La ciencia no tiene una historia distinta a la de otros sectores y la posguerra la dejó en un estado de letargo del que comenzó a despertarse, poco a poco, a partir de los 70: se aprobaron leyes, pero España sobre todo tuvo que cambiar de mentalidad para competir, publicar e incluso trabajar en inglés.

Y es que hablar de ciencia en la década de los 70 era hablar de modernización y hablar de modernización era hablar de internacionalización, pero España vivía aislada, tanto, recuerda a Efe el paleontólogo Juan Luis Arsuaga, que, por ejemplo, era dificilísimo acceder a revistas científicas como Nature o Science.

Por tanto, los pasos hasta conseguir un sistema de I+D+i —aún incompleto— fueron lentos y no sin momentos críticos.

"Tras la restauración de la democracia hubo algunos intentos de colocar la ciencia en la agenda política -en tiempos de la UCD existieron ministerios dedicados a la educación y ciencia-, pero una vez aprobada la Constitución en el 78 las crisis políticas frustraron estos intentos", explica a Efe Nazario Martín, presidente de la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce).

La Carta Magna, en su artículo 44, ya habla de la necesidad de que los poderes públicos promuevan la investigación científica y técnica en beneficio del interés general, pero, si bien existía cada vez más, más masa crítica a favor de la ciencia, hubo que esperar.

La situación llegó a un punto crítico cuando Severo Ochoa -Premio Nobel de Fisiología y Medicina- y otros científicos españoles escribieron un duro artículo (1980) denunciando la falta de atención del Gobierno, pero, afirma Martín, no hubo "reacciones reseñables".

Mientras, en Europa se estaban produciendo cambios importantísimos en el asesoramiento en ciencia y tecnología, en la evaluación de las políticas y en los resultados de la investigación.

No fue hasta 1986 cuando se aprobó en España la primera ley de ciencia, un "gran paso adelante" fruto de un amplísimo consenso, lo que situó la ciencia, por primera vez, en la agenda política, sentando las bases de la investigación, de su financiación, organización y coordinación de los distintos actores, apunta Martín.

La ley tuvo consecuencias positivas, como el desarrollo del plan nacional de investigación, pero no se elaboraron políticas científicas de largo alcance que permitiesen superar los déficit estructurales arrastrados desde la década anterior.

"La mejor o menor salud del sistema de ciencia español fue oscilando al ritmo de las crisis económicas globales y políticas nacionales, constatándose que en políticas científicas circulábamos —y lo seguimos haciendo— en sentido contrario al resto de países desarrollados".

Para Arsuaga, uno de los hitos importantes fue precisamente la creación de este sistema de ciencia, que se va consiguiendo poco a poco: la investigación empieza a financiarse, llegan las revistas científicas a los centros y sobre todo se crea "la mentalidad" de que hay que publicar en estas revistas internacionales, encargadas de recoger el progreso mundial de la ciencia y cuyos artículos están sometidos a una revisión por pares dentro de la comunidad científica.

Hubo que tener claro que había que competir, pero también cosas como "ponerse con el inglés" —Arsuaga, como la mayoría, estudió francés y casi toda la ciencia se hace en inglés—, pero "ante todo tuvimos que cambiar de mentalidad: no teníamos la mentalidad del 'paper' -artículo- y de la evaluación. No teníamos esa cultura".

La ley del 86 fue sustituida por la de 2011, "imprescindible para avanzar en la imperiosa armonización con la organización y las líneas maestras de la ciencia europea", pero esta no se aprobó con el mismo consenso, lamenta el presidente de Cosce, quien, además, critica que aspectos de esta norma no hayan llegado a desplegarse.

¿Entonces, qué le falta a un sistema que en la actualidad emplea a más de 126.600 investigadores frente a los 36.564 de 1981 —primera estadística del INE sobre el número de científicos y científicas—?

Tanto Martín como Arsuaga coinciden en que uno de los problemas es la falta de recursos: según el químico y presidente de Cosce, España es el único país de Europa —excepto Finlandia porque ya había roto su propio techo— que disminuye la inversión en ciencia durante los años de la crisis, una inversión que, además, hubiera asegurado en gran parte "una salida más rápida y eficaz de la crisis económica".

El aumento de fondos, apunta Arsuaga, debe darse desde todas las administraciones, empezando por las municipales —"Madrid o Barcelona podrían aportar mucho más"—, pero también por parte de las empresas.

Pero no solo es dinero. Para Martín hay que desarrollar la ley de 2011, en concreto lograr una verdadera Agencia Estatal de Investigación, con la que se ha demostrado "que los valores dominantes en la política española no contemplan priorizar la ciencia".

Arsuaga resume que España ha conseguido un buen o muy buen tono medio, pero hay que dar un salto a la excelencia, para lo que es necesaria más inversión y concentrar y atraer talento.