SIP pide Justicia para los 8 periodistas asesinados en el segundo semestre de 2008

El presidente de la Comisión de Impunidad de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Juan Francisco Ealy Ortiz, reclamó hoy Justicia en nombre de esta organización para los 8 periodistas asesinados en la segunda mitad de 2008 en Ecuador, Guatemala, República Dominicana, Venezuela y México.

Ealy Ortiz recordó sus nombres: el dominicano Normando García, el ecuatoriano Raúl Rodríguez Coronel, los venezolanos Javier García y Pierre Fould Gerges, el guatemalteco Jorge Mérida Pérez y los mexicanos Felicitas Martínez, Teresa Bautista y Alejandro Fonseca.

"A sus familias y colegas les ofrecemos nuestra solidaridad y compromiso de que reclamaremos Justicia", dijo Ealy Ortiz, director del diario mexicano "El Universal", en su condición de presidente de la Comisión de Impunidad de la SIP, que desde este viernes celebra su 64 Asamblea General en Madrid.

Ealy Ortiz leyó el informe semestral sobre impunidad y pidió a los asistentes, que guardaron un minuto de silencio en memoria de estos periodistas asesinados, que dediquen espacios en sus medios de comunicación para recordar estos crímenes, con el objetivo de "crear conciencia ciudadana e influir en la agenda política".

La SIP, dijo el presidente de la Comisión de Impunidad, investiga actualmente 85 casos de asesinatos de periodistas en América y destacó que se ha logrado que 87 asesinos cumplan sus condenas en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y la República Dominicana.

"Lamentablemente -añadió- estas buenas noticias quedan empañadas por la perdida de vidas".

Ealy Ortiz resaltó que "en materia de procesos judiciales" durante este semestre fueron condenados cuatro asesinos de periodistas en Perú, dos por el asesinato de Hugo Bustillos Saavedra en 1988 y otros dos por el asesinato Miguel Pérez Julca en 2007.

En México, otros cuatro fueron condenados por el asesinato de Gregorio Rodríguez Hernández en 2004, en Brasil cuatro policías militares fueron detenidos por el asesinato de Luiz Carlos Barbon en 2007 y en Colombia fue capturado hace un mes un legislador en ejercicio por el homicidio de Nelson Carvajal en 1998.

En este último caso, "tenemos participación activa a través de un proceso de solución amistosa con el Gobierno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", subrayó Ealy Ortiz, que también destacó que "la Fiscalía colombiana estudia reabrir el caso de Guillermo Cano", periodista asesinado de "El Espectador".

No obstante, el representante de la SIP dijo que la situación ha mejorado en Colombia, donde se ha instado al poder judicial y al Congreso a que adopten medidas judiciales para evitar "que se otorguen beneficios penales a discreción por parte de algunos jueces, que tienen interpretaciones muy laxas de la legislación vigente".

Aludió al caso de Orlando Sierra, subdirector del diario "La Patria" de Manizales, asesinado en 2002, cuyo "asesino material fue condenado a casi 20 años de cárcel, pero que vio la condena reducida a menos de 5 años por distintos dispositivos aplicados".

"El criminal confeso de un periodista pagó menos pena de cárcel que alguien que roba un celular", denunció Ortiz, quien subrayó que "la impunidad relativa" en Colombia "no se da únicamente cuando hay una ausencia total de Justicia, sino también cuando hay una Justicia débil que premia a los delincuentes".

En Perú, Ealy Ortiz dijo que la SIP presentó un estudio, junto con el Consejo de la Prensa peruano, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Távara, "exhortándole a que se cree una jurisdicción especial para atender violaciones graves a la libertad de expresión como el caso de crímenes contra periodistas".

"Esto permitirá darle mayor relevancia a estos delitos y mayor eficacia en la administración de Justicia. Tanto Távara como el presidente, Alan García, ya nos habían manifestado su empatía con esta reforma y otras iniciativas que buscan combatir la impunidad", prosiguió.

En México, uno de los países donde resulta más peligroso ejercer el periodismo, la SIP fortaleció su posición, dijo, "en favor de la federalización de los delitos contra periodistas, luego de nuestra reunión con más de 50 editores y directores en junio pasado".