Este artículo se publicó hace 13 años.
La UE restringe suministro de fármacos para ejecuciones en EEUU
Por David Brunnstrom
La Unión Europeafortaleció el martes los controles a las exportaciones defármacos que pueden ser usados para administrar la pena demuerte, agravando aún más una escasez de suministro que hademorado las ejecuciones en Estados Unidos.
La medida significa que las firmas europeas que producenfármacos como tiopental sódico, un sedante legal usado en lasinyecciones letales en Estados Unidos, deberán otorgar garantíasde que sus productos no serán aplicados en ejecuciones si deseanexportarlos.
"A partir de hoy, el comercio de ciertos anestésicos, comotiopental sódico, que puede ser usado en inyecciones letales, apaíses que aún no han abolido la pena de muerte, seráestrictamente controlado", indicó un comunicado de la ComisiónEuropea.
La pena de muerte está prohibida en la Unión Europea y desdeel 2008 el bloque de 27 miembros viene reclamando su aboliciónen todo el mundo.
Un funcionario de la UE dijo que firmas en Gran Bretaña,Italia, Alemania, Austria y Dinamarca son las principalesfabricantes de tiopental sódico, que ha estado en falta enEstados Unidos dado que la única compañía que lo hacía en elpaís dejó de producirlo este año.
El fármaco es el primero en una secuencia de tresinyecciones legales administradas para paralizar la respiracióny el corazón. En todas las ejecuciones en Estados Unidos tambiénse necesita un sedante.
El único fabricante del fármaco en Estados Unidos, HospiraInc, dijo en enero que ya no fabricaría más el producto en elpaís dado que no quería que fuera usado en ejecuciones, lo queforzó a los estados donde aún rige la pena de muerte a buscarotros proveedores.
Hospira informó que planeaba trasladar la producción a suplanta en Liscate, Italia, pero el Parlamento de ese país sólopermitirá la fabricación del fármaco si la compañía garantizaque no será usado en la pena capital.
Gran Bretaña impuso una restricción de exportaciones deemergencia contra el tiopental sódico luego de que el grupodefensor de los derechos humanos Reprieve, basado en Londres,demandó al Gobierno el año pasado para suspender el suministrodel fármaco para usar en ejecuciones.
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