El Supremo investiga las cuentas del juez Garzón

El magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena ordenó ayer a la Guardia Civil investigar las cuentas corrientes, depósitos bancarios, declaraciones tributarias y, en su caso, participación en sociedades civiles o mercantiles del juez Baltasar Garzón, entre marzo de 2005 y julio de 2006, para determinar cuánto, cómo y de quién cobró el magistrado durante su estancia en Estados Unidos.

La resolución justifica la inusual medida en el caso de un juez en "las inexactitudes y contradicciones advertidas en las respuestas dadas" por Garzón durante su declaración como imputado y, a juicio del instructor, la intención de la Universidad de Nueva York (UNY) de "enmascarar la realidad" de las retribuciones que le pagó.

Pide a la Guardia Civil que revise el patrimonio del juez entre 2005 y 2006

En un tono que resulta excesivo, Marchena señala que el conocimiento exacto de las cantidades ingresadas por Garzón es fundamental para la tipificación de los hechos investigados en esta causa, en la que se le acusa de cohecho y prevaricación. El Tribunal Supremo mantiene una ofensiva contra el magistrado, ya que también le investiga por indagar los crímenes del franquismo y por ordenar las escuchas del caso Gürtel.

El juez Marchena recuerda que Garzón declaró que sus honorarios fueron pagados con cargo a los presupuestos de la Escuela de Leyes de la UNY. Y los gastos de escolarización de su hija (21.650 dólares) y de desplazamiento (22.152 dólares), al del Centro Rey Juan Carlos de dicha universidad. Sin embargo, el auto destaca que "parece desprenderse lo contrario" de la documentación remitida por Endesa, cuya orden de pago por 125.000 dólares, para financiar los cursos de terrorismo que dirigió Garzón, fue dictada a favor del Center of Law and Security.

Algo similar ocurre con los 100.000 dólares aportados por Cepsa, la misma cantidad de Telefónica y los 200.000 del BBVA. Según la resolución, Garzón declaró que dicho centro habría quedado al margen de cualquier ingreso por patrocinios. El que esas entidades no comprobaran dónde fue su dinero es un argumento más para Marchena para ordenar revisar el patrimonio de Garzón.

El auto llega a insinuar que Garzón dio instrucciones para ocultar cobros

También considera "indispensable esclarecer si la manifiesta ocultación de cuantías y la rectificación de algunas de las partidas retributivas son tan sólo fruto del desgobierno de la UNY o, por el contrario, han formado parte de una estrategia encaminada a camuflar parte de las ganancias obtenidas por Garzón", opción por la que acaba decantándose claramente en el auto.

Tras señalar que "algunas de esas cuantías, en principio silenciadas, sirvieron para incrementar el patrimonio de las más estrechas colaboradoras del imputado en la organización de las conferencias", el auto destaca que Garzón ocultó tanto a la UNY como al Poder Judicial lo que recibía por la otra institución, pese a tratarse de unainformación que ninguna le requirió.

Reprocha la forma en la que la UNYha informado de los pagos al Supremo

Pero las mayores críticas del instructor recaen en la UNY. Le reprocha "la continua desatención y las evasivas a la hora de ofrecer la información requerida". Destaca que hasta una segunda comunicación, siguiendo instrucciones del propio juez, no mencionó que Garzón cobró los gastos de viaje y escolarización, y que primero dijera que cobró 90.413 dólares en 2005 y 69.919, en 2006, y luego "rectificara" y fijara en 74.442 y 57.710 dólares las cantidades recibidas.

"Esta forzada coincidencia obliga a determinar si la rectificación del importe obedeció al interés de ajustar artificialmente lo percibido por Garzón y lo declarado por la UNY al fisco estadounidense", señala.

El estatus del que gozaba Garzón en EEUU también es motivo para investigar su patrimonio. Marchena se basa en una carta que el juez mandó a Cepsa en la que adjuntaba un presupuesto de la directora del centro que decía que losfellows (profesores invitados) cobrarían 50.000 dólares y el project director,(directores de proyecto) 75.000.

Que la UNY aclarara que se trata de una entidad privada sometida a la ley estadounidense, por lo que sus comunicaciones al Supremo eran "un voluntario acto de cooperación", parece molestar a Marchena. "Esa contumaz actitud del equipo directivo de la UNY Rey Juan Carlos de España está, desde luego, en franco contraste con la mención a la primera jefatura del Estado español en su logotipo, con la existencia de una fundación [...] y, en fin, con la desenvoltura con la que sus autoridades académicas requerían de pago y agradecían a los directivos de las principales empresas españolas", resalta el auto.

La investigación de los crímenes del franquismo  

Será la primera causa por la que el juez Baltasar Garzón se siente en el banquillo. El proceso echó a andar el 27 de mayo de 2009, cuando el Tribunal Supremo admitió a trámite una querella contra el magistrado por prevaricación del autodenominado sindicato Manos Limpias. Esta organización, de corte ultraderechista, consideraba que el juez se había excedido al declararse competente para investigar de los crímenes del franquismo. A la acusación se sumaron Falange Española de las JONS y Libertad e Identidad, aunque el único partido legal durante el régimen de Franco vio rechazado su escrito de acusación. El caso lo instruye el juez del Tribunal Supremo Luciano Varela, cuyas decisiones han sido hasta ahora respaldadas por la Sala de lo Penal del alto tribunal. Esta misma semana se supo que la Sala avala el auto del mes de abril en el que Varela rechazó por innecesarias las pruebas solicitadas por Garzón para su defensa, entre las que figuraban los testimonios de expertos internacionales en crímenes contra la humanidad y de los magistrados de la Audiencia Nacional que compartían el criterio del juez imputado en la investigación de los crímenes del franquismo. 

Las escuchas en prisión de los acusados del ‘caso Gürtel' 

Por orden cronológico es la tercera causa abierta contra Baltasar Garzón. La más incipiente si se tiene en cuenta que queda todavía toda la instrucción por realizar, porque prácticamente sólo ha prestado declaración el juez imputado. La querella contra el juez por intervenir las conversaciones que mantuvieron en prisión los cabecillas de la ‘trama Gürtel' con sus abogados fue presentada por José Ignacio Peláez, letrado del constructor José Luis Ulibarri, uno de los imputados. Una de las decisiones más importantes que se esperan del juez instructor, Alberto Jorge Barreiro, es si acepta la ampliación de la querella presentada por Peláez. En ella, el letrado acusa a las fiscales anticorrupción Concepción Sabadell y Myriam Segura de ocultar una prueba clave para la defensa del presidente de la Comunitat Valenciana, Francisco Camps, imputado por cohecho en el asunto de los trajes. El letrado reclama, como pretende el PP, que se impute a las dos fiscales por supuestamente beneficiarse de las escuchas acordadas por Garzón y ocultar al TSJ de Valencia la grabación en la que el imputado Pablo Crespo decía que Camps se pagó sus trajes.