral que se contabilizaban para el cálculo final de la pensión. A finales del año 2020, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, propuso aumentar aún más ese periodo, de 25 a 35 años, pero se encontró con la oposición de los sindicatos y del socio de Gobierno, Unidas Podemos. La propuesta de Escrivá pasó entonces al olvido.

Precisamente este miércoles, Escrivá ha asegurado en el Congreso de los Diputados que están "ultimando" la negociación con los agentes sociales del mecanismo de equidad intergeneracional, que sustituirá al llamado factor de sostenibilidad. El ministro, convencido de que llegará a un acuerdo con los agentes sociales, ha hecho un llamamiento a tener tranquilidad porque "es absolutamente escrupuloso en mantener el poder adquisitivo de las pensiones y en reforzar la sostenibilidad del sistema".

La semana pasada Escrivá ya planteó un incremento temporal en las cotizaciones sociales para recuperar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la famosa hucha de las pensiones, con el fin de garantizar las prestaciones de los nacidos durante el baby boom, la generación nacida entre finales de la década de 1950 y mediados de la de 1970.