Murieron solos, con dolor, en muchos intentando desesperadamente encontrar un soplo de aire, ahogados, sin atención médica, abandonados. Muchos podrían haber vivido. No hubo muerte digna para 7.291 personas. Los llamados protocolos de la vergüenza impidiendo la derivación a hospitales de los ancianos de las residencias y la situación de éstas en la Comunidad Autónoma de Madrid sentenciaron su destino. Murieron porque eran viejos y porque vivían en una residencia. Fallecieron en los primeros meses de la pandemia y todavía hoy muchos de sus familiares siguen exigiendo justicia.

Con 25 procedimientos judiciales cerrados –"en algunos casos no se ha presentado ni el fiscal y no han tomado declaración a los familiares"- y una nueva denuncia colectiva que acaba de presentarse, esta vez ante la Fiscalía de Madrid, lo más cerca que se está de la justicia hoy es 7291, la película documental que ha hecho Juanjo Castro, que repasa meticulosamente lo ocurrido en las residencias de Madrid durante esos funestos meses.

Público organiza un pase especial de la película para los suscriptores del diario, el 4 de diciembre con la presencia del director en los cines Verdi de Madrid.

Las preguntas necesarias

Según datos de la CAM, en abril y marzo de 2020 fallecieron 9.470 personas que vivían en las residencias de mayores de la comunidad. De ellas, 2.179 recibieron atención hospitalaria y 7.291 no tuvieron derivación hospitalaria. En el mes de junio se inició en la Asamblea de Madrid una Comisión de Investigación sobre los fallecidos, pero tras las elecciones de 2021, la presidenta Isabel Díaz Ayuso decidió no seguir con ella. Dos años después, en 2023, asociaciones de afectados promovieron una Comisión Ciudadana, presidida por el jurista José Antonio Martín Pallín.

Imágenes de ambas comisiones y entrevistas realizadas a todos los implicados en lo ocurrido, con la excepción de la presidenta Ayuso y del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que fueron invitados a participar en la película, pero jamás contestaron, aparecen en esta película, un trabajo realizado con urgencia y en el que el director hace todas las preguntas necesarias y consigue muchas de las respuestas.

Residencias, un negocio

7.291 comienza explicando al espectador qué es una residencia de ancianos y ya aquí pone de manifiesto un grave problema, el control de lo privado en los centros de la CAM. En 2020, el año duro de la pandemia, la comunidad tenía 475 residencias, de las que solo 25 eran públicas, 18 eran públicas de gestión privada, 200 eran concertadas y 232 eran privadas. En la mayoría de ellas se denunciaron casos de precariedad antes del Covid 19.

"Hemos constatado que se han convertido en un negocio en manos de fondos de inversión", dice Miguel Vázquez Sartí, presidente de la asociación Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (PLADIGMARE). Una afirmación que se completa con declaraciones de Manuel Rico, el periodista que más esfuerzo y tiempo ha dedicado a la muerte de los ancianos en las residencias en aquellos días.

Hospital de campaña IFEMA

Declaraciones devastadoras de algunos familiares en las comisiones de investigación, de los trabajadores de las residencias durante la pandemia, de políticos y otros agentes sociales van tejiendo en esta película la trama de esta siniestra realidad. Con la pandemia, las residencias se cerraron, se puso en marcha un protocolo que restringía la derivación a hospitales de estos enfermos, se prometió desde la CAM que se iban a medicalizar las residencia y no se cumplió con ello, y se anunció a bombo y platillo la creación del hospital de campaña de IFEMA y resultó un fraude -estuvo solo cinco semanas funcionando y no atendió a personas graves-.

"Yo pensé que IFEMA era la leche y que por fin hacíamos algo decente y después resulta que lees Morirán de forma indigna, el libro de Alberto Reyero, el que fuera consejero de Políticas Sociales entonces, y te das cuenta de IFEMA es el mayor plof de todos", dice Juanjo Castro, que señala directamente al gobierno de la Comunidad de Madrid, pero en su reflexión sobre lo ocurrido añade: "Aquí también hay un tema que es del Gobierno central, que no ha abierto una fiscalía por lo sucedido. En Madrid murieron muchas personas, tendría que haber habido una fiscalía especial para esto, para investigar. Investigar no significa que haya alguien que haya cometido un delito, pero hay que investigar para ver qué ha pasado".

Crisis de valores

Y lo que ocurrió en las residencias de la CAM, aunque no solo en ellas, fue que murieron 7.291 personas, "que es mucha mucha gente… es que son miles de personas… Pero los políticos andan a la gresca y el tema judicial, pues igual, y entonces, al final, vas y haces un documental. Y cuando lo dices, te llaman 'rojo de mierda' o lo contrario. Pero esas personas que murieron eran de derechas y de izquierdas. Esto no es un tema ideológico".

Mucho más allá, esto es, además de las posibles implicaciones legales, un asunto que afecta de forma mucho más profunda a toda la sociedad, como bien dice Juan José García Ferrer, secretario general de LARES en esta película. "Más que buscar culpables, lo que hay que buscar es responsabilidades en esta cuestión. Y responsabilidades tenemos todos, todos, incluso como sociedad, porque lo que esta crisis ha puesto de manifiesto es la crisis de valores que tenemos como sociedad. Cuando yo me siento con mis hijos y ven normal que se atienda antes a una persona de 25 que a una de 78, porque 'tú ya has vivido mucho', es que como sociedad tenemos que hacer una profunda reflexión de qué nos está pasando para tener una visión tan utilitarista de las cosas, de buscar el mayor bien para la mayoría en vez de para todos".